Solicitan apoyo a organizaciones civiles nacionales e internacionales
En Colombia, habitantes abandonan una comunidad en protesta por acoso policiaco
El presidente Uribe avala petición de fiscalía para tomar declaración a paramilitares
Santafe de Bogota, 2 de abril. Habitantes de San José de Apartadó comenzaron a abandonar esa comunidad colombiana de paz para dirigirse a otra zona cercana, en repudio a la llegada de policías enviados por el gobierno de Alvaro Uribe, pues su posición es mantenerse neutrales en el conflicto armado interno.
En un comunicado, la comunidad afirmó que unas 300 personas habían comenzado a desplazarse desde el viernes hacia la finca La Holandita, donde se ha establecido un campamento humanitario, en el caserío de Josecito, a unos 15 minutos de San José de Apartadó, tras el anuncio gubernamental de enviar a la policía.
En el documento, los lugareños denuncian que "el gobierno tomó una decisión de guerra para una comunidad que cree en la paz y vive en ella". Añade que ahora guardarán silencio ante las instituciones del Estado, y sólo mantendrán comunicación con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General para que haya atención a sus necesidades de albergue y se les respete.
Asimismo hicieron un llamado a la acción solidaria de personalidades y organizaciones nacionales e internacionales para rodear a esa comunidad de paz, al señalar que "se ha visto obligada a tomar esta decisión ante el acoso criminal adelantado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe".
En el texto, denuncian que "los policías no sólo llegaron en contra de la voluntad de la comunidad, que rechaza a la fuerza pública por considerarla actor armado como la guerrilla o los paramilitares, sino acompañados por una persona que filmaba a la gente", lo que acrecentó el malestar y desconfianza de los habitantes.
Miembros de la comunidad y de organismos no gubernamentales denunciaron en su momento la matanza de una decena de personas el pasado 21 de febrero, cuando un grupo armado camuflado entró a San José de Apartadó y cometió el crimen, entre cuyas víctimas estaba el pacifista Luis Guerra, su compañera y su hijo de 11 años, además de cinco campesinos, incluidos dos niños.
Esa masacre fue atribuida por pobladores y organizaciones no gubernamentales a una brigada del ejército y a paramilitares de extrema derecha, mientras los militares y el gobierno sostienen que la responsabilidad es de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país.
Las comunidades de paz -hay ocho en Colombia- son lugares desmarcados para evitar que la población civil sea agredida y no exista presencia de ningún grupo armado. No se admiten armas o artefactos de guerra por ser zonas exclusivamente civiles.
Sin embargo, el 8 de marzo el presidente Uribe anunció que la fuerza pública haría presencia en esa comunidad de paz, lo cual fue rechazado ese día por la población. Uribe acusó a la comunidad de obstruir la justicia, repudiar la presencia pública, prohibir el comercio de artículos y coartar la libertad de los ciudadanos que ahí residen.
Por otra parte, Alvaro Uribe avaló una petición de la Fiscalía General para tomar declaraciones a líderes paramilitares concentrados en una zona especial del norte del país por el reciente asesinato de un congresista, al señalar que "nadie en Colombia puede obstruir la justicia ni puede negarse a colaborar con la justicia".
El mandatario expresó que el fiscal general Luis Camilo Osorio pidió su aval para ingresar a la aldea de Santafé de Ralito, sede de unos diálogos de paz que el gobierno mantiene con los paramilitares y sitio de reclusión de sus principales líderes, con el fin de interrogarlos acerca del crimen del congresista Oscar González, ocurrido el 8 de marzo.
En tanto, la prensa local afirmó que unos 20 guerrilleros de las FARC han sido asesinados en los pasados cuatro meses por sus compañeros, en represalia por haber señalado que querían abandonar las filas de la insurgencia y el temor a que sus posiciones sean reveladas.
Según El Tiempo, los hechos ocurrieron en la zona de Catumbo, al noroeste y fronterizo con Venezuela, y en el sur del departamento de Bolívar, al norte, donde rebeldes reinsertados denunciaron que la insurgencia ejecutó a quienes anunciaron el retiro de sus filas, pues últimamente varios han desertado para entregarse al ejército.