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Editorial
La revisión realizada por la Auditoría Superior
de la Federación al ejercicio de los recursos públicos, que ascienden a más
de 33 millones de pesos, dados a la agrupación ultraderechista Pro Vida en
2003, confirman las irregularidades denunciadas desde el año pasado por diversas
organizaciones civiles.
El informe es tan contundente
que no deja lugar a dudas sobre las faltas cometidas por los representantes
de esa organización, e incluso va más allá al detectar fraudes en la comprobación
de los gastos con el uso indebido de facturas y sobreprecios de las adquisiciones.
Y aún más, el reporte establece vínculos entre los socios de Pro Vida con
algunos de sus proveedores, como es el caso del mismo Jorge Serrano Limón
con la empresa Importaciones Girón, de la cual es accionista.
Una
de las conclusiones de la ASF es que hay motivos suficientes para interponer
una denuncia penal contra los representantes legales de Pro Vida. Quienes
se erigieron a sí mismos en guardianes de la moralidad pública resultaron
corruptos. No hay pues excusas. La Secretaría de Salud y la Lotería Nacional,
instituciones que otorgaron los recursos, deben actuar en consecuencia y
presentar, respaldadas por ese dictamen, la denuncia penal.
Por
su parte, la Cámara de Diputados deberá establecer responsabilidades contra
Luis Pazos, actual director de Banobras, quien desvió partidas del presupuesto
público 2003, cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto de la cámara
baja, para beneficiar con 30 millones de pesos a Pro Vida. Se ha demostrado
que ese desvío se realizó de manera indebida. Sólo de esta manera los actores
de esas acciones fraudulentas no quedarán impunes.
No
cabe duda que el dictamen de la ASF representa un triunfo de la transparencia
y vigilancia ciudadana ejercida por las asociaciones civiles GIRE, SIPAM,
FUNDAR, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Equidad de Género y Letra
S. |