Editorial
Golpe contra todos
El día de hoy, la bancada panista y la mayoría de la priísta de la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia para destituir al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se aprestan a dar un golpe gravísimo de muchas bandas. Si el amañado proceso de desafuero concluye como está previsto por sus organizadores, es decir, con la remoción del cargo del gobernante capitalino, se habrá desvirtuado la voluntad popular que llevó al poder a López Obrador por medio del sufragio libre y democrático.
Se pretende cancelar, también, el derecho del político tabasqueño a participar en los comicios presidenciales del año entrante, y el de los ciudadanos que han decidido votar por él y quienes, según todos los sondeos, conforman la mayoría del electorado. Pero el doble fraude electoral, a posteriori y a futuro, en que se traduce la conjura jurídico-parlamentaria contra el jefe de Gobierno capitalino, es sólo una de las significaciones del desafuero.
Quienes otorguen su voto a la cancelación de los derechos políticos de López Obrador estarán votando, también, contra la estabilidad política e institucional; contra la certidumbre económica y financiera, de por sí precaria; contra la imagen y la percepción de México en la comunidad internacional, y a favor de la cancelación de las posibilidades de participación democrática en el país. Sobre esto último, cabe preguntarse con qué certeza y con qué cara podrá llamarse a los sectores que desconfían de la vía electoral a que participen y ganen contiendas sólo para ser despojados de sus cargos de representación popular en cuanto su gestión resulte incómoda a quienes se consideran verdaderos dueños del poder; es decir, la alianza formada por lo más reaccionario del PAN, lo más corrupto del PRI y el grupo de presión político-empresarial cohesionado por sus complicidades en torno de Carlos Salinas.
Es obligado cuestionar qué legitimidad podría tener la elección presidencial del año entrante si se realiza en ausencia del ciudadano mejor situado para ganarla, y si su ausencia es consecuencia de un proceso judicial turbio, basado en delitos fabricados y en historias falsas, como las que difundió la PGR sobre el supuesto desacato del gobierno capitalino a una orden judicial en torno al predio El Encino.
En el contexto de la ya evidente disputa con la realidad que sostiene el gabinete en funciones, el gobierno federal sigue pronunciando alegatos de normalidad y calma chicha, mientras en los ámbitos de la especulación financiera, a los que debe fidelidad la presidencia foxista, se acusan señales de alarma por la irresponsabilidad y la torpeza del manejo político.
La percepción del desafuero como una maniobra inescrupulosa y desaseada que coloca en la antesala del derrumbe a la precaria institucionalidad democrática no es necesaria ni exclusivamente perredista u opositora. La comparten los analistas de Wall Street, las grandes corredurías financieras y The Washington Post, diario que advirtió en su editorial de ayer que "la descalificación de López Obrador sería un desastre para el sistema político mexicano y para su estabilidad a largo plazo", y exhortó a los diputados del Presidente panistas, priístas, y uno que otro que da su voto al mejor postor a "abstenerse de cometer una injusticia" y a escuchar a sus representados, los ciudadanos mexicanos, que en su enorme mayoría condenan la canallada en curso. El Credit Suisse First Boston expresó por su parte que el desafuero "es un claro intento de grupos con intereses especiales de descarrilar la candidatura del político más popular por medios por demás cuestionables y ante la amplia oposición de la mayoría de los mexicanos".
En el presente sexenio, la Cámara de Diputados la correspondiente a la pasada legislatura cometió un error garrafal, histórico e imperdonable, al desperdiciar la posibilidad de legislar la plena incorporación de los pueblos indios a la institucionalidad política del país. Ese yerro ha perpetuado de manera absurda las injusticias ancestrales sobre ese sector de la nación y ha colocado al México oficial en un patético inmovilismo disimulado de cuando en cuando con visitas demagógicas del presidente Vicente Fox a algunas comunidades frente a la porción irrenunciable del México real que son los indígenas mexicanos.
Ahora, el órgano legislativo se prepara para cometer un desatino igualmente grave: remover a un gobernante de su cargo por la única razón real de que su alta popularidad molesta y exaspera al círculo presidencial, a la dirigencia nacional priísta y al salinismo. En 2001 pudo alegarse que la participación de la presidencia foxista en el desastre de la cuestión indígena era producto de su inexperiencia e ingenuidad política, y que correspondía a los legisladores la responsabilidad principal. Hoy, cuando los diputados de la coalición que gobierna de facto se preparan para cometer la segunda atrocidad legislativa del sexenio, y cuando en el Ejecutivo la perversidad ha desplazado a la ingenuidad, el papel de los legisladores será meramente subordinado. Quienes, de entre ellos, amolden el sentido de su voto a las órdenes de la Presidencia y de sus dirigencias partidistas y aprueben el desafuero de López Obrador, habrán propinado, además, un golpe demoledor al propio poder del que forman parte, el Legislativo.
Devolverán la Cámara de Diputados a los peores tiempos de la abyección y la sumisión a los dictados presidenciales, liquidarán la escasa credibilidad de la instancia parlamentaria y se harán cómplices de la Presidencia que más ha hecho, en los tiempos recientes, por socavar la dignidad, la soberanía y el decoro de los órganos legislativos, que es la que encabeza Vicente Fox. En suma, las fracciones del PRI y del PAN van a cometer una injusticia contra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, un agravio a los votantes de la ciudad de México, un atropello a los derechos de todos, un golpe a la democracia, un sabotaje a la estabilidad económica del país y también, y para colmo, un atentado de enormes consecuencias contra el Poder Legislativo. Que la nación se los demande.