Los desaforadores y la legalidad como farsa
El PRIAN en la Cámara de Diputados cumplió sobradamente con los votos ofrecidos a favor del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Desde la lógica trastocada del principio "la ley es dura, pero es la ley", los legisladores aplicaron su máxima de la ignominia: "la consigna es dura, pero es la consigna". La sesión del 7 de abril pasado mostró en sus intervenciones la hegemonía del sometimiento del derecho a la política, pero no a cualquier política, sino a la de la transa y la marrullería. Afortunadamente el PRD esta vez actuó unido y con base en principios; también lo hicieron los representantes del Partido del Trabajo, los de Convergencia y algunos del Verde.
La reiterada "justificación" del atropello "en nombre de la ley" ignoró los argumentos jurídico constitucionales planteados desde la oposición al desafuero, tanto el de que no hay falta sin pena en virtud de la anómala situación que guarda el supuesto delito cometido, como el de que está prohibido aplicar sanciones penales por analogía; en este punto, los desaforadores se apoyaron en una jurisprudencia de la Corte que en contradicción de tesis asume tal posibilidad de manera inconstitucional. Es amplia la cadena de arbitrariedades contenidas en el dictamen de la sección instructora que con sus votos mayoritarios siguió a las que le presentó dolosamente la PGR, cuyo representante, más que limitarse a exponer los fundamentos de su acusación, cual moderno inquisidor, pretendió cuestionar políticamente a su acusado y darle cátedra sobre "legalidad"; el colmo fue que objetó que éste anote que se trata de una justicia selectiva, pues históricamente se han dejado impunes delitos graves, de lesa humanidad como el genocidio que comprende 1968, 1971 y la llamada guerra sucia de los años 70, además de las matanzas de El Charco, Aguas Blancas, Acteal y las centenas de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
En contraste, López Obrador leyó un texto en el que con dureza y sin concesiones denunció el contenido, sentido e implicación del golpe pactado, así como a sus responsables directos, no sin antes dejar claro el núcleo duro de su defensa jurídica: no ha cometido ningún delito y los hechos que se imputan no encuentran marco jurídico exactamente aplicable, además de no existir pruebas que respalden el hecho de que sea el jefe de Gobierno capitalino el presuntamente responsable de los mismos ni mucho menos haya actuado con dolo.
En ningún momento, ni siquiera de manera hipócrita, los desaforadores se atrevieron a valorar el principio de proporcionalidad referido al delito no grave que supuestamente se cometió, frente al impacto mayor que se provocaría a un gobernante electo, quien se presentó ante ellos después de encabezar una masiva concentración en el Zócalo, donde asumió la responsabilidad de pedir a la ciudadanía que junto con él resulta agraviada, que traduzca su protesta en acciones de resistencia civil y pacífica.
El juicio de procedencia para eliminar de la contienda de 2006 al político con mayor ánimo social favorable vulneró, además, los derechos fundamentales relativos a la presunción de inocencia de López Obrador, así como el que señala que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos: el jurado de procedencia, en los hechos, "cuando prejuzga juzga".Veamos: el dictamen establece que "ha lugar a proceder penalmente ya que se acreditó la existencia del delito y su probable responsabilidad" y acto seguido y en abierta contradicción anota que "las determinaciones en la declaratoria del dictamen no prejuzgan la existencia del delito y la probable responsabilidad penal para que las autoridades realicen las actuaciones pertinentes".
Los desaforadores, en su prisa por otorgar a su decisión los mayores alcances, se extralimitaron en los términos de su decisión y contrariamente a lo que señala el artículo 111 constitucional acordaron tanto el desafuero como la separación del cargo, decisión que correspondería a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por equiparación con las facultades de los congresos locales. Pese a que el diputado Pablo Gómez les hizo ver el error que cometerían, torpemente alegaron el texto de la ley reglamentaria sobre responsabilidades de funcionarios públicos, por encima del constitucional y, a falta de argumentos, hicieron valer su aplanadora. Ahora, como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver la controversia planteada por la Asamblea Legislativa.
Una vez asestado el golpe el PRIAN lo difunde y justifica mientras el foxismo vocifera su "triunfo" y empieza a pagar facturas, mientras la Santa Procuraduría de la Persecución, perdón, la PGR, administra sus tiempos. Todos ellos no se dan cuenta de que caminan desnudos, así les ven dentro y fuera del país. ¿Habrá un juez honesto que detenga esta canallada y haga coincidir la verdad real con la verdad jurídica, la justicia con la ley, la democracia con el derecho?