El uso de la justicia con fines políticos, atentado a los derechos humanos, subrayan
Destacan ONG inconsistencias jurídicas
Organizaciones sindicales y de defensa de los derechos humanos calificaron de una medida "arbitraria y aberrante" el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que la utilización "selectiva" de la ley no sólo violenta las normas jurídicas nacionales, sino también los tratados y acuerdos internacionales suscritos por México que garantizan el principio de la presunción de inocencia y el pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.
David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expuso las razones políticas que promovieron el desafuero del jefe de Gobierno y el ''uso indebido de la ley para fines que nada tienen que ver con la aplicación de la justicia''.
El torcimiento de la ley con fines políticos violenta las garantías fundamentales reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, artículo 25, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, "donde se establece que nadie es culpable hasta que se pruebe su responsabilidad fuera de toda duda, por lo que la suspensión de los derechos políticos de un ciudadano sólo debe aplicarse cuando existe sentencia de un juez y no antes''.
En entrevista por separado, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, destacó que la falta de concordancia entre la Constitución y los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos suscritos por México "hace posible que un ciudadano pierda sus derechos políticos desde el momento en que se le dicta auto de formal prisión y no cuando existe una sentencia en su contra, como lo garantiza la presunción de inocencia, ya que una autoridad no puede presuponer la culpabilidad de un ciudadano".
Indicó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México en marzo de 1981, establece, en el artículo 23, que los ciudadanos tienen la potestad de votar y ser votados en elecciones auténticas, las cuales garanticen la voluntad de los electores, y además establece el acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
El defensor de derechos humanos destacó que muchos de los retrocesos que hoy enfrenta la aplicación de estos mecanismos internacionales reflejan "la mentalidad del antiguo régimen que quiere ejercer un uso discrecional de los acuerdos y tratados suscritos en materia de derechos humanos, pues en el caso de López Obrador se pretende utilizar una supuesta culpabilidad para privarlo de sus derechos políticos y no del resultado de un proceso jurídico apegado a derecho".
Apoyo de trabajadores
Francisco Hernández Juárez, integrante de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), manifestó su rechazó a una medida "arbitraria con la que se busca encubrir el abuso de poder de un pequeño grupo de políticos y empresarios".
Agregó que tras el desafuero de López Obrador, las organizaciones sindicales se suman al llamado por la defensa "del México democrático, pero con plena independencia partidista".
El líder del sindicato de telefonistas anunció que el 13 de abril la UNT presentará un manifiesto oficial y definirá en qué acciones ''podría existir colaboración, sin que ello implique el apoyo a un determinado partido o candidato''.
Al respecto, José Antonio Almazán, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, indicó que más allá de la aplicación de un proceso de desafuero "plagado de irregularidades", lo que está en juego es la posibilidad de impulsar un nuevo proyecto de nación, por lo que exhortó a organizaciones sociales, obreras y campesinas a sumarse a un esfuerzo de coordinación nacional que abone a la consecución de ese objetivo.