Los empleados firman contratos en blanco y renuncias anticipadas
Denuncian graves abusos laborales en perforadora al servicio de Pemex
La JFCA pretendió "archivar" la demanda de trabajadores por la titularidad de su contrato colectivo, la cual está actualmente en manos de un sindicato blanco, acusan
Frente a inumerables violaciones a sus derechos laborales, trabajadores de cuatro perforadoras petroleras demandaron a su sindicato (afiliado a la CTM) para quitarle la titularidad de su contrato colectivo, y aun cuando autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje buscaron "archivar" el caso, llevaron la exigencia ante el tercer tribunal colegiado de circuito, el cual emitió una sentencia para que puedan cambiar de organización sindical.
Las cuatro perforadoras forman parte de una empresa contratista asociada a la firma trasnacional Japan Drilling Company, la cual tiene contratos millonarios con Pemex y brinda servicios en las plataformas marinas del Golfo de México.
No obstante los gigantescos negocios que tiene esta compañía, denominada Perforadora Central, a los trabajadores se les mantiene en condiciones laborales deplorables, ya que los obliga a firmar contratos en blanco y renuncias anticipadas, afiliarse a sindicatos blancos, trabajar sus descansos, no se les pagan prestaciones de ley, como aguinaldo y vacaciones, y se les tiene bajo amenazas, según la denuncia presentada en el expediente 172/04 de la JFCA.
La documentación presentada ante este medio por el representante de los trabajadores, Francisco Castillo, apunta que los salarios son excesivamente bajos y discrecionales, además no concuerdan con lo que se cotiza al Seguro Social e Infonavit, e incluso hay trabajadores que están en activo pero no son reportados al IMSS; además, el reparto de utilidades es tan irrisorio que hace suponer evasión fiscal de los contratistas; y se niega la antigüedad, ya que todos están contratados por obra determinada aun cuando tengan 15 o 20 años laborando.
Perforadora Central todavía contrata trabajadores a "prueba", las jornadas son de más de 12 horas, no se compensa ningún riesgo profesional, la capacitación es falsa y todo lo puede hacer porque está amparada por un sindicato blanco al cual obliga a sus trabajadores a afiliarse.
Ante ello los trabajadores presentaron ante la JFCA la demanda de titularidad de su contrato colectivo por medio del Sindicato de la Industria de la Construcción 16 de Julio; sin embargo, esta instancia, "en forma arbitraria e ilegal", ordenó que se archivara el expediente sin darle trámite, lo que impidió que se celebrara el recuento en las cuatro perforadoras.
El caso se llevó al tercer tribunal colegiado de circuito y éste, según una sentencia emitida el 17 de febrero de 2005, ordenó a la junta que admita la demanda de titularidad de este contrato en contra del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavación y Similares de la República Mexicana (Sitrace), afiliado a la CTM.
Para Francisco Castillo y el asesor legal de estos trabajadores, Manuel Fuentes Muñiz, resulta inaudito que trabajadores que quieren organizarse sindicalmente en este país tengan que recurrir a un amparo y obtengan un fallo favorable después de 7 meses para que continúe su juicio de titularidad. Los trabajadores, dijeron, ahora están a la espera de que la autoridad laboral señale fecha de audiencia para que se realice un recuento en forma secreta; no obstante, temen más trucos de los representantes de la compañía y de algunos funcionarios para negarles este derecho e incluso advierten que podrían darse actos violentos de los patrones.
Hasta el momento las amenazas no han quedado en eso; hay verdadero hostigamiento contra los trabajadores que se han atrevido a hablar e incluso la empresa despidió ya a Antonio González Bocanegra, Domeli Rodríguez Chevez, Andrés López López, Mauricio Pardo Jiménez, Leopoldo Bernabé Pinto, Francisco Javier Castillo Rivera, José Antonio Gallegos, Máximo Morales Landeta, Cliserio Domínguez Sánchez, Efrén Cámara Ruiz, Hernán Aguilar Méndez, Mauricio Castillo Jiménez y Oscar Torruco.
Los trabajadores ya acudieron a la Cámara de Senadores a denunciar estas violaciones y ante los legisladores solicitaron la realización de inspecciones federales de trabajo en las plataformas, así como revisiones en las que participen observadores de derechos humanos y laborales, pero que no estén "amañadas", como las que han realizado funcionarios de la Secretaría del Trabajo, que fueron ejecutadas de acuerdo con los intereses de la empresa e incluso fueron utilizadas para despedir a quienes se atrevieron a hablar, señaló Francisco Castillo.