Pronunciamiento de la CEPS
Cumpliendo su obligación de interpretar la realidad a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia -frecuentemente ignorada por muchos católicos, y desde luego silencia- da por los grandes poderes económicos y políticos- la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) se hizo eco el pasado jueves en un pronunciamiento de lo que piensa la mayor parte de los mexicanos sobre el significado y las graves implicaciones para el país del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal -ese mismo día por la noche se daba a conocer que seis de cada 10 ciudadanos lo desaprueban, y únicamente uno de cada cuatro está de acuerdo-, y llamó con responsabilidad a los diferentes actores sociales y políticos a cumplir con sus respectivas responsabilidades morales.
Con ello no violentaron su actuación ni violaron ninguna disposición legal, pues, en fidelidad a sus propios criterios, sus juicios son de naturaleza ética, con ánimo de defender la convivencia democrática y promover el respeto a los derechos humanos de todos, y sus llamados son de índole pastoral, sin pronunciarse por ninguna opción partidaria o candidato en particular. Sólo que lo hace de manera concreta, advirtiendo expresamente que "el enfrentamiento y la radicalización de las partes no son condiciones que abonen a nuestro proceso a la democracia", y, por el contrario, "dificultan gravemente nuestro trabajo para superar la pobreza y avanzar en el desarrollo integral que habría de permitirnos consolidar nuestra paz social".
Cumpliendo también con su responsabilidad pastoral, los obispos de la CEPS quieren por un lado conjurar a tiempo la tentación real de las opciones violentas "que traen consigo una espiral enorme de sufrimiento", cohonestando por ello, de acuerdo con sus principios, la resistencia civil pacífica, y exorcizar por otro la estrategia del miedo, contraria a la fe del Evangelio, que se suele provocar e infundir interesadamente para paralizar a la ciudadanía. Refiriéndose a la Carta Pastoral firmada por todos los obispos en el 2000, "Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos", que ya alertaba sobre los riesgos de retrocesos, los obispos de la CEPS señalan con agudeza que "la cultura autoritaria y el sistema que derivó de la misma se resiste a ceder el paso a los esfuerzos democratizadores", lo que ha pospuesto indefinidamente la indispensable reforma del Estado, adecuada a las nuevas circunstancias sociales y políticas del país, y en la que tantos ciudadanos y organizaciones se han comprometido desde el pasado, amenazando así nuestra transición a la democracia y ocasionando la continuidad en el uso selectivo y el manejo político de la ley.
Haciendo uso de la libertad que dentro de la Iglesia le otorga su mandato, y sin conculcar ninguna disposición civil en contrario, la CEPS afirma que el desafuero contra el jefe de Gobierno no cumplió claramente con dos de las tres condiciones fundamentales que la doctrina social de la Iglesia católica establece para la democracia: respecto a los derechos humanos, moderación en el ejercicio de la autoridad y equilibrio entre los poderes que le hacen contrapeso: "El derecho a la no discriminación y a la seguridad jurídica del inculpado se violaron, además de violarse por consecuencia los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal que lo eligieron legítimamente, y se abre la puerta a la violación de los derechos de toda una sociedad, pues se le podría cancelar la oportunidad de manifestarse en las urnas en relación a lo que esta opción representa".
Por ello me parecen de la mayor importancia los llamados específicos que hace al final a los cristianos para que hagan presente el reino de Dios en las realidades temporales y respeten el pluralismo de opciones políticas, impregnadas por los valores evangélicos, que la Iglesia reconoce y respeta, y el llamado general a la ciudadanía a seguir participando sin temores en la construcción de la democracia en el país. De particular importancia en estos momentos son los llamados a la autoridad judicial y a las fuerzas que mantienen el orden.
A la primera, para que teniendo en mente la doctrina social de la Iglesia tenga en cuenta en la resolución de este espinoso asunto los principios de legalidad, presunción de inocencia, celeridad en el proceso y adecuación de nuestras normas a las convenciones internacionales de derechos humanos que México ha suscrito. Y a los segundos para que no cedan a la tentación de la represión, que "ha generado profundas heridas a nuestro México en el pasado", y "traería como consecuencia la clausura por un largo tiempo de todos nuestros esfuerzos democratizadores" (...) "La adecuación de nuestra norma constitucional a las convenciones internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos -expresa- es una tarea inaplazable. La suspensión de los derechos políticos de quienes se encuentran en proceso, en lugar de presumir la inocencia, presume la culpabilidad".