Los Minuteman de la política mexicana
Mexico fue testigo en la última semana de uno de los más graves sucesos políticos vividos desde la instalación del gobierno denominado del cambio. Estos hechos han traicionado la causa democrática y fue evidente que los 360 diputados que votaron a favor del desafuero del jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, lo hicieron porque era un candidato opositor peligroso, por lo que había que despojarlo de sus derechos políticos. Era difícil ganarle por la buena, es decir, en las urnas, y tomaron una decisión absolutamente antidemocrática e ilegal.
Está claro que para estos congresistas que votaron a favor del desafuero obedeciendo a la voz de los líderes de sus partidos sin escuchar a la población que los llevó a la curul, la democracia, como concepto político y forma de convivencia, ha dejado de tener interés, pues han manejado la mentira y manipulado las leyes.
Estos legisladores, en connivencia con algunas de las instancias de impartición de justicia en este país, se están comportando como los individuos del llamado Proyecto Minuteman, que están dispuestos a violar los más elementales derechos de los migrantes indocumentados que puedan pasar por la frontera con Arizona, porque supuestamente los migrantes indocumentados violan las leyes. Pero la realidad es que quien viola la ley es el gobierno de Estados Unidos que los mantiene trabajando sin darles los papeles que corresponden, impidiendo con ello que gocen de derechos laborales, ya que saben muy bien dónde se encuentran y las ganancias que generan.
De acuerdo con un comunicado de la embajada de Estados Unidos, el gobierno de ese país no respalda las acciones del grupo llamado Minuteman, aunque la realidad es que hasta ahora no ha habido ni el más mínimo reclamo en contra de estos sujetos, a pesar de que algunos de estos voluntarios están armados, pero esgrimen que "en defensa propia" (¿contra quién?)
Afirman, asimismo, que "si logran atrapar (sic) algún inmigrante ilegal, lo entregarán a las autoridades estadunidenses de acuerdo con las normas y procedimientos legales de Estados Unidos". No sólo se trata de gente que no tiene la más mínima capacitación y puede crear graves problemas, sino que se está tomando atribuciones que sólo corresponde a la Patrulla Fronteriza, y eso, aunque es en contra de las leyes de Estados Unidos, no se les desautoriza.
Ese comunicado señala que si algún miembro de estos grupos civiles viola la ley estadunidense enfrentarán cargos criminales y serán procesados, pero la verdad es que hay poca confianza en que la ley se aplique de forma objetiva y sin manipulaciones cuando de migrantes indocumentados se trata.
El objetivo de estos sujetos, que por cierto esperaban reunir mil miembros y sólo llegaron menos de 200, es manifestarse contra la falta de atención del gobierno de Estados Unidos con respecto a la implementación efectiva de las leyes migratorias y presionar para hacer realidad la militarización de la frontera. Sigue sin plantearse una solución real al fenómeno migratorio que pasa por el reconocimiento de los trabajadores indocumentados y la consecuente amnistía.
Del gobierno mexicano no ha habido mayor conmoción por este asunto que lesiona los intereses de nuestros connacionales. El presidente Vicente Fox ha estado muy ocupado en las exequias de Juan Pablo II, por el que derramó algunas lágrimas, e instituyó el 8 de abril como día de duelo nacional con las banderas a media asta, decisión altamente cuestionable, pues habría que recordar que el gobierno de México es laico. Sin embargo, no parece preocuparle la muerte de cerca de 3 mil mexicanos en la frontera con Estados Unidos, a pesar de que estos seres humanos con su trabajo están sosteniendo en gran parte la economía del país.