PRI, gobierno y AN valoraron eliminar a López Obrador de la elección presidencial
Chuayffet operó para Madrazo y los priístas aprobarán hoy el dictamen
El presidente tricolor dictó sentencia al decir que debía aplicarse la ley al gobernante
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El sal�e plenos de la C�ra de Diputados qued�sto para el juicio de procedencia FOTO Francisco Olvera
El rumbo legislativo del procedimiento de declaración de procedencia contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se definió en los tres meses recientes bajo el auspicio del coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet Chemor, quien operó entre su bancada la idea jurídica del "respeto a la legalidad" por encima de la valoración política de los riesgos sociales que implicará la inhabilitación del mandatario de la capital del país.
La decisión final, siempre en manos del PRI -que constituye la mayor bancada en el pleno camaral de San Lázaro-, la tomó el presidente de ese partido, Roberto Madrazo Pintado, quien valoró, junto con el gobierno federal y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), la necesidad de hacer a un lado a su contrincante político e iniciarle un proceso penal que deberá alargarse hasta después del 15 de enero de 2006, fecha definitiva para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos a la Presidencia de la República.
Con este escenario, Chuayffet Chemor, quien negó su participación en la decisión en favor del desafuero que habrán de tomar sus compañeros este día, se convirtió en el instrumento adecuado de Madrazo Pintado para emprender el ataque contra López Obrador. El dirigente nacional priísta dictó sentencia la semana pasada al declarar que al jefe de Gobierno "se le debe aplicar la ley". A partir de ese momento ya no hubo dudas entre los diputados priístas que, por mayoría, sumarán su voto a los del PAN.
La trama jurídica
La trama de la inhabilitación se tejió así en su etapa jurídica: el 19 de de mayo de 2004, Carlos Cortés Barreto, agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la mesa instructora 4-LE B de la Dirección de Delitos Previstos en Leyes Especiales Area B de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó que se iniciara el procedimiento de declaración de procedencia contra el jefe de Gobierno capitalino.
La solicitud del representante de la PGR se fundamentó en considerar a López Obrador como probable responsable en la comisión del delito de desacato. No obstante, como en el Código Penal Federal no existe esa tipificación, al final los integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Alvaro Elías Loredo, del PAN; y Rebeca Godínez y Bravo y Francisco Cuauhtémoc Frías, del PRI, decidieron, con el respaldo jurídico del MPF, que la transgresión fue por abuso de autoridad al no obedecerse una orden judicial.
El 27 de mayo, la sección instructora admitió a trámite la solicitud y dio inicio al procedimiento, integrándose el expediente SI/03/04, con la correspondiente notificación a López Obrador para que respondiera en los siguientes siete días naturales.
En aquel acuerdo también se informó al jefe de Gobierno de la averiguación previa 1339/FESPLE/2001, mediante la cédula respectiva, la cual contenía la transcripción de la solicitud de declaración de procedencia, del acta de ratificación y la identificación del solicitante.
El 22 de junio la sección instructora abrió un periodo de pruebas, con un plazo de 30 días naturales, para recibir las probanzas que ofrecieran el jefe de Gobierno y la PGR. El 5 de agosto, López Obrador formuló su ofrecimiento de pruebas.
Semanas más tarde, el 22 de septiembre, la sección instructora admitió las pruebas que a su juicio fueron pertinentes y desechó otras. El 28 de septiembre, el gobernante capitalino presentó un escrito con el propósito de designar a María Estela Ríos González, consejera Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, como persona de su confianza en el procedimiento.
Ese mismo día fue admitida una prueba presentada por el agente del MPF, Carlos Cortés Barreto, consistente en una maqueta a escala del predio denominado El Encino, elaborada por peritos en materia de ingeniería y arquitectura de la PGR, para ilustrar respecto del estado del inmueble antes de la construcción de las vialidades Carlos Grae-Fernández y Vasco de Quiroga, así como el estado del predio después de realizadas esas obras.
El 9 de noviembre se acordó remitir oficio al representante legal de Promotora Internacional Santa Fe, SA de CV -reconocida por la autoridad judicial como propietaria del predio El Encino- para efecto de hacer de su conocimiento la solicitud presentada por los peritos nombrados por la defensa del jefe de Gobierno y los de la PGR, con la finalidad de que les permitiera el acceso al predio para recabar las muestras necesarias para emitir su dictamen acerca de la suspensión o no de las obras de acceso al terreno.
Posteriormente, el 20 de diciembre, la sección instructora acordó ampliar el periodo de pruebas para revisar las consistentes en la inspección material de los peritos nombrados por ambas partes. Un mes después, el 20 de enero de 2005, López Obrador exhibió una serie de pruebas supervenientes -las que se presentan una vez cerrado el periodo acordado, que podrían ser determinantes para el caso. No obstante, el órgano legislativo, por mayoría integrada por PRI y PAN, desechó las probanzas ofrecidas, porque a su juicio eran improcedentes al argumentar que no tenían relación con los hechos controvertidos en este procedimiento de declaración de procedencia, lo que consistía en determinar la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional.
La trama priísta
Desde entonces se dejó sentir la influencia del coordinador parlamentario del PRI, Emilio Chuayffet, en los dos diputados priístas integrantes de la sección instructora: Rebeca Godínez y Francisco Cuauhtémoc Frías, a quienes instruyó que votaran por acortar el periodo de desahogo de pruebas, programado para el 11 de febrero, al 24 de enero.
A mediados de febrero culminó la etapa de alegatos y los cuatro integrantes de la sección instructora iniciaron la revisión del expediente con la finalidad de integrar el dictamen.
Desde entonces se advirtió que la inhabilitación del jefe de Gobierno era cosa juzgada. Sólo un acuerdo en la sección instructora consiguió postergar la fecha de votación del dictamen para el martes 29 de marzo. Sin embargo, otro acuerdo soterrado entre PRI y PAN difirió la decisión para el primero de abril.
La decisión de inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador, a todas luces, trascendió el ámbito jurídico y se ubicó como un proceso político con objeto de hacer a un lado al jefe de Gobierno de la contienda electoral por la Presidencia.
La intervención abierta de Emilio Chuayffet se descubrió el 18 de marzo, cuando La Jornada publicó la reunión que el ex secretario de Gobernación en tiempos de la matanza de Acteal sostuvo con Rebeca Godínez y Francisco Frías el 12 de marzo en las oficinas de éste.
Tal hecho provocó una reacción colérica de Chuayffet, porque a la zaga de su intervención en el proceso de desafuero, dos coordinadores parlamentarios en San Lázaro revelaron a este diario que el líder de la bancada priísta, ante las dudas que entonces revelaba el diputado Frías acerca de su voto en la sección instructora, propuso en la Conferencia para los Trabajos Legislativos que el empate a dos votos en la sección instructora se llevara al pleno camaral.
No fue necesario estirar las leyes al gusto de Chuayffet, porque su compañero Francisco Frías obedeció, como lo había hecho Rebeca Godínez, la decisión de Roberto Madrazo, y hoy la mayoría de los priístas consumarán el retiro de la protección constitucional al gobernante capitalino.