El sufragio debe prevalecer sobre cargos penales no graves, afirma el fiscal español
La inhabilitación atenta contra el valor supremo del voto ciudadano: Castresana
Madrid, 20 de abril. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador atenta contra el valor supremo en cualquier sistema jurídico y democrático: el respeto al "sufragio de los ciudadanos", que debe prevalecer frente "a la exigencia de responsabilidades penales por cuestiones que no sean graves ni urgentes", señaló el fiscal anticorrupción español, Carlos Castresana.
El prestigioso jurista advirtió que el presidente Vicente Fox tiene una "responsabilidad histórica" por su apoyo al desafuero, ya que además de las graves consecuencias para las instituciones públicas del país no se respetará el derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes por una "utilización torticera (injusta)" de la ley.
Castresana, profesor visitante de la Universidad de San Francisco, comparó el desafuero de López Obrador con los casos abiertos contra los presidentes de Francia e Italia, Jacques Chirac y Silvio Berlusconi, respectivamente:
"Son dos claras muestras de que un gobernante puede estar sometido a un proceso penal, con responsabilidades que son notoriamente más graves que las que se están imputando a López Obrador, en las que los tribunales consideraron en ambos casos que el desempeño de la función pública proviene del sufragio directo de los ciudadanos, que es prioritario en esa comparación de valores que se tiene que hacer para decidir si procede o no el desafuero.
"Es decir, hay una responsabilidad penal pendiente y se debe evaluar la gravedad de esa responsabilidad y si ésta requiere una respuesta inmediata de los tribunales o si, por el contrario, permite diferir la exigencia de responsabilidades hasta que se termina el desempeño del cargo público".
Castresana, quien recibió hace un par de años el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara, señaló lo que considera la controversia esencial del desafuero:
"El gran valor a considerar -y que no veo que se esté tomando en cuenta en el debate en México- es el derecho del elector y no el privilegio del aforado, una vez que el ciudadano firma un contrato al elegir a una determinada persona para desempeñar un cargo público. Ese contrato debe ser respetado, por lo que no se aceptan interferencias de terceros, sea éste el Poder Judicial o el Legislativo, a menos que exista una causa realmente grave que lo justifique".
Para explicarse recurrió de nuevo a los casos de los mandatarios europeos: "El delito de Chirac, si es que lo cometió, es de financiación ilegal de partidos, que es mucho más grave en términos objetivos a un delito por desacato y, sin embargo, los tribunales franceses no tuvieran la menor duda en considerar que era prioritario respetar el sufragio de los ciudadanos.
"En el caso de Berlusconi es todavía más claro: primero, porque su responsabilidad es por un fraude fiscal de más de 70 millones de euros. Sin embargo, se decidió igualmente que debía quedar postergada la exigencia de responsabilidad porque había un valor que jurídicamente era considerado preferente: el derecho de los italianos a ser gobernados por quien ellos quisieran.
"Y eso no quiere decir impunidad, que es el gran debate por el tema del desafuero, sino que la exigencia de responsabilidad debe ser matizada por el hecho de que el derecho de sufragio de los electores es un bien jurídico superior a proteger, salvo en casos extremos en los que la responsabilidad sea tan grave que no admita demora".
Castresana es un destacado jurista español que conoce profundamente la historia y la realidad política de México, además de ser uno de los artífices de los históricos procesos penales contra los responsables de las dictaduras chilena y argentina más recientes.
El fiscal español reconoció su perplejidad ante la decisión de desaforar al jefe de Gobierno capitalino una vez que "en realidad el propósito del desafuero no es únicamente perjudicar a los habitantes de la ciudad de México, sino a los cien millones de mexicanos que potencialmente podrían votar por López Obrador si puede concurrir a las elecciones, puesto que el hecho de que la imputación sea tan exigua, y que a pesar de eso se haya adoptado en la Cámara de Diputados por una mayoría tan abrumadora la decisión de desaforarlo implica que, efectivamente, puede haber detrás una intencionalidad política que viola el derecho de sufragio, presente y futuro, de los mexicanos. Además de que pone en evidencia que los móviles no son hacer justicia, sino servirse del proceso penal de manera torticera para apartar a un candidato incómodo".
El jurista también ve en peligro la "gobernabilidad del país", puesto que el desafuero representa "el desprestigio de las instituciones, pues el sistema judicial mexicano, que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no sólo no recupera la confianza perdida de la sociedad; más bien al contrario: se incrementa la distancia de los gobernados. Esa es la otra parte que será la responsabilidad histórica de Vicente Fox, pues si alguna responsabilidad tiene el inquilino de Los Pinos es darle las llaves de la residencia oficial a quien en realidad hayan elegido los mexicanos y que el sufragio no se ponga en entredicho ni se utilice como instrumento de los intereses políticos".
El jurista español también apuntó una posible contradicción en el texto constitucional mexicano, que ha quedado en evidencia en el proceso contra López Obrador:
"Hay una contradicción, posiblemente insalvable, en la Constitución entre los artículos 111 y 115, que proviene de una situación anterior en la que el jefe de Gobierno de la ciudad de México era elegido por el presidente de la República. En ese caso sí tenía sentido que el desafuero del regente de la capital correspondiera a la Cámara de Diputados, puesto que tiene como misión principal controlar la la- bor del Ejecutivo y, por tanto, de un delegado del Ejecutivo -como era entonces la figura del regente- que entraba en esa área. Pero en el momento en que se concede la autonomía al Distrito Federal y se dice en el artículo 115 que el jefe del Gobierno de la capital será elegido por sufragio directo de los ciudadanos, entonces la responsabilidad política, y eventualmente penal, y desde luego el desafuero, no puede nunca corresponder a la Cámara de Diputados. Sólo puede corresponder a la Asamblea Legislativa, porque es la que representa a los ciudadanos. La Cámara federal no puede destituir al alcalde por la sencilla razón de que no lo nombró, por lo que no puede disponer de un bien jurídico que no es suyo".
Asimismo, Castresana defendió la legitimidad de López Obrador para seguir ejerciendo su cargo público, una vez que a pesar del desafuero siempre debe prevalecer el principio de la presunción de inocencia, por lo que únicamente un dictamen judicial podría apartarle de sus responsabilidades públicas.
"Me parece absolutamente pintoresco que exista la posibilidad de que López Obrador sea encarcelado, pues ningún delito de desacato implicaría, en principio, ninguna privación de libertad, sobre todo cuando se trata de una persona en la que no existe riesgo de fuga, puesto que las medidas cautelares tienen que ser proporcionales a la gravedad del delito y a la necesidad del proceso", afirmó el fiscal anticorrupción.