Hora de riesgos
Los grupos de poder que decidieron atajar a Andrés Manuel López Obrador han ganado la única batalla que dependía de ellos: el desafuero, pero el camino es largo y peligroso. Repito lo que dije en estas páginas: no es necesario manifestarse a favor de la candidatura presidencial de López Obrador para advertir el peligro que se cierne sobre la convivencia democrática y civilizada de la nación. Ha costado enormes esfuerzos y sacrificios colectivos crear reglas aceptadas y respetadas para disputar el poder, como para hacerse de la vista gorda ante el atraco que se pretende consumar. Hay una desproporción total entre las acusaciones y los efectos que se buscan. El peor servicio que hoy se puede hacer a la legalidad consiste en ridiculizarla, haciendo de ella un arma arrojadiza para golpear a otros.
Por desgracia, ningún argumento racional ha valido para detener el golpe. El PRI y el PAN se han unido en una santa alianza para sacrificar a López Obrador, es decir, a la única opción que hoy puede disputarles la hegemonía. El desafuero es una apuesta autoritaria al bipartidismo o, lo que es igual, a concentrar el poder político y económico bajo una misma conducción.
Toda la alharaca en torno al "estado de derecho" es una cortina de humo para ocultar las decisiones de poder que marcan el momento. No se hace justicia cercenando derechos que la ciudadanía ha ganado en años de lucha desigual. Por eso resultan particularmente hipócritas y convenencieras las voces que se rasgan las vestiduras por el supuesto desacato de López Obrador y callan ante otros abrumadores atropellos a la ley. No es cierto que la ley se aplique a todos por igual. Los ejemplos están a la vista de todos: cualquier ciudadano conoce la distancia existente entre la norma y su aplicación, entre la supuesta honorabilidad de los impartidores de justicia y su proclividad a los intereses más poderosos. Esta es una de las fuentes de la crisis del "estado de derecho" del que tanto se ufana el secretario de Gobernación. Si la gente no cree en la ley ello se origina en sus propias experiencias negativas: ésa es la cultura de la desconfianza creada por la selectividad, el abuso de autoridad, las corruptelas y la impunidad.
Es obvio que la ley ha servido para ajustar cuentas con los disidentes políticos más incómodos. Así ocurrió en 1958-59 con los monstruosos procesos contra los dirigentes sindicales encabezados por Vallejo y Campa, sometidos a prisión más de once años y luego, una década después, con los cientos de estudiantes detenidos tras la masacre del 2 de octubre. A todos ellos se les montaron acusaciones falsas que fueron sostenidas por el Estado hasta el final. Jamás hubo una rectificación jurídica. Ni siquiera la Suprema Corte se ha preocupado por hacer la autocrítica que le corresponde por el pasado, la cual es necesaria para fundar un verdadero estado de derecho, y sigue considerando válidos y legítimos los procedimientos judiciales dictados por el Poder Ejecutivo al Judicial en ese entonces, como si no estuvieran viciados de origen.
Tenemos, pues, razones históricas, políticas, morales y jurídicas para sospechar que en el caso López Obrador se trata una vez más de la aplicación arbitraria de la justicia en beneficio del poder presidencial y sus aliados. Pero los tiempos han cambiado y los juzgadores ya no las tienen todas consigo. Faltan muchos meses para las elecciones presidenciales y todo puede trastocarse. Para los enemigos de López Obrador es importante crear un clima de temor e incertidumbre que sirva para condenarlo a la inhabilitación. Las advertencias sobre la inminencia de la violencia son parte del mismo plan para intimidar a la ciudadanía y reducir la popularidad de López Obrador, pero es preciso mantener los ojos bien abiertos para evitar que a la protesta se cuelen algunos impacientes a desmadrar la resistencia pacífica que es legítimamente democrática.
A la campaña deturpadora se sumarán los medios y ciertas cámaras patronales, sin importarles un bledo las consecuencias financieras de sus actos. El desafuero es apenas el inicio de un despojo anunciado que nos pone en peligro a todos.