Pide orden de comparecencia; dos panistas pagan una fianza
Consigna PGR expediente de El Encino al juzgado 12
Fijar caución, acto de buena fe hacia López Obrador: Vega Memije
La Procuraduría General de la República (PGR) consignó ayer ante el juzgado 12 de distrito el expediente por el caso del predio El Encino, y solicitó que se le inicie proceso penal a Andrés Manuel López Obrador como probable responsable del delito de abuso de autoridad, por haber violado una suspensión de amparo.
Sin embargo, en lugar de orden de aprehensión, la dependencia pidió una de comparecencia, y manejó en secreto que por la mañana dos militantes panistas pagaron 2 mil pesos de caución que el Ministerio Público Federal autorizó para que el jefe de Gobierno del Distrito Federal no pudiera ser encarcelado.
En absoluto hermetismo, la PGR manejó la existencia del acuerdo ministerial acerca de la caución y el pago de los 2 mil pesos que al filo de las 11 de la mañana realizaron los asambleístas del PAN Jorge Lara y Gabriela Cuevas.
Hasta las 13:12, de las instalaciones que la PGR tiene en la calle Río Rhin salieron dos automóviles Golf, con seis ocupantes y los 16 tomos de la averiguación previa 1339/FESPLE/2001. Llegaron al Reclusorio Oriente cinco minutos antes de las 14:30, hora límite en que la oficialía de partes de los juzgados federales recibe la consignación de expedientes sin detenido.
Consultas de aquí para allá
En la PGR, la Dirección de Comunicación Social no atinaba a confirmar o desmentir si la averiguación previa relacionada con El Encino ya había sido consignada. Incluso difundieron versiones de que estaban consultando al subprocurador jurídico para que les indicara qué se había enviado a los juzgados. Las especies fueron tachadas de falsas, pues un día antes el subprocurador Alejandro Ramos había declarado que él no era responsable del caso.
Después de que los reporteros que estaban en el reclusorio habían confirmado que sí era el caso López Obrador, y ya cerca de las cuatro de la tarde, la PGR invitó a ''una lectura de comunicado'', en la que Carlos Javier Vega Memije daría a conocer la postura oficial de la dependencia. El subprocurador cumplió su palabra de que entre el 19 y el 20 de abril consignaría la averiguación previa.
Vega Memije hizo un recuento del caso y cómo fue que Promotora Internacional Santa Fe, SA de CV, en su carácter de particular, promovió un amparo en contra de lo que calificó de ''la ilegal expropiación'' del predio El Encino, y de la manera en que esa compañía ''solicitó la suspensión definitiva, la cual le fue concedida para los efectos de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal paralizara los trabajos de apertura de vialidades en las partes expropiadas y se abstuviera de bloquear o cancelar los accesos al predio''.
El funcionario aseguró que durante la integración de la averiguación previa ''se realizaron las diligencias que se consideraron pertinentes para esclarecer la verdad de los hechos, entre ellas, en cuatro ocasiones se citó al señor Andrés Manuel López Obrador para que ejerciera su derecho de defensa dentro de la indagatoria y se le hizo saber los derechos que en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el de que por la naturaleza del delito imputado tendría derecho en cualquier momento y ante cualquier autoridad a obtener su libertad provisional bajo caución''.
Recordó que la Cámara de Diputados, ''por mayoría absoluta de sus miembros declaró que había lugar a proceder en contra de López Obrador, por ser probable responsable en la comisión del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo'', es decir, abuso de autoridad. Según Vega Memije, fue la ''buena fe'' y la obligación de ''velar por los derechos humanos'' lo que les hizo conceder la libertad bajo caución a López Obrador, aun cuando él no hubiera solicitado el beneficio.
''Al regresar la Cámara de Diputados el expediente respectivo, el agente del Ministerio Público de la Federación, en cumplimiento de su obligación de velar por los derechos humanos de los ciudadanos, dictó un auto el día viernes 15 de abril de 2005, en el cual nuevamente se le hizo saber al señor Andrés Manuel López Obrador sus derechos, específicamente su derecho a obtener la libertad provisional bajo caución.
''Lo anterior tiene además sustento en la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de la contradicción de tesis 43/2004, en la cual se resolvió que para conceder la libertad caucional no es necesario que la persona se encuentre materialmente detenida.
''En atención al contenido de dicha jurisprudencia y a la buena fe que rige la actuación de la institución del Ministerio Público de la Federación, se le otorgó desde la averiguación previa el beneficio de la libertad provisional bajo caución para el efecto de que al momento de estar ante un juez penal, si así lo determina la autoridad judicial, el señor Andrés Manuel López Obrador goce de dicha libertad, en virtud de que dicha persona ha manifestado en múltiples ocasiones su disposición de presentarse ante el juez para que se siga con regularidad el juicio que, en su caso, se instaure en su contra.''
Vega Memije aseguró que ''el acuerdo respectivo (para la caución) fue publicado en los estrados de las oficinas del Ministerio Público de la Federación, y se le fijó como garantía para gozar de la libertad provisional la cantidad de 2 mil pesos.
''Dos ciudadanos mexicanos presentaron billete de depósito para que Andrés Manuel López Obrador goce de la libertad provisional desde este momento y, con fundamento en el artículo 416 del Código Federal de Procedimientos Penales que permite que un tercero otorgue garantía, fue aceptada.
''En razón de que desde la averiguación previa se hizo efectivo el derecho constitucional a la libertad provisional bajo caución, fue que el agente del Ministerio Público de la Federación al poner el día de hoy el asunto ante el juez de procesos penales federales en el Distrito Federal que por turno deba conocer del asunto, que solicitó la orden de comparecencia y no una orden de aprehensión.
''Esto es, el señor Andrés Manuel López Obrador, en caso de que así lo determine la autoridad judicial después de estudiar todas las constancias de la averiguación previa, tendrá la obligación de presentarse ante un juez para que ante él se siga el proceso penal respectivo, pero en libertad.''
Para el funcionario, la PGR cumplió ''así el mandato del pueblo de México''. Minutos después, fue personal de la procuraduría quien se encargó de difundir que habían sido dos asambleístas quienes pagaron la caución y que al filo de las 6 de la tarde ellos mismos saldrían a informarlo. Lo cierto es que para López Obrador el panorama jurídico es el mismo que antes del pago de la caución, porque aunque no pisará la cárcel, el juez que llevará su caso debe decidir en un plazo máximo de diez días hábiles si libra o no el mandamiento de presentación.
En caso de que ello ocurra, el jefe de Gobierno deberá presentarse a rendir su declaración preparatoria. El juzgador contará con un plazo de tres a seis días, si la defensa de López Obrador solicita duplicar el plazo constitucional, para determinar si se le dicta auto de formal prisión o de libertad. En el primero de los escenarios, al decretarse auto de formal prisión, automáticamente quedarán suspendidos sus derechos políticos y ciudadanos, es decir, no podrá votar ni ser votado. Entonces quedará sujeto, formalmente, a un proceso penal.
López Obrador puede interponer un amparo directo que tocaría resolverlo a la Corte. Otro camino sería interponer un recurso de apelación que tardaría en resolverse entre uno y dos meses. Si ratifican la sentencia del juez 12, sigue el juicio; si no, se acabó el proceso y el tabasqueño podría retomar su actividad política. Si López Obrador lo desea, una vez que se le tome la declaración preparatoria puede pedir al juez que le revoque la caución y entonces ingresaría a prisión hasta que se resuelva si es culpable o no, según el abogado Juan Velásquez.