La acción contra el gobernante equivale a la de los represores de 68: Ojeda Zubieta

PRI y PAN ya pactaron con el Poder Judicial inhabilitar a López Obrador

Bartlett pide a diputados del tricolor "no hacerle el trabajo sucio a Fox en esta villanía"

ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

Ante el pleno de la Cámara de Senadores y en nombre de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el legislador César Raúl Ojeda Zubieta advirtió que la determinación de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) de desaforar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, equivale a la actuación de "aquellos represores de 1968" que también invocaron "la legalidad".

El perredista llamó a la prudencia, porque los dirigentes de priístas y panistas en la Cámara de Diputados "convencieron a sus representaciones de embarcarse en esta agresión", con el argumento de que ya pactaron "con personajes notables del Poder Judicial" y, a pesar de que el procedimiento penal contra el jefe de Gobierno no resiste el menor escrutinio jurídico, habrá un fallo adverso al gobernante capitalino.

En entrevista por separado, el senador priísta Manuel Bartlett Díaz recalcó que el próximo jueves los diputados de su partido debieran expresarse con toda libertad, sin hacer caso de líneas, "para no hacerle el trabajo sucio al presidente Vicente Fox en esta villanía".

En tribuna, el perredista Ojeda Zubieta recalcó que PRI y PAN decidieron anular a un contrincante sin que medie proceso electoral alguno. "Es una novedad que nos muestra el autoritarismo del cambio", ya no se requieren las trampas de antaño en los procesos comiciales, como los 70 millones de dólares que el ahora presidente del tricolor, Roberto Madrazo Pintado, gastó en su campaña para apoderarse de la gubernatura de Tabasco, fraude que fue comprobado por el actual titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, señaló.

En la actualidad, recalcó, es suficiente la manipulación de preceptos jurídicos que terminan por anular a cualquier adversario político o proyecto que se anteponga. "Los cálculos electorales han sido externados sin rubor" y sin el potencial contrincante que significa el jefe de Gobierno, el final del juego político se definirá entre PRI y PAN.

Ojeda Zubieta insistió: "estamos ante una aplicación selectiva y politizada de la ley. Tan es así que más de mil casos de presunto desacato descansan en el archivo de la Procuraduría General de la República y varios procedimientos de desafuero siguen congelados en la Cámara de Diputados, y eso que no se trata de resolver si se bloqueó una vereda para construir el acceso público a un hospital, sino de auténticos casos de corrupción en campañas electorales o la vinculación de un gobernador con la delincuencia organizada".

Advirtió que si realmente hay un acuerdo que involucre al Poder Judicial en toda la operación política para inhabilitar a López Obrador e impedirle contender por la Presidencia de la República, el costo será gravísimo.

En entrevista posterior, Ojeda precisó que los coordinadores de PRI y PAN convencieron a muchos de sus correligionarios, algunos de ellos abogados, de que "aunque jurídicamente el caso de El Encino no da para cancelar los derechos políticos de López Obrador, hay un acuerdo previo con instancias jurisdiccionales".

Inclusive, agregó, "les han dicho a los diputados que no se preocupen, que les dan la garantía de que influirán en las decisiones de los jueces para que se condene a López Obrador".

Al final, dijo, la decisión recaerá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y expresó su confianza en la imparcialidad el máximo tribunal.

Por otra parte, el senador panista Diego Fernández de Cevallos se deslindó por enésima vez del proceso de desafuero. "No tengo nada que ver con ninguna supuesta o imaginaria participación", señaló.