Bátiz descarta que la PGR sea omisa y no apele del fallo
Preocupa a la PGJDF la protección a Ahumada
Encinas: el gobierno federal actúa como defensor de oficio del empresario
El secretario de Gobierno, Alejandro Encinas; el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, y el fiscal de Procesos Norte, Roberto Ibinarriaga, cuestionaron la decisión de la juez sexta de distrito, María Elena Leguízamo Ferrer, de otorgarle la protección de la justicia federal al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, pues, según ella, no se comprobó fehacientemente que haya participado en el fraude por 31 millones de pesos en contra de la delegación Gustavo A. Madero.
Entrevistados por separado, los tres funcionarios aseguraron que los elementos en contra del dueño del Grupo Quart son sólidas y habrán de apelar, vía la Procuraduría General de la República (PGR), de esa decisión de la juzgadora.
Al acudir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la comparecencia del procurador Bátiz, Encinas comentó que con todo y el fallo del juzgado sexto, la situación de Ahumada Kurtz no se modifica sustancialmente, pues seguirá preso en el Reclusorio Norte.
Comentó que por parte de las autoridades de esta ciudad habrán de apelar de esa resolución, por lo que integrarán todos los argumentos a su favor y los entregarán a la PGR para que interponga la impugnación.
-Frente a este panorama de confrontación con la PGR, ¿habría el riesgo de que esa dependencia se niegue a proceder por esa vía?
-No creo, porque más allá de las diferencias políticas que pudieran existir, ellos tienen una responsabilidad judicial, legal, y tienen que acatarla.
El funcionario mencionó que con el amparo otorgado al empresario argentino salta a la vista que el gobierno federal está actuando como defensor de oficio de Carlos Ahumada, y esa es una de las primeras consecuencias de este actuar; es parte de los compromisos que establecieron con el gobierno federal.
Respecto de este punto específico, el titular de la PGJDF, Bernardo Bátiz, descartó que pudiera haber algún riesgo de que la PGR se hiciera omisa y no apelara del fallo de la juez María Elena Leguízamo.
De hecho, durante su comparecencia, el diputado del PRD Héctor Guijosa pidió aclarar esa situación, y al tomar la palabra en tribuna fue concreto: "nos preocupa esa resolución". Luego dijo que "entrando en el mundo del sospechosismo", no es creíble el argumento de la juzgadora de que no se comprueba fehacientemente que Ahumada fuera el dueño de las empresas de Grupo Quart, sino únicamente accionista mayoritario, por eso se le otorga la protección de la justicia federal.
Por su parte, el fiscal de Procesos Norte de la PGJDF, Roberto Ibinarriaga Rivapalacio, antes de que se iniciara la comparecencia del procurador aseguró que la determinación de la juez Leguízamo comprueba la tesis del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de que el caso de los videoescándalos fue producto de un "complot bien orquestado", el cual ha recurrido a todos los mecanismos legales para desvirtuar las acciones del gobierno capitailino.
"La juez asegura que el hecho de que Carlos Ahumada sea accionista mayoritario de la empresa a la que se le depositaron de manera electrónica e inmediata más de 30 millones de pesos, no asegura que él haya participado en el fraude.
"Argumento que resulta contrario a lo que hay en actuaciones y declaraciones. Octavio Flores Millán (ex delegado de Gustavo A. Madero) refiere que Carlos Ahumada colocó a dos gentes de su confianza en cargos públicos para maquinar el fraude. La juez no considero que ese dinero, que no tenía ninguna razón para ser depositado, fue dispuesto por Ahumada en su carácter de accionista mayoritario.
"Esas son las pruebas que no toma en cuenta la juez", aseveró.
En el mismo sentido se pronunció el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales, quien se dijo confiado en que el Tribunal Colegiado revocará el fallo de la juez.