Ojarasca 96  abril 2005

Colima, Michoacán y Jalisco

Contra la destrucción de la

propiedad territorial campesina


Carlos González García


 

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Es poco conocido el caminar actual de los pueblos indígenas establecidos ancestralmente en el espacio geográfico y cultural que abarcan Colima, el sur de Jalisco y la costa nahua de Michoacán.

Siendo bastante antiguas, las culturas del occidente de México se incorporaron con lentitud al mundo mesoamericano, proceso que concluyó a principios del primer milenio de la era cristiana. Desde entonces el "occidente mesoamericano", fue un espacio de frontera, el rumbo del legendario "mictlampa" nahua.

En tiempos de la invasión europea eran muchas las lenguas existentes en la región, al grado que el náhuatl se hablaba casi exclusivamente en el área de Tuxpan, al sur de Jalisco, y en las avanzadas aztecas de la región de Aquila, en la costa de Michoacán. Actualmente el náhuatl ha caído en desuso con excepción de la comunidad de Pómaro, Michoacán. Las otras lenguas que se hablaban (cazcan, coca, coano, cuyuteco, tecueje, sayulteco, otomí) se extinguieron totalmente hace más de un siglo.

La conquista española resultó dolorosa para los pueblos de la región, que en su mayoría no aceptaron el sometimiento al nuevo invasor y fueron exterminados por completo, sobre todo en el rumbo de Colima. Otros aún mantienen viva la memoria de aquel terrible momento, como ocurre en Tuxpan con la danza de los chayacates --representada por personas disfrazadas con el fin de burlar la muerte traída por el conquistador.

Diversos pueblos del occidente lograron sobrevivir la Conquista conservando por lo menos una parte de sus territorios originarios y diversos aspectos de su cultura. No resulta extraño que una de las primeras rebeliones, a finales de 1856, en reacción a las leyes liberales de desamortización, tuviera como centro la comunidad de Zacoalco y lograra extenderse por el sur a Colima, y por el norte a Zacatecas.

En la proclama del 30 de septiembre de 1856, hecha por los campesinos sublevados, se percibe una clara posición antiliberal de la resistencia indígena en la región: "...considerando por otra parte que los distintos cambios de gobierno acaecidos desde la Independencia hasta la época presente han sido impasibles para la raza indígena ...se desconocen en su totalidad el supuesto derecho que presumen tener los hacendados con respecto a la propiedad territorial que ilegalmente han disfrutado..."

Esta importante rebelión de 1856-57 fue brutalmente reprimida, con la consecuente aplicación de las leyes de desamortización en el sur de Jalisco y la destrucción casi total de la propiedad comunal indígena que pasó a manos de las grandes haciendas.

Que la Revolución mexicana no tuviera en las comunidades indígenas de la región el impacto que sí logró en el centro y en el sur del país, nos hace considerar tres hipótesis: la derrota sufrida por los campesinos medio siglo antes; el control político y cultural que los hacendados, apoyados en el clero, lograron imponer sobre franjas significativas de la población rural, y la dificultad de las poblaciones indígenas para incorporase a una tradición como pudiera ser la zapatista, por su posición cultural de "frontera" en el horizonte mesoamericano.

En la segunda década del siglo XX, bajo la influencia de los anarquistas, logró conformarse una influyente Liga de Comunidades Agrarias de Jalisco, que tuvo su centro de acción en el sur y que forzó a un lento reparto agrario que siempre escatimó el reconocimiento de las propiedades comunales indígenas. Así fue en Tuxpan, donde casi la totalidad de la propiedad territorial sigue en manos de unas cuantos familias. Ayotitlán, la mayor comunidad indígena del sur de Jalisco, fue transformada en ejido por decisión gubernamental y sigue demandando parte sustancial de sus tierras.
 
 

En la actualidad las comunidades siguen resistiendo el inacabable proceso de conquista y las aplastantes políticas oficiales tendientes a destruir la propiedad territorial indígena y campesina.

Hoy que el gobierno federal pretende incorporar a todos los ejidos y comunidades del país al Procede, con el fin de acelerar la privatización de las tierras de propiedad social, las comunidades de la región han tratado de sortear dicho golpe a su existencia comunal.

Es el caso de la comunidad nahua de Zacualpan, en el municipio de Comala, Colima, cuya asamblea ha rechazado una y otra vez la certificación de sus tierras.

También es el caso de los ejidos localizados en la región del Llano, aquel que Rulfo describe en llamas. En este llano, tan largo en su pobreza como en las luchas de sus campesinos, resisten la comunidad indígena de Jiquilpan, junto a los ejidos de Zapotitlán, Alista y San Isidro, éste último también en lucha contra el despojo de sus tierras por parte de la transnacional Nutrilite, hasta hace poco defendida por el actual Procurador Agrario, Isaías Rivera, en un ejemplo de surrealismo más foxiano que rulfiano.

En la Sierra de Manantlán, Jalisco, estratégica por sus grandes reservas de aguas y sus recursos naturales, actualmente bajo escrutación de la transnacional Monsanto, la Procuraduría Agraria ha desatado una sucia campaña con el fin de incorporar al Procede a las comunidades indígenas de Chacala, Cuzalapa y Ayotitlán, unas veces provocando la falsificación de las actas de asamblea (Cuzalapa), otras haciendo promesas de planos que debieron ser entregados hace décadas y por cuya omisión tendrían que haber procedido muchos desafueros (Ayotitlán).

Sin embargo el nuevo asalto a la propiedad comunal y ejidal ya empieza a causar molestia entre los campesinos de la región y viejos caminos se juntan nuevamente para resistir la imposición gubernamental: los meses venideros nos dirán que ocurre.



Trapiche en Cabá, 1993

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