El IPAB había prohibido efectuar esa liquidación
Liberó Fox $130 millones para dueño de El Encino
El monto, por un litigio contra Infonavit y Banco Obrero
Federico Escobedo Garduño, propietario del predio El Encino -por el que se originó el juicio de desafuero contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador-, obtuvo de autoridades federales 130 millones de pesos en marzo de 2003 por un juicio civil que ganó tres años atrás al Infonavit y al Banco Obrero, cuyos pagos se habían detenido por una disposición del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que, como órgano liquidador de la institución crediticia, le prohibió cubrir obligaciones vencidas y transferir recursos a terceros, y decretó la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra sus bienes.
Para esa fecha la PGR ya integraba la averiguación previa contra el gobernante capitalino por desacato; un mes atrás, por instrucciones del mismo López Obrador, el GDF recuperó de manos de Escobedo el predio La Mexicana, que tenía acaparado ilegalmente, y tres meses antes, durante una gira por Tijuana, el 18 de diciembre de 2002, el presidente Vicente Fox colocó la primera piedra de un centro de convenciones propiedad del mismo empresario, obra que nunca se realizó a pesar del referido pago millonario que le hizo el gobierno federal al año siguiente.
Con dicho pago se liquidó la sentencia derivada de un juicio civil que se inició 13 años atrás, el 18 de junio de 1990, luego de que una empresa propiedad de Escobedo promovió el juicio civil contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Banco Obrero, para reclamar el pago de obras de construcción de conjuntos habitacionales en las ciudades de Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Chilpancingo y Taxco, en Guerrero.
Ambas dependendencias federales fueron sentenciadas el 31 de marzo de 2000 a pagar a la empresa Constructores de Infraestructura Mexicana (Codimex), cuyo administrador único es Escobedo Garduño, la cantidad total de 405 millones de pesos. El fallo quedó firme luego de que ambas instancias demandadas interpusieron un recurso de apelación, pero en forma extemporánea.
La cifra original reclamada, en ese entonces en viejos pesos, era de 665 millones 166 mil 157 pesos, es decir, a pesos de hoy 665 mil 166, y aunque el monto calculado por los actuarios del juzgado por las obras y otros conceptos a nuevos pesos de hace 10 años fue de apenas 16 millones 154 mil 807 pesos, el juzgado 38 civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ordenó el pago de daños y perjuicios "por la mora injustificada en el pago que se traduce en la pérdida del valor adquisitivo del peso mexicano" por un monto de 388 millones 845 mil 193 pesos.
El conflicto se derivó de la dilación en los pagos a Codimex por parte del Banco Obrero, por más de 30 contratos relacionados con la construcción de edificios habitacionales, centros comerciales, jardines de niños, urbanización e infraestructura, dado el retraso en el fin de las obras. La empresa hizo responsable al Infonavit por el envío tardío de documentos técnicos y la entrega de predios invadidos a la constructora.
Escobedo Garduño estuvo preso en el Reclusorio Norte en 1993, acusado penalmente por el Infonavit de fraude por 7 millones de pesos, derivados de deficiencias en el proceso constructivo y los materiales de una unidad, Héroes de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo.
Hasta enero de 2003, el Banco Obrero y el Infonavit habían liquidado el pago de 288 millones 274 mil 221 pesos de aquella deuda, y por determinación del IPAB, como órgano liquidador del Banco Obrero, dicha institución tenía prohibido pagar obligaciones vencidas y transferir recursos a terceros, de lo cual ya tenía conocimiento el mismo juzgado 38 de lo civil.
Sin embargo, luego de la visita del presidente Fox a Tijuana en 2002, donde se colocó la primera piedra de un centro de convenciones propiedad de Escobedo, que nunca se concluyó, Infonavit y Banco Obrero suscribieron el 4 de marzo de 2003, ante el juez 38 de lo civil, Roberto Rojo González, un convenio para dar por concluido el juicio mediante el pago al empresario de 130 millones de pesos.
En el cuestionario que el jefe de Gobierno entregó a la sección instructora de la Cámara de Diputados, el 6 de agosto del año pasado, en el contexto del juicio de desafuero -y que con el voto de los legisladores del PAN y del PRI fue desechado como prueba-, López Obrador incluyó las siguientes preguntas a Fox: "Que diga si tiene relación de amistad con el presunto dueño del terreno, Federico Escobedo; que diga si el 18 de diciembre de 2002 estuvo en Tijuana y presidió el acto de colocación de la primera piedra para la construcción de un centro de convenciones; que diga si entre sus declaraciones dijo: así que a don Federico, a cada una y a cada uno de ustedes los felicito. Hago votos por el éxito de este proyecto. Sé que tendrán éxito porque, además, lo estaremos apoyando hombro a hombro. Y mucho, pero mucho me complacería venir a inaugurarlo".