Menos de la mitad de la población cuenta con seguridad social, enfatiza

México, de los países de la OCDE con más deficiencias en el rubro sanitario

Reconoce el organismo avances, como el Seguro Popular, pero resalta los retos pendientes

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Las condiciones de salud de los mexicanos están por debajo de la mayoría de los habitantes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), carencias a las que se suman la limitada oferta de insumos y el uso ineficiente de los recursos económicos. En cambio, los costos administrativos del sistema nacional sanitario son los más altos (9.5 por ciento) con relación al que ejercen el resto de las naciones consideradas más ricas del mundo.

El organismo internacional reconoce los avances obtenidos en décadas recientes para mejorar el nivel de salud de la población. Aumentó la esperanza de vida, se ha reducido la mortalidad materno-infantil, aunque las tasas en estos rubros aún son las segundas más altas entre los miembros del organismo, apenas por debajo de Turquía, asegura el informe Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud, en el que se analiza la situación de México en la materia.

Durante la presentación del documento, Carlos Elizondo Mayer-Serra, embajador de México ante la OCDE, resaltó algunas de las contradicciones del estudio, entre otras, que nuestro país ocupe el segundo sitio en la tabla de obesidad de las naciones que pertenecen a la organización, aunque tenga los menores niveles de ingreso salarial.

También refirió que se ubica entre las naciones con más número de años de esperanza de vida, pero a la vez, está entre las que su población vive enferma durante más años.

Donald Johnston, secretario general de la OCDE, explicó ante el secretario de Salud, Julio Frenk, que la finalidad de la investigación fue dar una visión balanceada del sistema mexicano. Se mencionan los logros y también los retos pendientes. Señaló la desigualdad que existe en el acceso a los servicios médicos y el hecho de que la cobertura de la seguridad social alcance a menos de la mitad de la población, cuando en el resto de los países del organismo dicha cobertura es, prácticamente, total.

Respecto del Sistema de Protección Social en Salud y su principal brazo operativo, el Seguro Popular, el documento destaca que los principales objetivos de la reforma clave del sexenio son mejorar la protección financiera de quienes carecen de acceso a la seguridad social, inyectar recursos nuevos y requilibrar las transferencias financieras del gobierno federal a los estados.

Sin embargo, apunta, el éxito del Seguro Popular está condicionado a la aprobación de la reforma fiscal, única vía para garantizar la disponibilidad de recursos frescos para financiar el nuevo programa de aseguramiento. En este sentido, Johnston subrayó que dicha modificación para ampliar la base fiscal y reducir la dependencia de los ingresos petroleros es "absolutamente necesaria", aunque también reconoció la dificultad que existe para convencer a los partidos de oposición de la importancia de que el país tenga crecimiento económico con base social.

El informe también menciona que el nivel de gasto público en salud fue de 45 por ciento en 2002, mientras que el promedio de la OCDE en ese mismo año se ubicó en 72 por ciento. Además de que el porcentaje de inversión mexicana es de sólo 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), también por debajo de los estándares de la organización, el sistema sanitario enfrenta una limitada oferta de insumos, tales como médicos y camas de hospital.

No obstante, indica el estudio, la intensidad en el uso de estos insumos no es alta en relación con los patrones de la organización, lo que apunta a una baja demanda o al uso ineficiente de los recursos.

Entre las recomendaciones de la OCDE para México, sobresalen la de poner en marcha reformas al sistema de pensiones del sector público para garantizar que las instituciones de seguridad social cuenten con recursos adecuados. Como parte del establecimiento del Seguro Popular se debe mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios en las instalaciones estatales, ampliar de manera progresiva el paquete de servicios de salud del nuevo seguro, así como la disponibilidad de servicios en las zonas rurales.

También plantea impulsar una mayor eficiencia en hospitales y de otros prestadores institucionales de servicios; fomentar la productividad de los profesionales de la salud, así como la calidad y costo-efectividad de la atención médica.