La ministra Olga Sánchez Cordero deberá emitir hoy su dictamen sobre el tema

División en la Corte por la controversia constitucional interpuesta por la ALDF

JESUS ARANDA

La controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en contra del dictamen de desafuero aprobado por la Cámara de Diputados fue turnada a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien hoy emitirá el dictamen sobre dicho recurso.

En caso de que la respuesta sea favorable para el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, ello implicaría que se concedería la suspensión solicitada y con ello sería reinstalado en su cargo, por lo cual la Procuraduría General de la República (PGR) quedaría impedida para consignar el asunto de El Encino ante un juez federal hasta que la Corte resolviera el fondo del asunto.

Sin embargo, sea cual sea la decisión de la ministra instructora, será el pleno de ministros el que resuelva en definitiva, ya que la parte que pierda interpondrá seguramente un recurso de reclamación sobre la decisión de Sánchez Cordero.

De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los ministros mantienen posiciones divididas al respecto.

Hay quienes piensan que la Corte debe aplicar el mismo criterio que cuando el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, interpuso controversia en contra de su destitución y el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano le concedió la suspensión, la cual lo mantiene hasta la fecha en su cargo, pese a que el Congreso de esa entidad ya resolvió iniciar juicio político en su contra, asunto que, por cierto, lleva más de diez meses sin resolverse, lo que favorece claramente al funcionario panista.

El viernes pasado la ALDF interpuso ante la Corte una controversia constitucional en contra de los efectos del dictamen en el que la Cámara de Diputados desaforó y destituyó de su cargo al jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El asesor jurídico de los asambleístas, Javier Quijano, señaló que el argumento central de la controversia radica en que si bien el artículo 111 constitucional prevé que la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia en contra de funcionarios con fuero, los legisladores "rebasaron los límites de su competencia", porque una vez que determinaron que había lugar para proceder penalmente contra López Obrador estaban obligados a remitir el dictamen a la ALDF, para que ahí se procediera como corresponda, "lo cual no ocurrió", además de que los legisladores tenían que limitarse a señalar si "ha lugar al desafuero, pero no a señalar que ha lugar a proceder penalmente contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, porque eso corresponde hacerlo al Poder Judicial de la Federación".

El artículo 111 constitucional precisa que "para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de Justicia de los estados (...) la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda".

Los asambleístas afirman que la Cámara de Diputados actuó ilegalmente al no notificar a la ALDF.

Sobre el particular hay también opiniones divididas entre los ministros, ya que unos consideran que la Corte ha sentado jurisprudencia acerca de que el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal es equiparable al de gobernador de un estado. De manera que la ALDF debió ser notificada.

Sin embargo, otros ministros consideran que la Constitución es clara al no mencionar en el citado artículo al mandatario capitalino.