Usted está aquí: lunes 11 de abril de 2005 Política Se salva el dueño de Canal 40 de ir a la cárcel; juez niega orden de aprehensión

Defraudación fiscal, cargo con el que la PGR pretende detener a Moreno Valle

Se salva el dueño de Canal 40 de ir a la cárcel; juez niega orden de aprehensión

Pese a que se comprobó el delito, no se demostró la responsabilidad del empresario

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Cuatro escrituras públicas libraron de la cárcel a Francisco Javier Moreno Valle, dueño y presidente de Corporación de Noticias e Información (CNI) Canal 40, ya que con base en esos documentos notariales el juez sexto de distrito en materia penal del Reclusorio Oriente, Alejandro Caballero Vértiz, negó el pasado 22 de febrero a la Procuraduría General de la República (PGR) una orden de aprehensión en contra del empresario acusado de presunta defraudación fiscal por más de 3 millones de pesos, cometida del 1º de junio al 31 de octubre de 2000.

De acuerdo con la causa penal 9/2005-IV, a la que tuvo acceso La Jornada, el juzgador determinó que aun cuando el Ministerio Público Federal (MPF) sí comprobó el cuerpo del delito mencionado, "la responsabilidad penal (de Moreno Valle) no se encuentra acreditada ni siquiera indiciariamente, pues ninguna de las constancias que integran el sumario es apta para demostrar que del primero de junio al 31 de octubre de 2000 dicho inculpado detentara el carácter de administrador único de la persona moral de marras (Canal 40) adjudicado por la querellante".

En ninguna de las cuatro escrituras públicas que presentó la defensa legal del empresario (145 mil 568 de 28 de abril de 1992, 42 mil 781 de 18 de agosto de 1995 17 mil 592 de 21 de abril de 1997 y 19 mil 573 de 26 de enero de 1998) se indica que Moreno Valle fuera el administrador general de la televisora durante el periodo en que la empresa presuntamente no enteró al fisco un millón 606 mil 158 pesos del impuesto sobre la renta (ISR) y un millón 592 mil 71 pesos del impuesto al valor agregado (IVA).

El juzgador determinó en 24 horas negar la aprehensión del inculpado, y con su resolución salvó a Moreno Valle de pisar la cárcel, ya que el delito que se le imputa es considerado grave y sin derecho a libertad provisional bajo fianza. De hecho, el cargo, según refiere el artículo 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación, se castiga con entre tres a nueve años de prisión.

Sin embargo, el dueño de Canal 40 aún no puede cantar victoria, ya que la PGR interpuso una apelación que actualmente revisa el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del tercer tribunal unitario del Distrito Federal.

La resolución

Según consta en el documento judicial firmado por el juez Caballero Vértiz el pasado 22 de febrero a las 16 horas, las pruebas antes mencionadas "permiten afirmar que Moreno Valle no se ubica en las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión de la conducta que se le atribuye como delictiva, al ponerse de manifiesto la ausencia de por lo menos indicios que conlleven a determinar como probable que dicha persona fuera administrador único dentro del lapso señalado (junio a octubre de 2000) en la querella y pliego de consignación.

"Por lo anterior (...), lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada por el agente del MPF consignador, debiéndose devolver por conducto de su homólogo de la adscripción las constancias de la subsecuentes actuaciones efectuadas con motivo de la consignación respectiva", puntualiza el resolutivo.

El caso comenzó el 19 de noviembre de 2004, cuando Eduardo Sodi Carmona, director de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal, denunció al empresario televisivo ante la PGR por retener impuestos deducidos a sus trabajadores y clientes.

Hacienda consideró que Moreno Valle engañó al fisco al no reportar el 15 por ciento del IVA de los pagos de sus clientes, ni el porcentaje de ISR, de 25 a 30 por ciento, que descontaba a sus empleados en el Canal 40.

El 22 de noviembre, Lucía Figueroa y Miguel Hernández, miembros del Servicio de Administración Tributaria entregaron a la PGR un dictamen contable del presunto daño causado al fisco.

El 4 de enero los peritos de la PGR Sergio Alvarado Reyes y Fabiola Matías Estanfer confirmaron que el monto del daño causado al erario era de 3 millones 198 mil 219 pesos.

 
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