El tiro por la culata
La decisión de la sección instructora de la Cámara de Diputados, favorable al desafuero de Andrés Manuel López Obrador por tres votos a uno, ha exhibido bárbaramente uno de los rasgos dominantes no sólo de la política en México sino, de alguna manera, de la "sociedad total" aquí y en otras partes: primero el interés de los individuos y los grupos, y luego, mucho después, el bien de la nación.
Ha brillado el fariseísmo con que, desde las altas esferas (del Ejecutivo, de los "liderazgos" del PAN-PRI, de la Procuraduría General de la República), se han pronunciado las palabras legalidad y estado de derecho. Como si hablaran blancas palomas que hubieran dedicado su vida a preservar esforzadamente esos valores. Parte de la repugnancia que suscitan es la mentira y el fingimiento con que utilizan las palabras, llenándose la boca con un léxico que niegan en el acto mismo de hablar.
Pero aparte de la exhibición moral, sus palabras, por supuesto, tienen un impacto político que para el país, se quiera o no, tiene consecuencias negativas: la devaluación del significado efectivo de esas palabras, y la convicción de que son rebajadas miserablemente al nivel de la oportunidad y del oportunismo político más desenfrenado. La pretendida "lección" resulta entonces contraproducente y desalentadora para una gran mayoría de mexicanos.
Los "custodios" de la ley han olvidado que la aplicación de la misma exige otras condiciones irrenunciables: por ejemplo, que debe ser "justa" (como lo recordó pertinentemente Enrique Dussel en un artículo en estas mismas páginas). De otra manera podría tratarse de la "aplicación de la ley" que efectúa "una banda de forajidos o ladrones" (Platón). Estamos entonces, simplemente, en el retorno a la barbarie de un mero "legalismo" que no se justifica ni ética ni jurídica ni políticamente. La aplicación de la ley ha de ser justa, moralmente sostenible y políticamente legítima, condiciones que no se cumplen en una decisión como la emitida por la sección instructora de la Cámara de Diputados.
La legitimidad de una decisión como ésta tiene que ver ineludiblemente con la calidad moral y pública de los "actores" (el Ejecutivo, los dirigentes del PRI-PAN, la Procuraduría General de la República) y, en un caso tan grave, con el impacto social y político de la decisión. Inmemorialmente los grandes juristas de todas las épocas han insistido en que una decisión justa (y no sólo legal) ha de considerar ineludiblemente la "proporción" entre la "falta" (en este caso altamente discutible), y sus efectos, e invariablemente han insistido en que en esa "proporción" se contiene la justicia y el carácter realmente normativo y ético de una decisión.
De ahí el peso de las reflexiones, señalando que con tal decisión se afecta gravemente la legitimidad del sistema político y jurídico de la nación y el futuro de la democracia. Más aún cuando se ha probado ya el contubernio entre el PRI y el PAN. ¡Una decisión mafiosa e interesada que, en rigor, pone en grave entredicho nuestro sistema jurídico y el sistema democrático nacional! ¡Los sepulcros blanqueados torciendo la justicia y la legalidad para llenar de negro el porvenir de las instituciones y de la democracia en México! ¡El torcimiento de la ley en nombre de lo particular y en favor de intereses pandilleros!
¡El PRI haciéndole el juego no a un partido político que en otros tiempos fue conservador y respetable, sino también a los intereses antinacionales que ha demostrado encarnar y ante los que se dobla dócilmente, como también está probado! ¡Una República golpeada y a la que se procurará maltratarla aún más en los próximos días!
No, seguramente no se destruirá la nación como consecuencia de ese contubernio. El golpe es duro; lo que no saben los pandilleros es que su acto, ese sí, es terriblemente destructivo de la legalidad como justicia y del estado de derecho en su recta acepción como ética, como sistema normativo, como justicia ordenadora.
Terriblemente destructivo de la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en su sistema político. Destructivo además de la legitimidad general del sistema político y jurídico de la nación y de la esperanza en un país mejor. Tal es la dimensión de la canallada que estamos viviendo, y que probablemente presenciaremos en los próximos días.
"Por un asunto menor" se procura eliminar a unos de los candidatos viables a la presidencia en México en 2006, considera buena parte de la prensa internacional, y el resultado es, también afirman, catapultar a López Obrador en la contienda Presidencial del próximo año: los costos políticos para la pandilla serán enormes, considera esa misma prensa.
Las canalladas, como se ve y se verá, propician que salgan fuerte los tiros por la culata. Y es que la nación, también se verá, no puede admitir que se le atropelle, engañe y sustraiga por añadidura uno de los pocos derechos que aún puede ejercer: la capacidad para votar en favor de sus candidatos a los más altos puestos de representación popular y de gobierno.