No hay resultados para los más de 600 desaparecidos en Atoyac, expresan ONG

Guerrerenses, "defraudados" por Fox y la Femospp

Organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos consideran que a tres años de creada la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), los guerrerenses se sienten defraudados por el presidente Vicente Fox y esa fiscalía, pues no hay resultados para los más de 600 desaparecidos en Atoyac.

Graciela Mijares, de Unidad Obrera y Socialista; Alicia de los Ríos, del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua; Julio Mata, de Afadem; Blanca Hernández, del Comité Diego Lucero; el Comité Amigos de Puerto Rico; Son de Maíz; el Frente Popular Francisco Villa Independiente y otras organizaciones sostienen que la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa ha dicho al fiscal: "No hay resultados", y esa opinión es compartida por familiares de Michoacán, Chihuahua, Jalisco y el Distrito Federal.

Esas organizaciones hicieron un balance elaborado por la Femospp y destacan que a tres años de su creación "de los 532 casos de detenidos desaparecidos que le turnó la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo ha consignado seis casos". Los familiares de los detenidos desaparecidos de la década de los 70 y 80 aseveran que las resoluciones jurídicas que ha adoptado la PGR "son sólo palabras y papeles con que encubre a las instituciones y a los altos mandos involucrados en las desapariciones forzadas".

Las agrupaciones sostienen que la forma en que trabaja la fiscalía ha permitido que los culpables se escondan y escapen, por eso están prófugos; en cambio, a los cientos de presos políticos y comunes del país, a la mayoría no se les avisa o notifica y ni siquiera tuvieron la posibilidad de conocer con antelación la averiguación previa en la que se les implica y dónde podrían haberse enterado de su calidad de indiciado, es decir, que los iban a detener. "Ejemplo de ello es la detención de los hermanos Cerezo."

Aseveran que los obstáculos para que se imparta justicia radican en los privilegios que conceden a las fuerzas armadas de México las leyes e instituciones, su interpretación, la forma de trabajo, así como la negativa a desarrollar diligencias que permitan escalar la cadena de mandos. Ante esto concluyen que el trabajo del titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto, y los jueces para que se imparta justicia, lleva a la impunidad de las elites.

Hacen notar las organizaciones que el fiscal podría ampararse contra las fuerzas armadas por la negativa a entregar los archivos e información relacionada con "nuestros familiares, pero, ¿por qué no lo hace?, ¿por qué no denuncia que las diligencias realizadas en los campos militares han sido obstaculizadas y circunscritas al ámbito que el Ejército impone? Estos son claros ejemplos de la impunidad, de la connivencia y complicidad entre las instituciones y de quienes las representan".