Aplaza ministra Olga Sánchez Cordero su decisión
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La ministra Olga S�hez Cordero FOTO Mar�Luisa Severiano
La controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), relacionada con el proceso de desafuero a Andrés Manuel López Obrador, fue turnada al ministro José Ramón Cossío Díaz, en tanto que su compañera Olga Sánchez Cordero, instructora en el recurso presentado por los asambleístas para impugnar el dictamen de San Lázaro en el mismo asunto, declaró que debido a la complejidad del tema aplazó unos días su fallo sobre la admisión de la demanda.
De acuerdo con funcionarios judiciales consultados, la legislación vigente no permite la acumulación de controversias constitucionales aun cuando se traten del mismo asunto, por lo que Sánchez Cordero podría emitir su dictamen sin tener que esperar que su compañero haga lo propio.
Entrevistada al término de la sesión de ayer del máximo tribunal, la ministra comentó que sigue estudiando la demanda de la ALDF. "Pensé que podía decidir en el transcurso del día de hoy o de mañana, pero me quiero esperar unos días para reflexionar y estudiar muy a fondo los conceptos de invalidez y qué es lo que está solicitando la Asamblea de Representantes", agregó, y expuso que es de su absoluta responsabilidad el auto de admisión de la controversia.
En este recurso se argumenta que los diputados "rebasaron los límites de su competencia" previstos en el artículo 111 constitucional, porque una vez que determinaron que ha lugar para proceder penalmente contra López Obrador, estaban obligados a remitir a la ALDF el dictamen correspondiente, lo cual no ocurrió.
Además, alegan que el jefe de Gobierno del Distrito Federal debe recibir el mismo trato que los gobernadores del país en casos similares, es decir, que la Cámara de Diputados debe dar vista a los congresos locales, lo cual tampoco sucedió.
Por otra parte, la controversia que interpuso la Cámara de Diputados cuestiona a la ALDF por desconocer el resultado del juicio de procedencia contra el jefe de Gobierno capitalino.
Jesús Aranda