El gobierno de Romero Hicks minimiza los casos y afirma que son aislados: organizaciones

En Guanajuato, asesinadas 15 mujeres por sus parejas en lo que va de 2005

Le envían texto en el que exigen "dar rango constitucional al derecho a una vida sin violencia"

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Leon, Gto., 5 de abril. El domingo por la noche Rossella y su esposo Luis Felipe discutieron fuerte. Esa tarde él llevó a sus dos pequeñas hijas de paseo mientras ella recibía la visita de su mejor amiga, Anita, a quien le contó que su matrimonio había fracasado y estaban al borde del divorcio.

La amiga se enteró de que de los insultos su esposo pasó a los golpes; de la intención de Rosella por denunciar al marido por lesiones y por maltrato y que la mejor opción era la separación definitiva.

Minutos después de despedirse la visita llegó Luis Felipe, quien reclamó a su esposa que un auto que ella había vendido a un hermano de él tenía problemas de documentos. Rossella dio media vuelta y guió a sus hijas de nueve y 11 años de edad a una habitación para que no escucharan la discusión.

A los pocos pasos las niñas vieron cómo su padre comenzaba a golpear a su mamá. Echaron a correr, tras ellas su madre y atrás Luis Felipe. Rossella alcanzó a llamar al teléfono celular de Anita, quien no contestó, pero en el buzón quedaron grabados los gritos de desesperación de su mejor amiga, quien en ese momento era asesinada.

El hombre fue en busca de sus dos hijas, se limpió la sangre con un lienzo que dejó en el baño, cerró la casa y salió al domicilio de su madre.

Cuando Anita escuchó el mensaje acudió de inmediato al Ministerio Público a interponer una denuncia; de inmediato la Policía Ministerial la acompañó hasta el número 819-A del bulevar Océano Atlántico, colonia Santa María del Granjeno.

Al entrar encontraron el cadáver de Rossella en un pasillo de la vivienda. La madrugada del lunes fue aprehendido Luis Felipe, quien aceptó haber cometido el homicidio aunque argumentó legítima defensa.

Según los peritos del Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Rossella Angélica María Lozornio, de 27 años de edad, sufrió 58 lesiones con picahielo y cuchillo, una le partió el corazón; el agresor fue su esposo, Luis Felipe Vázquez Fonseca.

En tanto, el subprocurador de Justicia, Manuel Hernández Hernández, confirmó: "el hombre dice que su esposa lo atacó primero y que sólo se defendió; estamos siguiendo todas las agravantes, pero el hecho es que se consumó uno de los crímenes más atroces porque ocurrió frente a las hijas de la pareja". Luis Felipe podría alcanzar 35 años de prisión si no acredita la legítima defensa, precisó.

Rossella se convirtió así en la víctima número 15 en este 2005 de los "asesinatos de odio" que han sufrido mujeres de la entidad a manos de sus esposos o parejas sentimentales, lo que coloca "a Guanajuato en alerta de que los hechos de violencia que ocurren dentro de las cuatro paredes ya son de impacto público", comentó esta mañana Norma Nolasco, fundadora de la Casa de Apoyo a las Mujeres y Madres Solteras de Guanajuato.

Estadísticas de la organización no gubernamental Milenio Feminista, que realiza labor en defensa de la mujer, reportó que durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks, que comenzó en octubre de 2000, se han denunciado 207 homicidios por odio.

"Mientras para las autoridades del estado todos los casos, sin excepción, son aislados, nosotros haremos una enérgica protesta ante organismos internacionales para denunciar que en Guanajuato no se cumple con el derecho básico de las mujeres a una vida digna y sin violencia", expresó Nolasco.

El gobernador Romero Hicks declaró en noviembre pasado que los homicidios contra mujeres no tienen un patrón de conducta similar y que corresponden a violencia intrafamiliar; "son casos aislados que, de forma circunstancial, ocurren dentro de las cuatro paredes de la familia", dijo.

Verónica Cruz, coordinadora regional de Milenio Feminista y presidenta del Centro Las Libres, consideró que "el estado de Guanajuato no ha cumplido con su obligación de prestar atención especial al problema de la violencia contra las mujeres y tomar medidas efectivas para erradicarla por medio de la prevención, la investigación y el castigo.

"Tampoco ha seguido las obligaciones contenidas en el documento Medidas de prevención del delito y justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer, firmado por el gobernador Juan Carlos Romero Hicks, el presidente del Tribunal de Justicia del estado, Héctor Manuel Ramírez Sánchez, y el entonces presidente del Congreso local, Nabor Centeno Castro", expresó.

Angeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, responsabilizó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dado que "nadie ha realizado las acciones para salvaguardar la vida de las mujeres quefueron asesinadas".

Las organizaciones no gubernamentales citadas enviaron a los tres poderes del estado un documento donde exigen "elevar a rango constitucional el derecho a una vida sin violencia, establecer una procuraduría especial para dar seguimiento a los casos de muerte por odio que han sufrido las mujeres y reconocimiento de las autoridades de que la violencia contra las mujeres es un asunto de seguridad estatal".