Pastoral Social señala que se han violado los derechos ciudadanos de los habitantes del DF
Condena comisión episcopal desaseo contra AMLO; la CEM se deslinda
Gobernación toma partido y descalifica la posición expresada por un grupo de obispos
El desafuero de Andrés Manuel López Obrador polarizó opiniones al interior de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ya que mientras la Comisión de Pastoral Social condenó la acción ''concertada y desaseada'' de la inhabilitación del jefe de Gobierno capitalino, horas más tarde el presidente de la CEM, José Guadalupe Martín Rábago, se deslindó de dicha declaración al manifestarse ''a favor de la gobernabilidad, del diálogo, de los acuerdos maduros y de la consolidación de la democracia''.
Una vez que Martín Rábago fijó su postura, la Secretaría de Gobernación tomó partido al señalar que ''se atiene a lo expresado este día por la CEM'', por considerar que la Comisión de Pastoral Social ''no refleja la posición'' del Episcopado Mexicano.
Inicialmente, la Comisión de Pastoral Social avaló la resistencia civil pacífica y cuestionó la presunta separación y autonomía de los poderes federales, porque su actuación hace pensar que obedece a un intento por eliminar políticamente a un adversario.
De la transición democrática a la regresión autoritaria
''La Iglesia reconoce que el derecho a la resistencia se funda en el derecho natural y ve en ella una forma de hacer frente a los abusos del poder, como un camino más conforme a los principios morales'', dicen los cinco obispos que integran dicha comisión, encabezada por el ex presidente del Episcopado Mexicano, Sergio Obeso Rivera, en una declaración conjunta titulada Por una nueva convivencia política.
En el texto de cinco cuartillas, que se llevó varias semanas de consulta y elaboración, se señala que el desafuero es un signo, alarmante por su significación, del desencuentro de ese doble proceso de signo contrario que caracteriza a la vida política del país: el de la transición democrática y el de la regresión autoritaria.
Los obispos miembros de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) exhortan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las autoridades judiciales que resolverán sobre el caso, a tener los altos valores de la justicia por delante y medir las consecuencias que sus decisiones tendrán para el futuro del país.
Señalan que el respeto a los derechos humanos y la moderación en el ejercicio del poder -que para la Iglesia son, junto con el equilibrio entre los poderes, las tres condicionantes para la democracia- no se han cumplido en el caso del desafuero, por lo menos cuanto se refiere al derecho a la no discriminación y a la seguridad jurídica del inculpado.
Y es que la suspensión de los derechos políticos de quienes se encuentran en proceso, en lugar de presumir la inocencia presume culpabilidad, por lo cual expresaron su opinión de que la norma constitucional se adecue a las convenciones internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos.
Además, dicen, como consecuencia de este desafuero, también se han violado los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal que lo eligieron legítimamente, y se abre la puerta a la violación de los derechos de toda una sociedad, pues se le podría cancelar la oportunidad de manifestarse en las urnas en relación con lo que esta opción representa para las elecciones presidenciales de 2006.
El documento inicial fue dado a conocer simultáneamente por los obispos firmantes en cada una de sus diócesis, mientras que en la capital del país fue presentado por el secretario ejecutivo de la CEPS, el presbítero José Antonio Sandoval, quien explicó que esta declaración pública se hizo porque los obispos sienten y tienen la obligación de intervenir para iluminar con la luz del Evangelio las coyunturas como la que vive en este momento el país.
Los obispos que suscriben el documento son: Sergio Obeso Rivera, arzobispo de Jalapa y presidente del Episcopado de 1982 a 1988 y de 1994 a 1997, y que actualmente preside la CEPS, así como los obispos Miguel Angel Alba, de La Paz; Luis Artemio Flores, de Valle de Chalco; Raúl Vera, de Saltillo, y Gustavo Rodríguez, auxiliar de Monterrey.
Se señala que a pesar de la alternancia del poder en 2000, la democracia está amenazada, pues a los innumerables desencuentros, escándalos de corrupción, incapacidad para llegar a consensos y el aplazamiento de la discusión sobre las urgencias del país, ahora se suma una ''lucha encarnizada'' por acceder al poder, donde pareciera que la referencia a principios éticos que asegurarían la civilidad están ausentes.
El documento advierte que el desafuero ha provocado una peligrosa polarización de opiniones en la sociedad mexicana, en la que algunos sectores productivos y políticos aplauden la inhabilitación, mientras que otros sectores, no pocos intelectuales y múltiples medios de comunicación del extranjero han cuestionado ampliamente la acción contra el jefe de Gobierno capitalino.
Esta percepción se ve ahora favorecida por lo que se ha dado en llamar ''salidas políticas'', en la que se olvida que la auténtica democracia reclama la existencia de un estado de derecho, y mientras éste no se dé persiste el riesgo de que la aplicación selectiva de la ley se convierta en un instrumento al servicio de motivaciones diversas a la justicia y al bien común.
Desencanto de la población por promesas incumplidas
Incluso, recuerdan que en su carta pastoral del año 2000, Del encuentro de Jesucristo a la solidaridad con todos, ya alertaban sobre la posibilidad de una ''regresión autoritaria''. De igual forma, advierten el desencanto de la población por las promesas incumplidas y el retraso indefinido de la reforma del Estado.
''Los argumentos presentados por una y otra parte han llevado a la ciudadanía a tener la percepción de que lo que está en juego no es tanto el respeto a la ley, cuanto el intento de eliminar políticamente a un adversario. Por eso el tema se ha desplazado del ámbito jurídico al político.''
Finalmente, los obispos recuerdan a fieles católicos que ''la Iglesia ha reconocido en diversos momentos que de una misma fe pueden brotar distintas opciones políticas''.
Horas más tarde, la Conferencia del Episcopado Mexicano distribuyó un comunicado con ''su postura'' sobre la inhabilitación de López Obrador. Ahí insistió en que se mantiene firme ''a lo que siempre'' ha dicho: ''estamos a favor del cumplimiento de la ley y el respeto de las instituciones''.
Las comisiones episcopales, añadió, son libres de manifestar bajo su propia responsabilidad, los juicios y opiniones sobre temas coyunturales de la sociedad, ''de acuerdo a sus criterios''.
Pero, subrayó la CEM, ''como lo comunicamos el 2 de marzo pasado, es urgente reconstruir la confianza de los ciudadanos a fin de que todos colaboremos en el fortalecimiento de nuestras instituciones y del estado de derecho".
La postura de la Secretaría de Gobernación respecto a la crítica de la Comisión de Pastoral Social llegó anoche, al filo de las 22:30, en un comunicado en el que descalificaba abiertamente a la citada comisión en abierta intromisión en la vida interna de la Iglesia católica, pronunciándose en favor de la postura ''oficial de la Comisión del Episcopado Mexicano''.
Sin embargo, media hora más tarde, Gobernación emitía un segundo comunicado en el que lanzaba veladas advertencias a los miembros de la citada comisión: ''La Segob reconoce y garantiza la libertad de expresión de todos y cada uno de los ministros de culto, libertad que debe apegarse a la Constitución, a las leyes y reglamentos en la materia''.
(Con información de Guadalupe López, corresponsal)