Usted está aquí: jueves 7 de abril de 2005 Política El desacato, por acuerdos comerciales: AN

Argumento que esgrimirá hoy el blanquiazul para avalar la inhabilitación de López Obrador

El desacato, por acuerdos comerciales: AN

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados acusará hoy al jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, de que el desacato a una orden judicial no se debió a la apertura de una calle en Santa Fe, sino a la continuación de las obras para evitar el pago de 37 millones de dólares al Banco Santander y al hospital ABC, por demandas que interpusieron contra la administración de la ciudad.

La estrategia blanquiazul será revelada esta mañana por el diputado panista Jorge Triana, y defendida más tarde en la sesión de jurado de procedencia contra López Obrador. Además, el coordinador priísta, Emilio Chuayffet Chemor, preparó un documento para defender al tricolor de las críticas del PRD por haber preparado el desafuero del jefe de Gobierno.

Mientras, la nueva andanada de Acción Nacional se basa en las páginas 397, 398 y 399 del dictamen de la sección instructora, en las cuales se revela el contenido del acta de la sesión del 26 de abril de 2001 del Consejo de Administración de Servicios Metropolitanos (Servimet), encargada de las obras en El Encino.

El documento señala que en esa reunión ''se acredita fehacientemente la verdadera intención en relación con la construcción de vialidades sobre las fracciones expropiadas al predio El Encino, particularmente la denominada Vasco de Quiroga, de la empresa Servimet, de la cual el jefe de Gobierno del Distrito Federal es el presidente del consejo de administración; corresponden a cumplir compromisos contractuales con empresas particulares a quienes se les había vendido terrenos en esa zona, que se encontraban obstruidos y por los cuales enfrentaban demandas judiciales por daños y perjuicios por varios millones de dólares''.

Se incluye la declaración del director de Servimet, Carlos Heredia Zubieta, quien refirió que ''varias empresas no le han pagado'' a la operadora del gobierno capitalino ''porque ésta no ha estado en condición de proveer los servicios que van aparejados a la venta de terrenos", pero que con la liberación de los predios objeto de litigio este problema se resolvía.

Se incluye una explicación de otro funcionario, de que ''en esa zona la demanda del ABC era del orden de 8 millones de dólares y la demanda del Banco Santander, por la venta de ese inmueble que estaba obstruido, era del orden de 29 millones de dólares. Con la apertura de las vialidades y con el convenio que más adelante se presenta, vamos a cumplir con estos compromisos y resolver esas dos demandas". Agregó que con el banco "se está negociando para demostrar que las vialidades se terminarán a más tardar el próximo 30 de diciembre, con lo cual ellos se desistirán de este pago de daños y perjuicios".

La instructora afirmó, y así lo sostendrá hoy el PAN, que "con lo anterior se colige (infiere) que no se dio cumplimiento a la orden de paralizar las obras porque existía el compromiso de la empresa encargada de ejecutarlas de concluirlas a más tardar el 30 de diciembre de 2001".

 
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