¡A privatizar con el "Seguro Popular"!
Gracias a la incompetencia de Vicente Fox y sus funcionarios sectoriales, siete años después del primer Informe sobre México (Estudios Económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. México. Capítulo especial: Reforma del sistema de salud, febrero de 1998), el informe de 2005 muestra que todo en la salud y la seguridad social de los mexicanos está peor.
Pero mientras la OCDE documentaba este saldo de un sexenio del "cambio" que culminó en más "ineficiencia, inequidad y baja inversión pública"; mientras el nuevo informe señalaba "un nivel muy bajo de médicos, enfermeras, operaciones quirúrgicas y camas", así como los riesgos financieros del fraudulento "Seguro Popular" ("al aumentar su demanda será más caro para el gobierno") y los "altos costos administrativos" por los exorbitantes salarios de la casta foxista: Julio Frenk, Santiago Levy, Benjamín González Roaro y sus colaboradores, una curiosa voz del sector privado lanzó, casi como grito de guerra, una suerte de ataque final.
Primero había sido el -no muy exitoso- empresario -y ahora improvisado "político"- Alfonso Romo, quien, "festejando" el triunfo de Fox, amenazó con que la apertura de los servicios de salud a la inversión privada "no pueden ser frenados, porque se ofrece un buen nivel o la población lo demandará de manera pacífica o por la fuerza" (Reforma, 9/11/2000). Ahora tocó el turno a Pablo Escandón Cusí, director general de Nacional de Drogas, integrante de Funsalud y financiador directo de la campaña presidencial de Fox, vía Marta Sahagún (Reforma, 21/4/2005).
En su opinión, la mitad de la población no cuenta con aseguramiento, aunque una de las iniciativas para responder a esto es el Seguro Popular. Lamentablemente, "más allá del aseguramiento financiero y que tiene retos de operación complejos, el principal problema será que, aun estando aseguradas, estas personas tengan servicios de calidad y accesibles".
¡Muy bien! Pero, ¿cuál es su solución? Para Escandón, está a la mano: dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) "pasa por una grave crisis financiera" (Levy), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) "enfrenta peores problemas en términos de calidad" (González Roaro) y la Secretaría de Salud, junto con las secretarías estatales, "no cuentan con la infraestructura necesaria" (Frenk), es necesario recurrir a la "utilización de la estructura del sector privado bajo un esquema de prestación plural".
Su mundo feliz no admite dudas: "un esquema donde médicos, hospitales, laboratorios y farmacias privadas pueden atender aquellos servicios cubiertos por el Seguro Popular, y eventualmente por otros sistemas de aseguramiento como el IMSS, especialmente donde la infraestructura pública es insuficiente o donde el sector privado puede ser más eficiente".
Bonito "esquema", ¿no? ¡Fondos públicos para comprar servicios privados!, aunque el informe de 2005 de la OCDE recomiende "mayor eficiencia" en los hospitales que invoca Escandón.
Justo es reconocer que su "esquema" sólo materializa las recomendaciones de la fantasmagórica Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud -presidida por Nora Lustig, desde la Universidad de las Américas- y que enlazan directamente con el reglamento del Seguro Popular, cuyo artículo 16 afirma que "para garantizar la prestación de servicios de salud los regímenes estatales podrán brindarlos indirectamente a sus beneficiarios por medio de instituciones y establecimientos para la atención médica del Sistema Nacional de Salud". Establecimientos ¿públicos o privados?
Fox mal encajó el informe de 2005, pues -mientras cancelaba su gira a la Montaña de Guerrero por no poder inaugurar el inconcluso hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, que está edificado en un espacio de alto riesgo- aclaró que "no sólo debemos atender las debilidades, sino las soluciones que ya están en marcha", por más que ese informe también coquetee gratuitamente con las reformas al sistema público de pensiones "para garantizar que las instituciones de seguridad social cuenten con recursos adecuados", como gusta publicitar Levy y promocione -sin evidencia sólida alguna- el "fomento"del fraudulento Seguro Popular.
Dígase lo mismo de Frenk, quien -después de considerar que al "trabajo" de secretario de Salud "ayuda mucho la independencia política", aunque él sea priísta desde 1985 (El Universal,19/02/2001)- destacó ambiguamente que el documento refleja "las fortalezas y debilidades del sistema y destaca los rezagos y las áreas de oportunidad".
Aunque pocas horas después -mientras su subsecretario Roberto Tapia admitía que, por desabasto, 400 mil recién nacidos no han recibido la vacuna contra la tuberculosis, carencia que se resolverá dentro de ¡cuatro meses!-, agregó que el Seguro Popular no desaparecerá con el próximo gobierno "porque sería ilegal; está en la Ley General de Salud; ahí está amarrado. No veo qué político del siglo XXI pueda justificar eso". ¿De veras?
Frente a un fraudulento "seguro" que no cura, los electores en 2006 tendrán la última palabra. Ese "político" -aún invisible para Frenk-, si lo es, expresará la voluntad "popular": estará obligado a desaparecer los fraudes del foxismo y llamar a rendir cuentas a sus responsables, como pregona la OCDE. ¡La salud y seguridad social de los mexicanos del siglo XXI merecen, para decirlo nuevamente con la OCDE, un sector público con liderazgo!
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco