El grupo racista transgrede la ley al arrogarse facultades oficiales, destacan activistas

ONG: alienta el gobierno de Bush las acciones ilegales de Minuteman

LAURA POY SOLANO

Organizaciones pro migrantes en México y Estados Unidos anunciaron que comenzarán una campaña de protestas ante lo que calificaron de ''acciones xenófobas y discriminatorias" del programa Minuteman, cuyos voluntarios -civiles armados- llevarán a cabo operativos de "detención" de migrantes indocumentados en el estado de Arizona.

Esmeralda Siu, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Coalición Pro Defensa del Migrante, manifestó su ''profundo rechazo'' a que se lleven a cabo programas de control migratorio que violentan la ley, la cual indica: ''es ilegal que un civil asuma responsabilidades asignadas a una autoridad, bajo el riesgo de incurrir en los delitos de privación ilegal de la libertad y agresión a mano armada".

Agregó que desde el comienzo de las operaciones de la Patrulla Fronteriza, de 1994 a la fecha, más de 3 mil 200 migrantes indocumentados han muerto en el cruce fronterizo debido a las acciones de ''violencia que los obliga a intentar ingresar a Estados Unidos por zonas cada vez más inhóspitas''.

En entrevista por separado, Héctor Villagra, abogado del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educativa de la Unión Americana (Maldef, por sus siglas en inglés), aseguró que hasta el momento se han presentado 20 quejas contra autoridades locales de Arizona por los abusos y las agresiones cometidos contra migrantes indocumentados.

Destacó que en los años recientes se han incrementado las acciones "xenófobas" en la frontera de México con Estados Unidos, por lo que también han aumentado las demandas por violación a los derechos civiles y humanos de los indocumentados, quienes han presentado sus casos ante tribunales estadunidenses por daño físico y emocional.

El abogado defensor aseguró que el gobierno del presidente George W. Bush se puede volver "cómplice" de las acciones ilegales que cometen los grupos de cazamigrantes, ya que es su responsabilidad que estos ciudadanos no violen la ley ni las garantías básicas de los indocumentados, pues la normatividad federal establece que no hay razón que justifique que los civiles apliquen la ley por su propia mano.

Indicó que la "frustración" de los rancheros de Arizona por el deficiente programa migratorio entre ambos países debe ser canalizado por las vías legales y no con acciones que violentan los derechos y las garantías de quienes se ven obligados a ingresar a ese país sin contar con la documentación requerida. Agregó que Maldef mantiene un estrecho contacto con los legisladores estadunidenses para denunciar "cualquier abuso que se cometa en contra de los indocumentados, y para asegurar que las autoridades responsables estén informadas y no pretendan soslayar estos fenómenos".

Por su parte, Claudia Smith, integrante de la organización Fundación Rural de Asistencia Legal de California, afirmó que la ''tolerancia'' de las autoridades locales ante las actividades que realizan los grupos de cazamigrantes, no sólo violenta la ley, sino también vulneran el estado de derecho y la dignidad de los indocumentados que se ven afectados por estos grupos de civiles armados.

Aseguró que diversos grupos de apoyo al migrante han reiterado que militarizar la frontera "no es una solución; por el contrario, se han incrementado las muertes de migrantes, pero ha ido en aumento el flujo de personas que intenta ingresar a Estados Unidos, con el agravante de que ahora no sólo enfrentan las terribles condiciones del desierto, sino también deberán hacer frente a grupos armados que pueden atentar contra su vida".