DILEMAS DE LA DEMOCRACIA

La competencia económica y la política distan de ser idénticas en una democracia. La primera es una lucha por conquistar ventajas materiales y pecuniarias por medio del intercambio mercantil. La segunda es una lucha por la autoridad, y de manera más precisa, por el ejercicio legítimo de la autoridad pública; es una lucha por conquistar los derechos formales (y sin duda también informales) de tomar decisiones en nombre de la sociedad.

Una condición para que la competencia política ocurra bajo condiciones democráticas y no afecte negativamente las condiciones de la competencia económica creando incertidumbre, es que todos los grupos puedan canalizar sus reivindicaciones a través de instituciones que establezcan claramente --y al mismo tiempo hagan valer de manera efectiva-- reglas y normas aceptadas como legítimas por todos los actores. Esta condición es indispensable para la competencia política en democracia: sólo así los diversos grupos sociales, económicos y políticos aceptarán someter sus intereses particulares al veredicto de las instituciones, pues éstas son una garantía incuestionable de inclusión y participación, y no, por el contrario, de exclusión y avasallamiento.

La confianza en las instituciones, siendo intangible, es un activo social, un auténtico bien público. Se construye en el tiempo por medios y mecanismos que no están preestablecidos en ningún manual académico o de procedimientos, como esos a los que es tan afecta la tecnocracia. Es un atributo que se construye en los hechos, no con teorías ni por decreto. Un orden institucional democrático no elimina ni anula los conflictos, únicamente los arbitra asegurando igualdad de tratamiento a los actores y ofreciéndoles la seguridad de que seguirán participando en el juego político.

Con las elecciones de 2000 se abrió en México la perspectiva de que el orden institucional empezaría a evolucionar en dirección de este modelo. Cuatro años después son muchas las evidencias de que más bien hemos caminado en sentido contrario. Invocando la defensa del Estado de derecho, los actores políticos en su conjunto y los principales beneficiarios del modelo económico vigente, socavan sin recato y sin medida las bases de la convivencia democrática. Todos utilizan sus posiciones de poder buscando la exclusión de sus competidores y contrincantes. El resultado está a la vista; el grado de credibilidad de varias instituciones clave en un proceso de transición política y modernización económica está francamente a la baja entre los ciudadanos: la presidencia de la república, el poder legislativo, el judicial, los partidos políticos, las instituciones bancarias, para sólo mencionar algunas de las más significativas.