El caso Ricardo Aldana demuestra la justicia selectiva

Se cayó "la mascarada", expresa López Obrador

Pronostica "impunidad" para hermana de Santiago Creel

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que con la decisión del PAN y el PRI de impedir llevar al pleno de la Cámara de Diputados el desafuero del senador priísta Ricardo Aldana, por el desvío de mil 580 millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida en 2000 vía el sindicato de la paraestatal, "se cayó la mascarada" del estado de derecho que exaltaron tras aprobar el pasado jueves el fallo en su contra.

"No tardó mucho en saberse cómo están haciendo justicia selectiva, si se le puede llamar justicia a lo que están aplicando el PRI y el PAN, al no dar trámite al proceso contra el senador por el Pemexgate, asunto que lleva más de un año. Cuando se trata de un adversario le aplican todo el rigor de la ley y hasta le inventan delitos, y cuando se trata de uno de ellos, hay impunidad", afirmó.

Por ello, descartó la posibilidad de que se sancionen las irregularidades atribuidas a Dolores Creel Miranda, hermana del secretario de Gobernación, como funcionaria del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la realización de un videodocumental sobre el escritor Octavio Paz, y por ocupar un cargo creado fuera de los procedimientos administrativos que marca la ley.

"Hay una relación de complicidad: pactaron y se tapan unos a otros", apuntó el gobernante capitalino.

Refirió que en el Pemexgate el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, promovió alrededor de 50 amparos, mientras que en su caso, que no cometió delito alguno, decidió no protegerse en caso de que el juez le dicte auto de formal prisión, como acto de resistencia civil pacífica.

La excepción, recordó, se daría sólo para preservar sus derechos políticos estando preso y mientras no se dicte sentencia, recurso que interpondrá cuando el juez decida someterlo a proceso penal y suspenderle dichas garantías, no sólo ante el Poder Judicial de la Federación, sino mediante una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Señaló que aun cuando la gente podrá apreciar en este asunto el comportamiento de los jueces, los magistrados y los ministros, así como de las autoridades electorales y otras que tengan que ver en el proceso, no se fiará de ninguna instancia.

"No doy cheque en blanco", afirmó, porque además sería "muy ingenuo" cuando ya en la Cámara de Diputados aplastaron la voluntad popular.

De entrada refirió lo sospechoso que resulta el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya consignado el expediente, ante lo cual se planteó tres hipótesis por las que se está retrasando ese procedimiento: la primera, porque no tiene elementos jurídicos para que el juez libre la orden de aprehensión, que, resaltó, "no los va a tener porque no violé ninguna ley".

La segunda es que están aguardando el turno de un juez "a modo, de esos que resuelven por consigna", y la tercera, están esperando a que la gente se olvide del asunto, como han apostado el subsecretario de Gobernación Felipe González, el empresario Roberto Hernández y el dirigente del PAN capitalino, Carlos Gelista, lo cual, advirtió, tampoco va a ocurrir, "porque el pueblo no tiene de esa amnesia que ellos padecen".

Frente al argumento de sus adversarios de que está contra las instituciones, expuso que no es así, sino contra el uso faccioso que se les da desde el poder. "Queremos que haya justicia en el país, que no se fabriquen delitos a nadie como hicieron conmigo, pues mucha gente piensa que se cometió un delito pequeño y cuestiona que se castigue mientras los grandes delitos quedan impunes, "pero no, no cometí ningún delito grande ni uno pequeño, no cometí ningún delito".

Explicó que ni siquiera podrá demostrar la PGR que se actuó con dolo, que es un elemento fundamental en el cuerpo del delito en una acusación penal, pues no existe documento alguno firmado por él en el que se ordenara continuar las obras para construir una calle en El Encino.

Recordó además que la expropiación y los trabajos para construir la calle se iniciaron antes de diciembre de 2000, cuando comenzó su administración: "Dice el señor (Carlos) Vega Memije (subprocurador de Delitos Federales de la PGR) que 11 meses estuve incumpliendo la ley. Si se trata de una calle de 200 metros y ya estaba abierta la brecha, ¿ustedes creen que si hubiese habido mala fe en 11 meses no terminamos el camino? Si hicimos el distribuidor vial de San Antonio en siete meses y el segundo piso en un año y cuatro meses, ¿no íbamos a terminar una calle de 200 metros en tres días, una semana? ¿Dónde está el dolo?", insistió.

En esta ocasión lo acompañaron en su conferencia de prensa integrantes del Comité Ciudadano del estado de México y de la Alianza de Tranviarios, estos últimos con cuatro grandes mantas de apoyo, a quienes dirigió unas palabras de agradecimiento al final de su conferencia, y pidió participar en la marcha silenciosa del 24 de abril, del Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec, al Zócalo, a la que dijo que asistirá en caso de que no se haya resuelto su situación jurídica.

Tampoco descartó asistir a la puesta en escena de una obra a la que lo invitó Héctor Bonilla, el próximo sábado en el Zócalo, sobre los 45 minutos que duró en la Presidencia Pedro Lascuráin tras la aprehensión de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, cargo al que renunció para dejar a Victoriano Huerta.

Lo que demuestra, expuso sobre lo anterior, que no es de ahora la "preocupación de que todo parezca legalito: es la hipocresía de respetar la Constitución en la forma para violarla en el fondo".