Alvaro Arceo Corcuera
La devolución del expediente, ardid contra la marcha
Para Alvaro Arceo Corcuera, asesor jurídico del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, el Ministerio Público Federal deberá ser sujeto a un proceso administrativo por conceder a los diputados panistas Gabriela Cuevas y Jorge Lara la libertad caucional del mandatario capitalino, mediante el pago de una fianza de 2 mil pesos, al no existir duda alguna de que actuó indebidamente.
Pero más allá de este asunto, sobre el cual el juez Juan José Olvera López evitó entrar al análisis de si fue correcta o no la actuación de la autoridad ministerial, genera suspicacia el hecho de que además decidiera devolver el expediente a la PGR, lo que "no fue más que un recurso para bajar la presión" ante la marcha silenciosa de este domingo.
Y no es para menos, asegura en entrevista telefónica desde la ciudad de Campeche, a donde viajó para atender asuntos familiares, pues desde la tarde del viernes comenzaron a surgir rumores en el mismo Poder Judicial federal de que "se estaba en una salida política que anunciaría el juez", lo que significaría que hay colusión de éste con la dependencia del gobierno federal, porque "tenía la facultad para determinar si prorrogaba la caución; si, como solicitó el inculpado, la revocaba; si la dejaba viva y la ampliaba o la reducía, y no hizo nada de eso", en pocas palabras, "se desembarazó del caso".
Pero además, "no había ninguna necesidad de que devolviera el expediente, bastaba con que no les hiciera caso en este sentido (el de la fianza) y determinar si se comprueba el cuerpo del delito para, en caso de encontrar elementos para aprobar la presunta responabilidad, simple y llanamente librar la orden de aprehensión".
"No cambia la estrategia de defensa"
Para el ex subprocurador capitalino y ex diputado federal "esto fue una pifia y nada más", por lo que asegura que la estrategia de defensa de López Obrador, que asumirá personalmente, no cambia.
En cuanto a la posibilidad de que la PGR consigne nuevamente el expediente al juez, solicitando que se libre orden de aprehensión, lo cual sería correcto, la autoridad jurisdiccional tendría un plazo de 10 días para determinar, y en la convicción de que no hay delito, debería dictar un auto en el que diga que no hay elementos para procesar y mandar el expediente al archivo muerto.
En el caso del fuero, advirtió que hay un vacío jurídico grave, pues la ley señala que el funcionario que haya sido desaforado puede regresar a su cargo y recuperarlo una vez que haya obtenido una sentencia absolutoria, y la única manera de obtener la absolución es un juicio, pero en el caso de que ni siquiera se inicia por falta de elementos para procesar, ¿cómo se devuelve?
"Algunos doctrinarios se inclinan por que a estas situaciones se les dé calidad de cosa juzgada y que devuelvan su inmunidad procesal penal al inculpado". Sin embargo, ocurre lo contrario, "se libra un auto de libertad por falta de elementos para procesar, y se pone 'con las reservas de ley', lo que deja abierto el asunto, y si el día de mañana se encuentra una prueba superviniente, vuelve a comenzar esta película de horror".