La organización Xi'Nich acusa a la delegada Martha Cecilia Díaz Gordillo
Encubren en Chiapas reubicaciones pacíficas con programas de la SRA
Palenque, Chis. 11 de abril. La organización indígena Xi'Nich (Las Hormigas) dio a conocer un análisis sobre la situación jurídica de sus comunidades en la selva norte de Chiapas, donde se evidencia el empleo faccioso de la impartición de justicia en beneficio de los caciques regionales y los terratenientes.
"A lo largo de varios años, la intromisión de las diversas residencias y visitadurías de la Procuraduría Agraria ha servido para desvirtuar la información jurídica que está obligada a dar en cuanto a los derechos que nos asisten como ejidatarios", expresan los indígenas. El caso típico es la pretensión "a toda costa" de imponer el programa de certificación de derechos agrarios conocido como Procede. De acuerdo con Xi'Nich, "los funcionarios agrarios son quienes violan la ley".
El documento menciona a la comisionada especial para Chiapas de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), Martha Cecilia Díaz Gordillo, quien "se ha presentado en numerosos poblados para tratar de convencer a los ejidatarios y ejidatarias de que acepten 'renovar' sus planos definitivos y demás documentación agraria. Este es el truco actualmente utilizado (por las autoridades) cuando no han podido entrar a dividir a las comunidades con el Procede".
El ardid de las demasías
Además de que la comisionada no tiene facultades para este tipo de acciones, "es aún menos válido amedrentar a los ejidos con el ardid de que 'tienen que devolver' las 'demasías' que casualmente siempre encuentra". El análisis de Xi'Nich apunta que las autoridades federales necesitan de estas "demasías" en los predios de las co-munidades para efectuar "las autodenominadas 'reubicaciones pacíficas' que se están realizando en Chiapas, y que no son otra cosa que despojo y desalojo para nuestras comunidades indígenas".
Los casos recientes se relacionan con "reubicaciones" en los poblados de Montes Azules. "Otra de las prácticas recurrentes de la mencionada funcionaria", agrega el documento, "es la de mal informar a las comunidades, diciéndoles que 'tienen problemas' de linderos con otras y haciéndolas dudar de la autenticidad de la documentación agraria o judicial que en su momento les fue expedita por autoridad competente".
La organización Xi'Nich señala: "En su momento denunciamos que los llamados fideicomisos 94 y 95 no solucionaban realmente la problemática de tierra que sufrimos en el estado de Chiapas, y es ésta la hora en que se demuestra que teníamos razón, pues a pesar de haber pasado 10 años, las comunidades que entraron (en-tonces) al programa gubernamental en la actualidad no cuentan con certeza jurídica sobre sus tierras."
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Esto trae como consecuencia "que los modernos terratenientes se vean con grandes oportunidades para que se vuelva a acumular la tierra en manos de unos cuántos, como en los tiempos del porfiriato".
A juicio de Xi'Nich, en el campo chiapaneco no existe la "certeza jurídica agraria" tan pregonada por la publicidad gu-bernamental, pues se ha generado una creciente inseguridad en los derechos agrarios ejidales y comunales. "Muchas veces las instancias de administración de justicia se encargan de confundir, atemorizar y dividir a las comunidades", indican.
Tal es el caso del poblado Cuauhtémoc Cárdenas, en Palenque, donde la sentencia judicial ganada por la comunidad en primera instancia fue revertida por la corrupción de tribunales de Pichucalco. Dada la proximidad de esta comunidad con la zona arqueológica, los indígenas no descartan que detrás de la embestida judicial haya intereses turísticos, los cuales han adquirido gran preponderancia en los planes gubernamentales y empresariales, poniendo en riesgo la propiedad ejidal y comunitaria, el medio ambiente y las culturas indígenas.