Querétaro: diputados piden a la PGJE aclarar asesinato que implica a hijo de empresario

Querétaro, Qro., 11 de abril. La Comisión de Administración y Justicia de la Legislatura local acordó este lunes solicitar a Juan Martín Granados Torres, procurador general de Justicia estatal (PGJE), información sobre el avance de las investigaciones relativos al asesinato de Marco Antonio Hernández Galván, perpetrado el 27 de noviembre pasado, del que sería presunto responsable Federico Ruiz Lomelí, hijo del presidente del grupo Fomento Queretano, que tiene la concesión de la marca Coca-Cola en la entidad.

Los legisladores consideran que "la investigación ya tardó", pues a más de cuatro meses del crimen no se han divulgado las líneas de investigación.

El presidente de la citada comisión, el perredista Horlando Caballero Núñez, indicó que de acuerdo con el análisis que el organismo realice a la documentación que el procurador turne a la Legislatura de Querétaro, se determinará si el funcionario es citado a comparecer ante el Congreso estatal.

Horlando Caballero consideró que revisar la documentación sobre el avance en las pesquisas evitará confusiones y aclarará la versión que circula en medios locales, de que la PGJE ha hecho caso omiso, con intención de proteger al acusado, por ser hijo de un empresario prominente, del que han sido empleados reconocidos panistas de la localidad.

El secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, señaló recientemente que no proporcionaría los nombres de los agentes policiacos que la madrugada del 27 de noviembre detuvieron y dejaron a Federico Ruiz en libertad -presuntamente por falta de pruebas- al señalar que esos datos están registrados en la averiguación I/729/2004, que puede ser consultada por cualquier ciudadano.

En respuesta, Sergio Guerrero Patiño, Gerardo Alcocer Murguía y José Alfonso Rodríguez, abogados de Miguel Gerardo Rivera Alcántara -principal testigo de los hechos- y de Marco Antonio Hernández, padre del occiso, dijeron en una carta al gobernador Francisco Garrido Patrón que han enfrentado acciones que obstaculizaron su labor jurídica, aplicadas por personal de la PGJE, como no obtener copias certificadas del expediente.

Además, los litigantes acusaron al Ministerio Público de negarles el derecho jurídico de firmar como abogados en dos diligencias.

Mariana Chávez, corresponsal