Debió turnarse a la ALDF, coinciden constitucionalistas

El dictamen, susceptible de ser modificado: expertos

La Corte podría ordenar que López Obrador siga en el cargo

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Para los abogados constitucionalistas Arturo Zaldívar y Luis Argüelles, el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados el pasado jueves, en el que se ordena el desafuero y destitución inmediata del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, es susceptible de ser modificado mediante una controversia constitucional, e incluso cabe la posibilidad de que por medio de una suspensión la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordene que, en tanto no se resuelva el fondo del juicio controversial, el político tabasqueño no sea separado del cargo ni pueda ser consignado penalmente.

El también constitucionalista Clemente Valdés -quien no coincidió plenamente con las opiniones de Zaldívar y Argüelles, pues consideró que hay pocas probabilidades de que por la vía de la controversia se obtenga una suspensión- indicó que los legisladores federales violaron la Constitución al excederse en sus facultades y acordar la destitución de López Obrador, aun cuando el artículo 111 constitucional establece que eso sólo puede ocurrir hasta que un funcionario desaforado quede sujeto a proceso penal, lo cual no ha ocurrido en el caso del jefe de Gobierno.

Valdés criticó la determinación "absurda" del Poder Legislativo con la que se pretende eliminar a un aspirante presidencial, y advirtió que esa decisión ocasionará "inestabilidad política y económica" en el país. "Por lo pronto ya provocó que ayer (el jueves) la Bolsa Mexicana de Valores fuera manipulada, debido a que es una bolsa chiquita y que sabemos que la maneja una persona que se llama Carlos Slim (dueño de Grupo Carso)".

Entrevistados por separado, los tres litigantes coincidieron en que aun cuando estuviera acreditado el hecho de que López Obrador violó una suspensión de amparo, el presunto delito no es de una gravedad tal que requiera que el inculpado sea encarcelado, sobre todo porque esa posibilidad "pone en riesgo la estabilidad política del país", ya que se trata de uno de los aspirantes a la Presidencia de la República con mayores posibilidades para ganar.

"No hay antecedentes que yo conozca donde se haya ejercido acción penal contra un funcionario público de la talla de un gobernador por violación a una suspensión. Además hay algo que no fue analizado por los diputados federales, ya sea por desconocimiento o por consigna: la declaratoria de procedencia no es una obligación jurídica, es una decisión, y habiendo ciertos elementos jurídicos la Constitución permite que los legisladores hagan un análisis político sobre las repercusiones que trae consigo cualquier desafuero, pero no se hizo", puntualizó el doctor Arturo Zaldívar.

Agregó que ahora el asunto está en manos de la Corte, "y no veo por qué no se pueda admitir la controversia (que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contra la Cámara de Diputados), se conceda una suspensión, se entre al fondo del asunto y al final del juicio controversial los ministros le den claridad a lo que es la base de todo el problema: la dificultad de interpretar correctamente un texto constitucional que fue mal redactado, contiene términos confusos y provoca confrontación entre poderes".

Luis Argüelles indicó que existe jurisprudencia de la Corte en el sentido de que el cargo de jefe de Gobierno es equiparable al de gobernador, por lo que "es falso ese argumento de que no aplica la controversia de los asambleístas porque López Obrador no es titular de un Poder Ejecutivo estatal. La Cámara de Diputados en ningún momento debió destituirlo, simplemente porque no está facultada para ello; lo que debió hacer es enviar el dictamen a la Asamblea para que los diputados locales determinaran lo que corresponda, tal como lo establece el 111 constitucional".

Clemente Valdés indicó que aunque parece claro que en el caso de El Encino hubo desacato judicial, "eso de ninguna manera es pretexto para que la Corte se enfurezca, empiece a requerir a la Procuraduría General de la República para que actúe penalmente contra el 'gran delincuente violador de la ley', y finalmente (Mariano) Azuela (presidente de la Suprema Corte) vaya a ver al presidente (Vicente Fox) para exigirle que se haga respetar la ley, y que como López Obrador no cumplió con ella lo que procede entonces es que se le aplique la ley con todo rigor. Y si no, ¿por qué fue Azuela a Los Pinos en abril de 2004 en forma secreta?", se cuestionó el litigante.