"Democracia consociativa"
El secuestro de la democracia por la oligarquía de siempre ha llevado a que en América Latina se acuñe el concepto de "democracia consociativa". Por él se entiende el acuerdo al que llegan los grupos de poder económico y político, de dentro y de fuera, para acotar en función de sus intereses y visiones la democracia representativa, haciendo caso omiso de las demandas populares y utilizando para ello el derecho y la ley. Algo semejante a la "democracia controlada" o "democracia de baja intensidad" que desde la década de los 70 impulsó a sangre y fuego el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, sin ninguna consideración a la lucha civil.
Las circunstancias jurídicas y políticas del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, nos introduce peligrosamente en esa fase, pues éste tuvo la honestidad de señalar con valentía en la Cámara de Diputados que un empresario le contó que el 10 de junio del año pasado un "grupo compacto de intereses creados" señaló al Presidente (en la casa de Rómulo O'Farril): "Nos has quedado mal. No has podido llevar a cabo las privatizaciones ni la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa; ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la Presidencia". Si esto es así, el hecho configura lo que en la doctrina de los derechos humanos se considera técnicamente como una arbitrariedad y una desviación de poder -como señaló desde el pasado 27 de marzo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todos, integrada por 54 organizaciones-, que comprometen nuestra democracia y conculcan gravemente los derechos políticos no sólo del jefe de Gobierno, sino también los de la mayoría de los habitantes de la ciudad, y, por lo que afirman las encuestas, de los ciudadanos del país.
La jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció, en efecto -en 1990 y en 1994-, que "no se debe equiparar el concepto de arbitrariedad con el de contrario a la ley, sino debe interpretarse de manera más amplia, a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como también el principio de garantías procesales". Todo lo cual parece verificarse en el proceso contra López Obrador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció, por su parte, en la resolución del caso del general Gallardo, que "la desviación de poder es un abuso de mandato, un abuso de derecho. Puede un acto administrativo haber sido realizado por el funcionario competente con todas las apariencias de regularidad y, sin embargo, este acto discrecional realizado, que el funcionario cualificado tenía el derecho estricto de realizar, puede estar afectado de ilegalidad, si su autor ha usado sus poderes para un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos..."
Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había ya establecido en su Observación General 25, párrafo 16, relativa al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que: "Las razones para la destitución de los titulares de cargos electivos deberían preverse en disposiciones legales basadas en criterios objetivos y razonables, y que comporten procedimientos justos y equitativos". El jurado de procedencia de la Cámara de Diputados no parece haber garantizado tal procedimiento, pues de antemano ya se conocía cuál iba ser el sentido del voto de la bancada del Partido Acción Nacional, y también, antes de que se escuchara al jefe de Gobierno, esa misma mañana se anunció que, salvo una honrosa excepción, toda la bancada del Revolucionario Institucional votaría en favor del desafuero.
Por ello, para muchos analistas políticos, estamos regresando a épocas anteriores de nuestra democracia, en las que, en situaciones graves para el futuro de las grandes mayorías del país, los partidos mayoritarios sí sabían ponerse mutuamente de acuerdo, comprometiendo así su gobernabilidad y estabilidad. Por eso es de alabarse el llamado que el pasado jueves por la mañana hizo Andrés Manuel López Obrados a un movimiento nacional de resistencia civil pacífico, con el propósito de no deslegitimar ni prestarse a la deslegitimación de las demandas justas de la sociedad.
"Nada de violencia -dijo con madurez y responsabilidad-. Nada de caer en provocaciones. Este movimiento es, ha sido y será pacífico. Tenemos la mayoría. Sólo acuden a la fuerza los que no tienen la razón. Movimiento de resistencia civil pacífica, hacer lo contrario significa actuar en la lógica de los adversarios". Ante la insensibilidad e irresponsablidad de la mayor parte de los actores políticos, es la hora madura y responsable de los actores sociales