Acuerda primero resolver el juicio de controversia que los ministros interpusieron el día 13
Nueva intervención de la SCJN impide relevo de dos magistrados yucatecos
Merida, Yuc., 15 de abril. Cuando la mayoría panista en el Congreso del estado se disponía a votar por la no ratificación en sus cargos de los magistrados Angel Prieto Méndez y Ricardo Avila Heredia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una orden para suspender el citado proceso hasta que el máximo tribunal del país resuelva el juicio de controversia interpuesto el pasado miércoles por los dos ministros citados.
Jorge Puga Rubio, legislador del Partido Acción Nacional, admitió que será difícil remover a los funcionarios; mientras la bancada priísta afirmó que la orden de la SCJN impidió un "atropello a la ley", cuyo objetivo era que el gobierno estatal que encabeza Patricio Patrón Laviada "se apodere del Poder Judicial".
En menos de 72 horas, la SCJN intervino en dos ocasiones como parte de las controversias presentadas por ministros del Poder Judicial de Yucatán: la primera para ordenar al Congreso yucateco suspender cualquier acto de conformación de juicio político en perjuicio de los cinco ministros involucrados; la segunda, para ordenar al órgano Legislativo que suspenda el relevo de Prieto Méndez y Avila Heredia, el cual parecía inminente.
La madrugada del miércoles la Comisión de Justicia del Congreso local, conformada por tres legisladores panistas, un priísta y un perredista, acordó mediante el mayoriteo del blanquiazul (13 diputados), no ratificar a ambos magistrados, con una serie de argumentos, con tintes más políticos que legales, entre ellos la aplicación incorrecta de la procuración de justicia.
Ante esta situación, Angel Prieto y Ricardo Avila recurrieron a la SCJN y expusieron que su casi inminente remoción no se apagaba al artículo 116 constitucional, que se refiere, básicamente, a que los magistrados sólo pueden ser evaluados por la probidad y el desempeño de sus funciones, pero no por asuntos de corte político-partidista.
Esto último debido a que los dos togados, junto otros tres miembros del Tribunal Superior de Justicia, son acusados por los panistas de impedir la liberación del empresario Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de cárcel por asesinar en 1995 a su esposa Flora Abraham Mafud, caso que ha provocado polémica en la entidad durante los pasados 10 años.
Este viernes, la bancada del blanquiazul, compuesta por 13 legisladores, tenía todo preparado para votar la no ratificación de los dos magistrados antes citados, pero en medio de la discusión llegó la orden 25/2005 de la SCJN, donde se estipula suspender cualquier acto al respecto.
Se desconoce cuándo resolverá la SCJN la controversia constitucional, aunque el plazo laboral de los ministros involucrados vence el martes próximo y, salvo un fallo adverso, Prieto Méndez y Avila Heredia permanecerán en sus cargos cuatro años más y se convertirán, por ley, en "inamovibles".