El ancestro del titular de la SG enfrentó en 1911 cargos por abuso de autoridad
Madero salvó al bisabuelo de Creel de encarar un juicio de procedencia
Cuando gobernaba Chihuahua, el funcionario porfirista castigó a inocentes por el robo a un banco de su propiedad; el caudillo pidió al Poder Judicial no procesarlo ''por pequeñeces''
El 15 de agosto de 1911, el entonces presidente de la República Francisco I. Madero evitó el desafuero de Enrique C. Creel, embajador de México en Estados Unidos y ministro de Relaciones Exteriores durante el régimen de Porfirio Díaz, a quien un juez acusó de abuso de autoridad cuando ocupaba el cargo de gobernador de Chihuahua.
Ese capítulo de la familia Creel quedó consignado en el libro La Revolución en el estado de Chihuahua, del historiador Francisco R. Almada, editado en dos volúmenes, en 1964, por la Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Al contrario de las aseveraciones de Santiago Creel en torno a la pulcritud de las actividades públicas de sus ancestros, el texto de Almada, cuya edición conserva el investigador Javier Alvarez Magaña, da cuenta de la respuesta que Francisco I. Madero dio al favor solicitado por el bisabuelo del actual titular de la Secretaría de Gobernación.
Los excesos de Creel
El 31 de julio de 1882 la legislatura del estado de Chihuahua otorgó a los señores Inocente Ochoa Zuloaga, Enrique C. Creel y Luis Terrazas una concesión para crear el Banco Minero Chihuahuense. Igualmente se les benefició con la exención de impuestos estatales y municipales durante los tres primeros años de operación de la institución bancaria.
Para 1883, un nuevo decreto cambió la denominación del organismo a Banco Minero de Chihuahua. En 1889 adquirió los derechos del Banco de Hidalgo, y en 1896 se fusionó con el Banco Mexicano, previa autorización de la Secretaría de Hacienda. Posteriormente adquirió los derechos del Banco de Chihuahua.
La investigación del historiador Almada refiere que, años después, "en marzo de 1908, ocurrió un cuantioso robo en las oficinas del Banco Minero en la ciudad de Chihuahua. Los procedimientos viciados que autoridades políticas y judiciales llevaron a cabo contra inocentes, a quienes trataron de obligar a declararse responsables de un delito que no habían cometido; la retención de los acusados en una penitenciaria durante meses; el trato despótico del gerente hacia los usuarios de los servicios bancarios, y las prácticas inquisitoriales de elementos policiacos traídos ex profeso de la ciudad de México, aumentaron el descontento hacia el régimen.
''La opinión pública chihuahuense jamás quedó satisfecha por las investigaciones realizadas para esclarecer el robo cometido al Banco Minero, y muchas personas lo consideraron un autorrobo en el que estaban inodados (inculpados, indiciados o implicados) algunos de sus funcionarios. Tres empleados subalternos de la misma institución, que se declararon responsables de dicho delito, fueron condenados en primera y segunda instancias por los tribunales de Justicia del estado, en la inteligencia de que, cuando falló la sala respectiva del Supremo Tribunal, ya había triunfado la revolución maderista, y la influencia política de accionistas y directores del Banco Minero había venido a menos.
''Después de la caída del régimen porfirista, las víctimas inocentes de los procesos irregulares seguidos por las autoridades de aquella época, ocurrieron en queja ante las nuevas autoridades judiciales pidiendo el castigo a los responsables del delito de abuso de autoridad que se había cometido en contra de ellos. El juez de primera instancia Jesús María Dozal inició el procedimiento, habiendo incluido entre los responsables al ex gobernador don Enrique C. Creel; a su hermano, don Juan, y a su yerno Joaquín Cortázar hijo, que eran diputados locales, y se dirigió al Gran Jurado de la Legislatura pidiendo el desafuero de ellos.
''El juez anterior, licenciado Martín E. Norman, había sido fusilado por los revolucionarios en Ciudad Guerrero y los funcionarios policiacos Antonio Piedras, Antonio Villavicencio y Trinidad González fueron internados en la penitenciaria. El apoderado del señor Creel demandó el amparo de la justicia federal en virtud de que su cliente estaba separado del Poder Ejecutivo con licencia ilimitada, y de que se le acusaba de actos oficiales como gobernador y, por lo mismo, gozaba de fuero.''
La indagación de Almada refiere que Enrique C. Creel clamó por la benevolencia del presidente Francisco I. Madero.
La misiva de Madero
Fechada en Cuernavaca, el 15 de agosto de 1911, Francisco I. Madero envió una carta al gobernante en turno del estado.
''Señor don Abraham González, gobernador de Chihuahua. Muy apreciable amigo: estuvo hablando extensamente conmigo don Enrique C. Creel sobre el proceso que le siguen, referente al robo al Banco Minero, a él, a su hermano y a su yerno en ese estado. Me dice que las causas por las que pidieron el desafuero de él es porque dice el juez que se extralimitó en sus funciones de gobernador al interrogar a algunos de los que se creían cómplices. Si realmente esa es la causa, me parece pueril y demuestra marcada parcialidad de parte del juez.
''Reflexionando con serenidad sobre el asunto del Banco Minero, se comprende que es imposible atribuir el señor Creel o algunos de ellos la culpa, pues las cuatro quintas partes del capital es precisamente de ellos y es ilógico que se fueran a robar a sí mismos con tanto escándalo, cuando por medio de hábiles combinaciones es fácil cometer robos de mayor cuantía sin dejar ningún rastro. De todos modos no me quiero meter a averiguar si son culpables o no.
''Lo único que me suplica don Enrique C. Creel, y que creo que es de justicia concederle, es lo siguiente: que vaya a conocer del juicio un juez que se mande de México y que sea persona estrictamente imparcial, pues él pretende que el actual juez que lo juzga, Jesús María Dozal, le tiene mala voluntad porque durante su administración de él, tuvo que separarlo del puesto por tales o cuales razones. Esto me parece de estricta justicia y por tratarse de un asunto tan trascendental y de grande importancia lo concederá usted.
''En cuanto al caso especial de don Enrique C. Creel, le suplico tomar en consideración que sido embajador de México en los Estados Unidos y ministro de Relaciones Exteriores, por cuyo motivo debemos obrar en este caso con especial cuidado, pues únicamente en el caso de que haya una absoluta evidencia de que ha cometido una falta grave, se le debe procesar, pero no por pequeñeces como las que asenté anteriormente. Parece que Cortázar está en el mismo caso y, realmente, si la única causa por la que se le quiere meter en la cárcel es porque hicieron algunas interrogaciones a los reos, me parece que es injustificado, si se tiene en cuenta los inmensos abusos que cometió la administración pasada. Sin otro asunto, quedo como siempre amigo que mucho lo aprecia, su atento y seguro servidor. Francisco I. Madero.''
El trato deferente de Madero a Creel obedecía a que éste tenía parentesco político con Alberto y Daniel Madero, el primero tío y el segundo hermano del caudillo de la Revolución.
Como resultado de la petición, el juez de primera instancia, Jesús María Dozal, fue removido de su cargo; se nombró en su lugar a Rafael Ramos, enviado desde la ciudad de México, quien se dio a la tarea de proseguir el juicio sin que en adelante se "molestara" a Enrique C. Creel.