Comprueban responsabilidad administrativa de cinco ex servidores
Exculpan a Gustavo Ponce del fraude cometido en la Gustavo A. Madero
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La administraci�apitalina determin�e el ex secretario de Finanzas no tuvo responsabilidad en el fraude cometido contra la delegaci�ustavo A. Madero, el cual asciende a 31.2 millones de pesos. En la imagen aparece el funcionario durante su detenci�el a�asado, por presunto enriquecimiento il�to FOTO Archivo
A más de un año de iniciarse las auditorías en torno al fraude de 31.2 millones de pesos en contra de la delegación Gustavo A. Madero (GAM), la administración capitalina determinó la vinculación que hubo entre funcionarios de esta demarcación con personal de la Secretaría de Finanzas y precisó que el ex titular de esta última dependencia Gustavo Ponce Meléndez no tuvo ninguna responsabilidad administrativa.
Con base en las declaraciones de personal de ambas instancias y del ex delegado, Octavio Flores Millán, se concluyó que tampoco son administrativamente responsables de los hechos los trabajadores Alejandro Villagordoa Resa, Gabriel Yorio González, Juan Moreno Patiño, Augusto Fernández Figueroa y Eva Sandoval Peña, sujetos a investigación por la entrega de 18 cuentas por liquidar certificadas (clc) a empresas de Grupo Quart.
Sin embargo, se determinó la culpabilidad del ex jefe delegacional, a quien se inhabilitó por 10 años para desempeñar cualquier cargo en la administración pública y el pago de una multa de 31 millones 285 mil 63.08 pesos; así como de Luis Salazar Cano, María Martha Delgado Arroyo y Alierso Caetano de Oliveira, quienes fueron inhabilitados por 20 años y una sanción de 31 millones 285 mil 73.07 pesos.
De acuerdo con el expediente CGDRS007/0012/04, Flores Millán incurrió en diversas irregularidades como haber designado a Salazar Cano y Delgado Arroyo para ocupar los puestos de titulares de la Dirección de Recursos Financieros y de la Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto en la delegación Gustavo A. Madero, sin contar con elementos que garantizaran el correcto desempeño de sus funciones.
Ello, pese a la advertencia de personal de la Contraloría interna de la demarcación respecto de investigaciones que se seguían por el trabajo que desempeñaron en Tláhuac, permitiendo que tramitaran las 18 clc para pagar a seis empresas con las cuales no existía relación contractual que generara alguna obligación por parte de GAM, por supuestos trabajos de obras de desazolve de la red secundaria de drenaje, los cuales nunca se realizaron.
Además, se detalla en el expediente, no existía disponibilidad presupuestaria para cubrir los compromisos que amparaban los documentos mencionados a favor de Arquitectura y Construcciones Pachoacan, Jori Construcciones, Promotora y Construcciones El Naranjo, Ingeniería, Diseño y Construcción Banda, D'Regil Creaciones y Centro Decorativo Nicté-Ha.
Sin embargo, Alierso Caetano, director de programación y presupuesto de la Dirección General de Egresos de Administración de Gobierno de la Secretaría de Finanzas, libera dichas cuentas, aun cuando tampoco estaban requisitadas, pues presentaban inconsistencias como la clave presupuestaria, la cual no existía dentro del presupuesto de la demarcación; y contaban con 10 dígitos, cuando deberían tener 11.
Otros de los involucrados en los hechos son Blanca Estela Hernández Puga, quien firma los documentos para su liberación en ausencia de su jefe Alierso Caetano, mientras Carlos Alvarez Cardoso tenía la obligación de revisar las clc, por lo cual se les impone una inhabilitación de 10 años para desempeñar cualquier cargo en la administración pública y una sanción económica de 31 millones 285 mil 73 pesos.
Cabe señalar que dicha resolución fue enviada a la Secretaría de Finanzas para que conforme a sus atribuciones y en ejercicio de su facultad económica-coactiva haga efectiva la sanción económica a los seis involucrados en los hechos.