Editorial

El codo borra lo que escribe la mano

En la sesión de la Cámara de Diputados donde se decidió desaforar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, el coordinador de la bancada perredista observó al presidente de la mesa directiva, Manlio Fabio Beltrones, que sólo se podía votar por el sí o por el no, y no se podían incluir de contrabando los argumentos de la declaratoria y el dictamen. Además de que la declaratoria señala que Andrés Manuel López Obrador sólo debe dejar su cargo cuando esté sujeto a proceso penal, como indica la Constitución. Sin embargo, Beltrones puso a votación un dictamen que establece que aquél cesa de inmediato como jefe de Gobierno a partir de que se tome una decisión parlamentaria.

La observación del PRD puso al desnudo una trampa violatoria de la legalidad y provocó confusión en la mesa directiva de San Lázaro, que terminó por llevar a votación el dictamen con sus conclusiones.

De este modo, no sólo se quitó el fuero a López Obrador, torciendo los preceptos jurídicos, sino que también se perpetró una ilegalidad al separarlo de su cargo.

Por consiguiente, de acuerdo con la Constitución, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo jefe de Gobierno, y la aberración cometida por los diputados que aprobaron el dictamen ha suscitado un conflicto legal, porque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no sólo le reconoce ese carácter, sino que también rechaza el desafuero.

Por si fuera poco, ahora el propio Beltrones intenta enmendar su error y reconoce que López Obrador sigue siendo jefe de Gobierno. Y para no quedarse atrás, el coordinador panista, José González Morfín, cuyo partido festejó el desafuero como hecho consumado, sostiene que el dictamen sólo establece que ha lugar a proceder penalmente contra aquél. Es decir, que debe esperarse una decisión del Poder Judicial para que la jefatura de Gobierno capitalina quede vacante.

Así, se debilita aún más la presunta legitimidad de un acto político disfrazado de proceso legal, mal pergeñado y organizado. Y la trampa se vuelve contra sus organizadores que, en teoría, podrían ser sometidos a juicio político, según afirmó el doctor en derecho constitucional Raúl Carrancá y Rivas.

En este contexto, en la opinión pública se fortalece la idea de que el desafuero del gobernante capitalino es un golpe de Estado preventivo, perpetrado por el foxismo contra un aspirante a la Presidencia que si bien encabeza las preferencias electorales en las encuestas, podría perder en las urnas sin necesidad de que se utilicen golpes bajos político-judiciales en su contra.