¿Caballo de Troya en el INAH?
En inusual carta de renuncia, Sergio Raúl Arroyo García, director general saliente del Instituto Nacio-nal de Antropología e Historia (INAH), señaló los múltiples desacuerdos con la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), Sari Bermúdez, quien habría ejercido una "presión sistemática, más allá de sus atribuciones de coordinación, para interferir en programas y proyectos sustantivos del instituto, desconociendo su autonomía técnica, hecho aparejado a la voluntad de minimizar los créditos en cuanto a su trabajo técnico y académico. Resulta ominoso el procedimiento con el que el consejo ha pretendido materializar su marco legal, soslayando la necesaria discusión de sus contenidos con las comunidades culturales del país".
El-director-forzado-a-renunciar arguyó también como causa de su decisión las limitaciones presupuestales "que han llegado a su punto crítico en 2005" y la "pobre gestión del CNCA para la resolución de problemas estructurales, como es el caso de los pasivos que afectan año con año los ejercicios presupuestales del INAH, impactado negativamente el desa-rrollo de sus tareas prioritarias", y concluye resaltando "un grave deterioro en el ejercicio de gobierno en el subsector cultura, donde la incondicionalidad y la obediencia ciega han querido sustituir al diálogo y al respeto".
Similares críticas, aunque desde la perspectiva de la comunidad académica y de los trabajadores técnicos, administrativos y manuales, han venido haciéndose durante estos años a la gestión de Sari Bermúdez y a la existencia misma del CNCA, al que se considera espurio en su origen por descansar en un mero acuerdo presidencial y el cual, según los dirigentes sindicales del INAH, "ha usurpado las funciones sustantivas de instituciones con enorme raigambre cultural, autoridad legal y sólida presencia académica. Asimismo, la acción intermediaria del CNCA ha generado graves trastornos administrativos y sustracción de los escasos recursos destinados a las instituciones de educación y cultura. Sobra decir que dicha política ha afectado de manera considerable la buena marcha de nuestras instituciones en sus tareas sustantivas relacionadas con la investigación, protección, conservación y difusión del vasto patri-monio cultural de México (La Jornada, 2 de abril de 2005)."
Rápidamente, sin la mínima consulta institucional, y con la bendición de la presidencia del CNCA y apoyos del sector empresarial, fue designado Luciano Cedillo nuevo director del INAH. Este nombramiento (¿de Bermúdez?, ¿del secretario de Educación Pública?, como establece la ley) motivó inmediatamente preocupaciones fundadas en diversos sectores del INAH, pero particularmente en el académico.
Se cuestiona, en primer término, la forma vergonzante de su propio nombramiento, realizado en el contexto de un conflicto largamente conocido entre su predecesor en el cargo y la presidenta del CNCA.
Se menciona también la amenaza que representa un proyecto de ley encaminado a quitar atribuciones y la rectoría nacional sobre el patrimonio cultural al INAH, que está negociando Bermúdez en la Secre-taría de Educación Pública. Este proyecto de ley no ha sido consultado a la comunidad de la cultura ni a la sociedad en general, y versiones del mismo han sido ampliamente criticadas por especialistas en el tema.
Es poco probable que Cedillo no estuviese al tanto del cambio que se preparaba y que él sería el sustituto de un director rebelde a los lineamientos de Bermúdez. En la institución se considera que la forma de su designación, obviamente instrumentada desde el CNCA, es el presagio de una gestión que protegerá los intereses de su presidenta antes que los del INAH.
Se recuerda también su participación activa, desde su cargo como director de la Escuela Nacional de Restauración, en el frustrado intento del ex senador Mauricio Fernández Garza de reformar la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución, misma que desde el momento de su presentación provocó el rechazo de colegios y áreas científicas y técnicas, de docencia e investigación del INAH, que señalaron sus omisiones, ambigüedades, imprecisiones e incongruencias en la concepción del patrimonio cultural, y afirmaron que su propósito era privatizar el patrimonio cultural de la nación. Cedillo promovió unos talleres para debatir esta iniciativa con base en una posición ambigua, que para muchos investigadores constituyó una forma de apoyo. De acuerdo con informaciones, el nuevo director ha vertido opiniones consideradas pragmáticas con relación al uso comercial del patrimonio cultural que resultan inquietantes en la situación actual.
En las primeras reuniones del flamante director con los organismos sindicales se exteriorizaron interrogantes sobre cuál sería su posición con respecto a una eventual reforma constitucional que afectara al INAH y sobre sus relaciones con el CNCA. También preocupan el desconocimiento y las posiciones de Cedillo sobre las tareas de investigación que se llevan a cabo en la institución, dado que su carrera de funcionario no ha estado relacionada con esta área fundamental.
Ya en 1999, la investigadora del INAH Mechthild Rutsch había escrito un artículo llamando la atención sobre la manera en que algunos funcionarios de la propia institución, que han mostrado desprecio a las opiniones de la comunidad científica y apoyado el proyecto neoliberal, podrían actuar como un "caballo de Troya" contra los intereses nacionales y las tareas sustanciales de la institución. ¿Será ése el papel del nuevo director?