Recomienda la ASF evaluar la actuación de Luis Pazos
Provida deberá devolver $30 millones por el desvío
Los integrantes del Comité Nacional Provida responsables del desvío de recursos públicos durante 2003 podrían enfrentar una sanción que va de dos a 14 años de prisión. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que de los 33 millones de pesos que el grupo recibió de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en ese año, el gobierno debe reclamar la devolución de casi 90 por ciento de esos recursos.
El informe de la ASF también resalta que en la asignación de 30 millones de pesos a Provida, la APBP no cumplió con los ordenamientos jurídicos y que el ex diputado Luis Pazos realizó actividades para las que no estaba facultado, por lo que recomienda a la contraloría interna de la Cámara de Diputados que "evalúe y determine lo procedente".
Al respecto, las organizaciones civiles que el año pasado dieron a conocer el manejo irregular de los recursos y han dado seguimiento al caso exigieron que las secretarías de Salud (Ssa) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpongan las denuncias penales, civiles o administrativas recomendadas por la ASF. Aunque el titular de la Ssa, Julio Frenk, informó en semanas pasadas que esa dependencia ya había iniciado el juicio civil, Pilar Muriedas, directora de Salud Integral para la Mujer, señaló que han enviado dos cartas al funcionario solicitándole información sobre los avances del proceso, sin que a la fecha hayan recibido respuesta.
Los organismos civiles señalaron que una de sus primeras exigencias, luego de conocerse los malos manejos de Provida, fue que se crearan normas dentro del Poder Legislativo para evitar que se repitan casos de asignación discrecional de los recursos públicos. Sin embargo, esta iniciativa todavía no ha sido contemplada en la Cámara de Diputados.
Entre las irregularidades detectadas por la ASF sobresale que la APBP reportó que la entrega de 30 millones de pesos a Provida se debió a que su actividad "se clasifica dentro de la línea de acción 2.1 del Programa Nacional de Salud: garantizar un arranque parejo en la vida", pero se comprobó que el objeto social que Provida declara en sus estatutos no coincide con esos objetivos.
Con relación a la APBP, el informe de la auditoría señala que detectó "debilidades de control interno en el proceso de autorización, evaluación y seguimiento de los proyectos" que apoya.
Auditorías, necesarias
En tanto, información proporcionada por la agencia informativa Notiese destaca que la ASF también recomendó que se practiquen auditorías sobre personas y empresas relacionadas con el grupo conservador por los servicios prestados y los donativos realizados al mismo.
Además de los recursos aportados por la beneficencia, Provida obtuvo financiamiento del fideicomiso público de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública llamado Transforma México, así como de la delegación en Chihuahua de la Sedeso, la cual informó que había entregado al organismo 227 mil pesos para la compra de una incubadora.
Sin embargo, Provida reportó a sus auditores que la asignación de Sedeso fue por 863 mil pesos, además de que la factura con que comprobó la adquisición de la incubadora la presentó tanto a la Sedeso como a la APBP.
De acuerdo con la ASF, Provida dijo haber recibido un donativo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por 31 mil pesos; no obstante, esa instancia rechazó tal versión.
En total los recursos obtenidos por Provida durante 2003 ascienden a 33 millones 722 mil pesos, de los cuales podrían recuperarse 30 millones 52 mil pesos, determinó la ASF.
Otras de las anomalías ubicadas por la ASF tienen que ver con facturas con fecha diferente a 2003, comprobantes duplicados, documentos no fiscales (tickets, notas, recibos), facturas de ciudades donde no existen Centros de Apoyo a la Mujer (CAM) o bien donde ya existía alguno de ellos, cuando el objetivo del convenio Provida-APBP era abrir centros en ciudades donde no los hubiera.
La información de Notiese detalla que el rubro donde las irregularidades significaron un mayor monto fue "mobiliario y equipo". Casi 12 millones de pesos no estuvieron bien justificados. Ahí también se detectó que la compra de ocho equipos de ultrasonido y ecosonido -con un valor de 3.5 millones de pesos- fue presentada para justificar dicho gasto ante la APBP y a Transforma México.
En "ayuda con medicamentos y atención médica", Provida presentó comprobantes por 88 mil pesos de gastos que no tienen ninguna relación con los CAM, pues se destinaron a la compra de tratamientos de quimioterapia, productos de belleza y gastos médicos de Rocío Gálvez, ex presidenta de Provida.