Debe modificarse la Constitución, instan activistas
"Alentadora", derogación de la pena de muerte a militares: ONG
Defensores de derechos humanos calificaron como un hecho "alentador" la derogación de la pena de muerte del Código de Justicia Militar, aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados, aunque indicaron que "no es suficiente para dar respuesta a la demanda ciudadana de que la elimine del texto constitucional".
Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, calificó como "positiva" la decisión asumida por los legisladores, "pero ello no implica que quitemos el dedo del renglón en cuanto a la exigencia de que se reformen los artículos 14 y 22 constitucionales, para que se elimine del texto constitucional cualquier posibilidad de aplicar la pena de muerte en México".
Agregó que una de las demandas reiteradas por los organismos de defensa de derechos humano es que la abolición de la pena de muerte no sólo sea legal, "sino constitucional, ya que a pesar de que nuestro país es abolicionista en los hechos, aún no lo es en el derecho".
Esta decisión, aseguró, es un paso adelante en el reconocimiento de la obligación del Estado de respetar el derecho a la vida, "pero no es lo que estamos esperando, queremos una reforma de fondo que establezca una prohibición constitucional a cualquier mecanismo para aplicar la pena de muerte".
En entrevista por separado, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que pese a que la derogación tiene un carácter más "simbólico" que práctico, pues no se aplica desde 1961, es una respuesta al movimiento nacional e internacional que se ha generado contra la pena de muerte y por el derecho a la vida.
Reformar la Constitución, aseguró, "sería el paso más lógico para concretar estos avances, sin que ello signifique que están satisfechas otras demandas como la reforma al sistema de justicia, en el que no sólo se elimine cualquier clase de pena o sanción violatoria de los derechos humanos, si no que se garantice la aplicación efectiva de la ley y el combate a la impunidad".
Al respecto, Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Victimas de Violación a los Derechos Humanos, indicó, que la derogación de esta pena "no garantiza que la justicia militar deje de aplicar sanciones que violentan normas internacionales, y mucho menos que se esclarezcan los casos de violación a los derechos humanos de elementos de las Fuerzas Armadas".
Si la justicia civil ha demostrado ser "incapaz de aplicar la ley y garantizar una sanción a quienes han cometido delitos graves, no podemos esperar que la justicia militar tenga la capacidad de juzgar a sus propios elementos y ser coherente con el combate a la impunidad y el respeto a los tratados y acuerdos en materia de derechos humanos".