Empresas almacenarán 10 años operaciones en Internet y datos sobre llamadas
En Argentina, nueva ley pondrá bajo vigilancia a casi todos los ciudadanos
La norma, aprobada sin análisis, pasó casi inadvertida debido al silencio de los medios
Buenos Aires, 11 de abril. El Gran Hermano está aquí. Los sitios que visiten los internautas, los correos electrónicos que envíen y reciban y lo que digan en los chats dejará de pertenecer a partir del próximo 31 de julio al ámbito privado, debido a una ley que ha provocado en Argentina tanta inquietud como la recién votada ley antiterrorista.
Según esta norma, los proveedores de Internet deberán guardar 10 años esa información -no ha quedado claro bajo qué mecanismo- para entregarla a la Secretaría de Inteligencia del Estado, en caso de ser requerida por la justicia.
La ley de telecomunicaciones fue aprobada con poca transparencia el 17 de diciembre de 2003, cuando se realizaba la última sesión ordinaria del Senado, sin ser analizada en comisiones y sin debate parlamentario. Luego fue reglamentada con un decreto del Ejecutivo del 9 de noviembre de 2004.
Un gran silencio mediático hizo posible que, en una sociedad sensibilizada por la memoria de un pasado dictatorial y la impunidad que no permitió a la justicia cerrar cuentas, la norma pasara desapercibida.
Además de los proveedores de Internet, las empresas de telecomunicaciones y de telefonía móvil deberán almacenar datos sobre llamadas que se realicen y reciban, "en qué lugar se encontraba el aparato en el momento de la comunicación" y los tiempos de duración de éstas.
Nadie escapará del alcance del "espionaje legal". Los sitios visitados serán automáticamente archivados en registros privados, precisó ayer el diario Página 12. El Gran Hermano podrá saber con quién se mantuvo comunicación, con quién se chateó, el contenido de las comunicaciones y las páginas visitadas.
Las razones de seguridad que se argumentan para llevar a cabo este proyecto son el combate a la delincuencia, a los secuestros y al narcotráfico.
Pero los organizaciones humanitarias argentinas advierten de la "inevitable utilización para otros fines cuando el Gran Hermano mayor está exigiendo este tipo de leyes para controlar al mundo". Además, señalan, afecta los derechos civiles de los ciudadanos, por lo que presentarán demandas judiciales.
Ningún otro país tiene un acuerdo para almacenar información durante un plazo tan largo. La periodista Mariana Carbajal, de Página 12, recuerda: "la Directiva Europea sobre comercio electrónico prohíbe que se otorgue al proveedor de acceso la facultad u obligación de vigilar a sus clientes".
Directores de escuelas de comunicación, sindicatos y trabajadores de prensa advierten por su parte que se está ante una "grave fascistización que lleva un desmesurado control estatal, y como la ley antiterrorista (de telecomunicaciones) parece preparar la institucionalización de medidas que podrían dar hasta lamentable cobertura legal a cualquier dictadura".
"En la práctica no es más que el reconocimiento público de que todos los ciudadanos podemos quedar bajo vigilancia y, peor aún, que esa vigilancia estará a cargo de empresas privadas", advirtió Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre.
En un país en el que 30 mil personas fueron desaparecidas durante la pasada dictadura (1976-83) y dirigencias políticas, sindicales, estudiantiles y humanitarias fueron sometidas a controles y rastreos de inteligencia; donde la Operación Cóndor, la coordinadora criminal clandestina de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80, utilizó la intervención de las comunicaciones para localizar a sus víctimas, esta ley cuenta con un masivo rechazo.
Difícilmente algunas explicaciones del gobierno podrán reducir la indignación entre integrantes de organizaciones de derechos humanos, ante una ley que pone a todos bajo vigilancia, violando la intimidad. Como dijo a la prensa local el experto en informática Enrique Chaparro, "es el Gran Hermano: te controlo para que no hagas".