Olvera López evidenció la descomposición de las instituciones, señala Miguel Barbosa

Festejan perredistas decisión del juez y exigen la renuncia del titular de la PGR

Por primera vez en su gobierno, Fox debe tomar una decisión sensata: Medina Lizalde

RENATO DAVALOS Y ROBERTO GARDUÑO

La devolución del expediente del caso El Encino a la Procuraduría General de la República (PGR) generó en las filas perredistas la exigencia generalizada de que sea destituido Rafael Macedo de la Concha, así como un ambiente de triunfo político, ratificado por el Poder Judicial, contra el gobierno de Vicente Fox Quesada.

En la segunda jornada del noveno congreso nacional del PRD, legisladores y militantes del partido abordaron el tema del "golpe jurídico" al Ministerio Público Federal (MPF) y la responsabilidad del titular de la PGR.

Horacio Duarte, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, dijo que el MPF "no hizo bien su trabajo", porque arrastró a dos diputados del PAN para que pagaran una fianza jurídicamente improcedente, y "por esa razón fue desechada la consignación que presentó, y eso tiene un impacto, porque en primera instancia no hay proceso penal contra Andrés Manuel, lo que me parece que es una derrota política que exhibe la falta de pericia jurídica y que en la PGR no se siguen los postulados de la ley".

Refirió que entre las repercusiones políticas se encuentra la evidencia del "pésimo trabajo de Rafael Macedo de la Concha al frente de la procuraduría, quien debería estar preparando sus maletas, porque esto habla de su incompetencia en la procuración de justicia. Si yo fuera presidente de la República lo correría, porque no tiene calidad moral ni política. Creo que si Vicente Fox quiere enmendar el trabajo de su gobierno debería revisar el desempeño de sus colaboradores".

Infantilismo del gobierno: Cota

El presidente del PRD, Leonel Cota Montaño, se sumó a la posición de Duarte y exigió a la administración federal que dé carpetazo al tema de la inhabilitación política del jefe de Gobierno del Distrito Federal. "Es evidente el infantilismo de la PGR y del gobierno federal, de manera que el problema que enfrentan está pegado con una circunstancia que no admite duda, que es la decisión del PRD de expresar a los ciudadanos que esto es un juego sucio".

La diputada Minerva Hernández Ramos refirió que el desafuero evidenció una decisión política desaseada, "pero con el tiempo las cosas van a caer por su propio peso; la sociedad ha demostrado que López Obrador goza de un apoyo muy importante, y esto se le revertirá al presidente Vicente Fox, porque en lugar de ensanchar los caminos de la democracia está atentando contra ella".

Para el abogado y secretario de Gobierno de Zacatecas, Tomás Torres, a los actos "irracionales", como el proceso de desafuero, ahora se suman otras ilegalidades, porque cualquier abogado sabe que la condición indispensable para poner en libertad a cualquier persona es que ésta se encuentre detenida, además de que fue ilícita la actuación del Ministerio Público Federal al permitir que terceros pagaran una fianza por López Obrador.

"Valdría la pena analizar la ilicitud por parte del MP, que incurrió en un delito contra la administración de justicia, el cual está tipificado en el Código Penal Federal, porque ¿cómo se enteraron los diputados del PAN que depositaron la fianza de que se iba a consignar el expediente? Evidentemente hubo una revelación del secreto por parte de la PGR".

Miguel Barbosa, abogado y congresista del PRD, refirió que el juez emitió una opinión política, y con ello evidenció la descomposición de las instituciones que en este momento se vive en México.

"Los integrantes de este gobierno han descompuesto la vida institucional del país, lo que es gravísimo, porque son capaces de utilizar las figuras jurídicas y las instituciones en su beneficio, así como para fines de grupo y de partido. En un régimen con responsabilidad de sus servidores públicos, sería el momento de que se enjuiciara políticamente a Rafael Macedo de la Concha y al secretario de Gobernación, Santiago Creel".

El diputado Gerardo Ulloa reconoció que en la defensa emprendida por López Obrador, éste "denunció el cochinero político que impulsaron Vicente Fox y su séquito, integrado por Santiago Creel, Rafael Macedo de la Concha y Marta Sahagún. Lo único seguro en medio de este lodazal es que la historia reivindicará al jefe de Gobierno, quien fue el primero en denunciar el complot en su contra".

El legislador Luis Medina Lizalde retomó la exigencia de que Macedo de la Concha sea destituido del cargo, porque "el criterio del juez debe poner a temblar al Presidente: ojalá entienda que más vale que el Ministerio Público no consigne, porque se ha evidenciado que esto es una maniobra política carente de sustento jurídico, y el costo político se reflejará en los próximos comicios. Por primera vez en su gobierno, Vicente Fox deberá tomar una decisión sensata y despedir a su ineficaz procurador".

Jorge Martínez también refirió el "uso faccioso" de los órganos del poder público, y llamó al gobierno federal a "recapacitar, a que se desista de esto, ya que cada día se comprueba más que es una intentona contra la democracia, además de que no es conveniente para el país seguir en esta escalada de desgaste, por lo que el gobierno de Fox debe rectificar y retirar la denuncia contra López Obrador, además de pedir la renuncia al procurador general de la República".

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que la determinación del juez 12 de distrito, Juan José Olvera López, "no significa que podemos cantar victoria y decir que hay independencia del Poder Judicial".

El gobierno federal está decidido a cancelar la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador participe en las elecciones del próximo año, y utilizará cualquier método para alargar el tiempo, confundir a la opinión pública y hacerlo aparecer como un necio que quiere ir a la cárcel, pero "les va a salir el tiro por la culata", subrayó.

El diputado federal consideró que la PGR cada día tiene menos autoridad moral y el descontento va en aumento, por lo que hay que profundizar la lucha contra la agresión al jefe de Gobierno de la ciudad de México, refirió.

Por su parte, el legislador perredista Bernardino Ramos dijo que hay elementos evidentes para que el juez procediera como lo hizo, aunque el asunto de fondo no se resuelve. Con todo, es un buen inicio, esperemos que continúe así.

Mientras, Manuel Velasco, coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, criticó la decisión de los diputados locales del PAN de pagar la fianza de 2 mil pesos en favor de López Obrador, y criticó que pretendieran presentar el hecho como un acto de buena fe, cuando en realidad fue una chicanada.

El juez se dio cuenta de que había una argucia legal y por eso les regresó el dinero. Es un verdadero revés.

Georgina Saldierna y Andrea Becerril