El derecho de votar y ser votado
Por defender los bienes nacionales, por no dejarse chantajear para indemnizar con millones de pesos del erario y beneficiar a un particular de dudosa y oscura procedencia en detrimento del patrimonio de la capital, fue desaforado el gobernante más querido y popular en la historia de la ciudad de México.
Instalada como jurado de facto y no de procedencia, la mayoría del pleno en la Cámara de Diputados en San Lázaro votó por retirarle el fuero a Andrés Manuel López Obrador y separarlo de su cargo: "en tanto esté sujeto a proceso penal, y en consecuencia, a disposición de las autoridades competentes, para que actúen con arreglo a la ley".
Con estas palabras consumaron la persecución político judicial emprendida contra un gobierno democráticamente electo, con facultades plenas para ejercer la administración pública, mismas que no fueron otorgadas por arreglos o acuerdos ocultos, o definidas por las grandes cúpulas empresariales, deseosas de una izquierda light, a modo, sin memoria, para seguir en contubernio con funcionarios, abogados, legisladores, ministerios públicos y jueces también a modo, beneficiando una visión patrimonialista del ejercicio del poder en contra de los principios que deben regir a todo servidor público, aún más si éste es electo en una supuesta democracia.
Si bien para el PAN el proceso jurídico otorgado a López Obrador tiene una causa ciudadana de origen, porque "es un ciudadano que recurre a un juicio de garantías para combatir el atropello de una autoridad", detrás de ese ciudadano están intereses políticos y económicos que buscan, como siempre, definir el rumbo inmediato de la capital y del país, al margen de la voluntad del electorado, de la auténtica legalidad, evidenciando una clase política sin compromiso institucional, y mucho menos con el respeto al sufragio, que no termina con su conteo y la declaración de un ganador, sino que se consolida y finiquita en la forma de percibir y ejecutar el poder.
Ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida si fue legal o no lo dispuesto por el PRI y el PAN en el legislativo: los primeros por pragmatismo y los demás por ignorancia hasta de principios que rezaban que todo servidor público tenía que hacer crecer y preservar el patrimonio que le era asignado, mayormente si la designación la hace el voto popular; crecer, decían, en calidad, presencia, importancia institucional, mantener e incrementar los recursos financieros, físicos, materiales y humanos a cargo; esa era la visión o mística de trabajo de las administraciones, misma que paradójicamente en manos de gente sin escrúpulos y los representantes de la oligarquía mexicana, ha servido para despojar de sus bienes a la capital y a la nación.
Actualmente el sentido del éxito de un servidor público es la venta y el negocio con el patrimonio, ya sea con fines políticos o particulares, poco importa si el dinero no es suyo, ¿por qué ser "mezquino" con las arcas gubernamentales? Por esto y más el conflicto de El Encino no es tampoco un asunto de una calle de trescientos metros que da a un predio baldío, hasta hace poco invadido de transeúntes que por necesidad -los ricos de Santa Fe y los sobrevivientes de los tiraderos de basura- la hacían calle de paso, la que por el litigio final se ha obstruido.
Como dijo el político tabasqueño en el Zócalo: el objetivo de la lucha civil que ha comenzado no es el desafuero, sino el derecho de votar y ser votado sin ser perseguido o excluido por erigirse como un serio contrincante a la presidencia en 2006.
El hecho es un acto de injusticia contra un ciudadano electo, y por tanto sus electores, que alcanza a la sociedad entera, y que en caso de consumarse jurídicamente será ésta la que perderá la posibilidad de ir a una contienda con todas las alternativas políticas electorales legalmente representadas en las boletas, ya que el elector principal habrá sido el dedazo judicial.
Por eso hay que manifestarse y movilizarse este jueves 24 de abril, concientes de que en México los derechos políticos plenos no son aún reconocidos en la Constitución, y de que los mexicanos tenemos derecho a votar por cualquier partido político y su candidato, y de que nuestros derechos y servicios deben ser respetados cualquiera que sea la intención y el sentido de ese voto.