Tres ya habían servido en el domicilio particular del gobernador de SLP; los llamó desagradecidos

Cesa De los Santos a 5 empleados de la casa de gobierno, por sindicalizarse

Ante la cerrazón del gobierno para dialogar, el día 10 comenzaron plantones frente al palacio de gobierno y la residencia oficial, los cuales fueron desalojados con violencia la madrugada del sábado

LA JORNADA SAN LUIS

San Luis Potosi, SLP., 17 de abril. El gobernador panista de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, cree que los trabajadores de la casa oficial de gobierno son servidumbre particular, por lo que despidió a cinco empleados que osaron sindicalizarse, quienes ahora sufren revanchismo gubernamental violatorio de derechos humanos, laborales y constitucionales. Tres de los trabajadores habían servido antes en la residencia personal de De los Santos y, cuando el mandatario tomó posesión de su cargo, los llevó a la casa de gobierno, donde su sueldo era cubierto con dinero público.

Indignada porque consideró que al haberse sindicalizado cometían deslealtad, la esposa del mandatario, Guillermina Anaya, decidió el pasado día 2 correrlos de la casa de gobierno. Entrevistada al respecto, la señora Anaya de De los Santos explicó sus razones: "...un empleado de confianza, como su nombre lo dice, es de confianza. La casa de gobierno es como una casa particular; además, cuando una situación no funciona como debe, entonces hay que detenerla". Inclusive planteó que "todo el mundo estará de acuerdo en que (los trabajadores domésticos) son personal de confianza, no tienen por qué sindicalizarse". Cuando los reporteros preguntaron a Anaya si entonces esos empleados deberían ser tratados como "servidumbre", el gobernador intervino para decir que eran "trabajadores del hogar" y fijó como posición oficial que él no se metería "en cosas del hogar".

El episodio, del cual ha dado cuenta La Jornada San Luis, quiso ser resuelto mediante una argucia legal, al proponer a los empleados (recamarera, cocinera, galopina, intendente y un vigilante) que firmaran contrato con una empresa que suministra personal sin compromisos laborales para el patrón, denominada Manpower. Cuando los empleados se negaron a firmar ese contrato, fueron echados de su trabajo.

Defendidos por la organización a la que ya pertenecían, el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE), que dirige Francisca Reséndiz, los empleados rechazaron la liquidación que por encima de los niveles habituales les ofrecía el gobernador De los Santos, incluso con un "pilón" puesto de su bolsillo. Durante un encuentro con los trabajadores, el mandatario les recla- mó que no hubiesen aprecia- do el buen trato recibido cuando laboraban en su domicilio particular.

A Lázaro Silva Padrón, que durante 20 años había sido vigilante de la casa del matrimonio De los Santos, el gobernador le recordó que en una ocasión desbieló una camioneta, por lo que debió erogar un gasto de 50 mil pesos que "nunca te cobré".

A la dirigente Reséndiz le reclamó la "osadía" de meterse a "su" casa (la residencia oficial de gobierno) a afiliar trabajadores.

Ante la cerrazón de la pareja gubernamental, los trabajadores decidieron repartirse en huelga de hambre en dos campamentos, uno instalado a la entrada del palacio de gobierno, en el centro de la ciudad, y otro en la casa de gobierno, en una zona residencial.

Pero la madrugada del sábado fueron desalojados por policías estatales que alegaron en un caso, el de los huelguistas instalados en palacio de gobierno (donde estaban el chofer de 20 años de antigüedad y la cocinera Concepción Rodríguez Capuchino) que según la Cruz Roja Mexicana tenían problemas de salud a causa del ayuno y en el otro plantón, el de la casa de gobierno, que había quejas de vecinos porque estaban "rompiendo la tranquilidad" de la colonia. '

Al desalojo en la casa de gobierno concurrieron 300 agentes para retirar a nueve mujeres. Según el SITTGE, tres personas fueron detenidas y golpeadas por pretender la defensa de las manifestantes desalojadas.

No hubo agresión: CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos cumplió su tradicional función de ayuda a los propósitos gubernamentales dando fe de que no se habían producido violaciones ni agravios contra los trabajadores. Convalidó la tesis de las "quejas" de vecinos en un caso, y en otro dijo que no había sido un desalojo policial, sino "médico".

Cuando quisieron reinstalarse, la fría noche del mismo sábado, los trabajadores se toparon con murallas policiales que les impedían pasar cobijas y enseres que supusieran ayuda a la intención huelguista.

A la dirigente Reséndiz se le cerraba especialmente el paso. Los agentes recibieron órdenes "superiores" de franquear el paso a los trabajadores cuando éstos comenzaron a escribir en pancartas leyendas de denuncia que mostraban a automovilistas.

Durante 19 meses que lleva en el gobierno, De los Santos Fraga ha ordenado los desalojos, siempre de madrugada: de manifestantes del mismo SITTGE, de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular, de Antorcha Popular, de taxistas disidentes y de maestros del Conalep. Respecto al desalojo de este fin de semana, el gobernador dijo no saber nada, porque estaba de visita en municipios del Altiplano.

Con información de Rosa Elena Pedraza