Desafuero: ilegal e injusto
El desafuero es un hecho ilegal e injusto, sostenía hasta el último momento el jurista Samuel del Villar, señalando que la ilegalidad en el caso de El Encino persiste en todo el procedimiento, mismo que argumentaba y calificaba de golpe de Estado a nuestro régimen constitucional.
Para sustentarlo, recordaba el ex procurador los días subsecuentes a la demanda contra Andrés Manuel López Obrador, en que se publica un desplegado donde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo suscribe omite de forma inaudita las resoluciones que comprobaban que el gobierno capitalino se había comportado con legalidad, y criticaba duramente el apoyo político de la Corte a la Fiscalía, o lo que es lo mismo, a la Procuraduría General de la República.
Advertía que la institución que ahora se erige como la salvaguarda del supuesto estado de derecho, oportunamente había ignorado la violación de amparos de normas ecológicas por parte de alcaldes panistas en dos municipios en Jalisco y uno en Hidalgo, para ser desechadas sin demanda ni consignación alguna.
Todo esto en el momento en que se aceptaba el encuentro entre los representantes del Ejecutivo federal y la presidencia del máximo órgano jurídico para acordar cómo podían enfrentar el tema del desafuero del gobernante incómodo, manifestaba el doctor Del Villar, para argumentar inmediatamente de la improcedencia de la demanda, que era notoria y que sugería fuese desechada por la Cámara de Diputados y se desistiera de una acción judicial.
Sin ser consejero o asesor jurídico del gobierno perredista recomendaba seguir la norma constitucional e impedir que el fuero, esa protección o inmunidad que tienen los representantes populares para defenderse de la arbitrariedad en el ejercicio del poder o la acción penal, se utilice políticamente en contra de los adversarios. Con base en datos duros como la desconfianza en el Poder Judicial que manifiesta 70 por ciento de la población nacional, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas, documentaba que los encargados de impartir y hacer justicia son los primeros que violentan los derechos de la gente, y con estos casos mayúsculos, como la persecución judicial contra un gobierno electo, con todo descaro tiran a un lado la ley, llevando a un grado extremo el desprestigio del Poder Judicial y la separación de los sentimientos de la nación y de la población, lo que interpretaba como un verdadero divorcio entre la ciudadanía y el auténtico estado de derecho: "Es como si los que habitan como internos un reclusorio fueran los que aplicaran la ley -reflexionaba-, porque no la ejercen y la gente lo sabe, lo percibe; no hacen justicia nada más porque están puestos ahí; es la historia de la injusticia de México".
La visión del destacado abogado coincidía con las distintas recomendaciones que en materia de derechos humanos han hecho al gobierno de Vicente Fox organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en materia de derechos civiles en su más reciente diagnóstico publicado en 2004, en el que recomienda hacer modificaciones al sistema de justicia mexicano para que no base sus decisiones en criterios de conveniencia u oportunidad política, sino en la exclusividad de las normas.
Para ello hay que garantizar juicios penales justos mediante el respeto irrestricto al derecho que tiene todo ciudadano a un debido proceso, para que no se permita que las personas sean apresadas por motivos políticos, atribuyéndoles delitos ordinarios, como puede ser la supuesta violación a un amparo.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas éste es un problema de fondo en nuestro sistema de justicia que se refleja en los informes de las comisiones estatales de derechos humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los cuales apuntan que las procuradurías generales de justicia son señaladas constantemente como responsables de violaciones, además de poner en duda las fases de investigación e instrucción de los delitos; con un Ministerio Público (MP) que es juez y parte, olvidando casi siempre que la labor de un juez no es condenar sino hacer justicia; la misma instancia que investiga e instruye origina resultados viciados y poco creíbles entre los ciudadanos.
Al derecho a un proceso debido habrá que sumar la adopción de un sistema penal acusatorio y no inquisitivo como el que prevalece, para permitir la equidad procesal, eliminando las excesivas facultades del MP para apreciar el valor de las pruebas recabadas, tomar las declaraciones del inculpado y crear limitantes para una adecuada defensa del indiciado, con lo cual los casos que tengan una fuerte carga procesal en contra del acusado, porque los expedientes que revisa un juez ya fueron integrados, casi siempre con deficiencias, puedan ser sometidos a un análisis justo.
Las tesis de Del Villar confirman la urgencia de reformar nuestro sistema procesal penal, pero también corroboran que el Estado democrático de derecho no es el Estado que posee leyes, como nos quieren decir, sino el que se somete al imperio de la ley, y que los gobiernos democráticos no se cimentan nada más en votos, como sostienen los hacedores del marketing político, sino que su legitimidad deriva de la observancia integral de los derechos humanos, cosa que no sucede en México.