Unión de Juristas
Se usa el derecho para perseguir a opositores, afirma
El tema de Nahúm Acosta Lugo, ex funcionario de Los Pinos que fue acusado de ser presunto narcoespía y sin embargo fue liberado el pasado sábado del penal federal de La Palma, "demuestra que actualmente siguen dándose viejas prácticas de los regímenes priístas, cuando la procuración de justicia y el derecho penal se utilizaban como instrumentos para perseguir a opositores políticos", aseguró Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México (UJM).
"En este sexenio se sigue la misma tendencia; eso se demuestra también con el caso de Andrés Manuel López Obrador, de manera particular; mientras el hecho de que Acosta Lugo haya obtenido su libertad por falta de elementos para procesarlo justifica los reclamos de varios juristas respecto de que la Procuraduría General de la República (PGR) actúa por consigna, y que, más que cuidar el derecho y la justicia, atiende fines políticos del régimen en turno", refirió Miranda Esquivel.
Entrevistado telefónicamente sobre la exoneración que un juez federal hizo el pasado sábado en favor del ex funcionario de la Presidencia por falta de elementos para procesarlo por su presunta colaboración con narcotraficantes, el litigante refirió que "una vez más la PGR ha quedado en entredicho", y de inmediato se refirió al desafuero del jefe de Gobierno capitalino.
"Nosotros hemos estado documentando reiteradamente cómo la PGR actúa por consigna política no sólo ahora en el caso de Nahúm Acosta, sino fundamentalmente en el de Andrés Manuel (López Obrador), a quien es claro que se quiere sacar de la contienda presidencial de 2006", puntualizó Miranda Esquivel.
Dijo que en ambos casos "hay presunción cada vez más fuerte para decir que es muy probable que tanto Acosta Lugo como López Obrador efectivamente son víctimas de una injusticia y de la acostumbrada prefabricación de delitos de la procuraduría".
Refirió que Acosta Lugo puede exigir indemnización a la PGR, ya que las leyes así lo establecen, siempre y cuando logre acreditar "conductas administrativas lesivas o delictuosas" en su perjuicio, por los funcionarios que integraron la averiguación previa.