Lo público y lo privado
¿Qué se está jugando con el caso Remedios Varo? Para unos, dinero, mucho dinero: 15 millones de dólares que podrían duplicarse en un par de subastas en Sotheby's a lo largo de un año. Para otros, una parte esencial del patrimonio artístico nacional. Los unos, hay que decirlo, son unos cuántos: tres personas para ser exactos (Beatriz Varo, la novísima sobrina de Remedios y sus dos abogados). Los otros, una muchedumbre de 90 millones de mexicanos.
Si esta infamia -que según Juan Soriano raya en lo pornográfico- se consuma, los representantes legales de Beatriz Varo se echarán a la bolsa de 1.5 a 4.5 millones de dólares, pues los abogados cobran, normalmente, entre 10 y 30 por ciento del valor de los bienes en litigio. Buen negocio, sin duda alguna. Y más seguro para cualquier bufete jurídico que defender narcotraficantes. ¿La caza de bienes culturales será el futuro de este tipo de abogados?
Sería una lástima que se consume este ''caso juzgado", como sentenció la juez María Margarita Gallegos López. Lo sería porque esas 39 obras fueron compradas por Walter Gruen y legítimamente donadas por él en un acto de generosidad inaudita al pueblo mexicano. Sería una lástima, porque por intereses meramente mercantiles perderíamos parte significativa de la obra de una de las artistas más emblemáticas del siglo XX y que escogió nuestro país para vivir.
Y sería una lástima, finalmente, porque se sentaría un precedente terrible en la historia de nuestra cultura: el uso ilegítimo de las leyes para favorecer lo privado a costa de lo público.
El director del Museo de Arte Moderno (MAM), Luis-Martín Lozano, ha resumido con precisión la atmósfera que he percibido en círculos de políticos, empresarios, artistas e intelectuales: ''(...) me parece indignante que en vez de que la ley sirva para la protección del patrimonio nacional, se utilice para despojar a los mexicanos de sus bienes culturales".
Es indignante, y ahora lo sabemos con claridad: la ley puede ser usada, también, para despojarnos de lo más duradero de nuestra sociedad: de nuestros bienes culturales; de esos bienes que formamos cada día y que cada día nos dan forma. ¿Quién será mañana el legítimo dueño del ayate impreso de Juan Diego? ¿Quién del color púrpura que los indios extraen del caracol o la chinchilla para teñir sus textiles? ¿Qué sigue?
No es improbable, como escribí hace meses en estas páginas, que un día llegue al MAM un camión de mudanzas, un grupo de macheteros y un par de abogados con orden judicial en mano, custodiados por policías, para descolgar uno a uno los 39 cuadros de Remedios Varo.
Pero aunque ese día probable se perfile, gobierno y sociedad aún pueden dar un giro al caso.
El pintor Francisco Toledo nos ha demostrado que, cuando aparentemente ''ya no hay nada que hacer" cuando se atenta contra nuestro patrimonio, siempre hay algo que hacer y funciona.
Siempre habrá algo que hacer aunque la defensa inicial del caso Remedios Varo haya sido torpe, aunque jueces y abogados repitan a cuatro vientos leyes, reglamentos, artículos, ''razonamientos jurídicos" para justificar, en la plaza pública, sus oscuros actos.
Lo que está en juego en el caso Remedios Varo es algo más que dinero, algo más que interpretaciones leguleyas.