Se trata de un proceso jurídico artificial, pues tiene raíces políticas, afirman

Una larga cadena de anomalías, detrás del acoso a López Obrador: juristas

Los numerosos errores son suficientes para desechar el caso: Arceo Corcuera

JUAN BALBOA

Calificado por constitucionalistas como un proceso jurídico "artificial" -pues se abusó de la ley para afectar a una persona, en este caso a un oponente político-, sin que hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) identifique topográficamente las fracciones expropiadas en el predio El Encino y sin evidencias sustanciales de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, haya estado personalmente involucrado en el delito de desacato, la sección instructora de la Cámara de Diputados determinó que sí hay elementos para retirar el fuero constitucional al hombre que encabeza la mayoría de las encuestas nacionales en la carrera por la Presidencia de la República.

La persecución legal contra Andrés Manuel López Obrado se inició en 2001. Fue sigilosamente preparada por la PGR durante tres años y finalmente solicitó, el 18 de mayo del 2004, a la Cámara de Diputados, por medio de la Comisión Permanente, el inicio de un juicio de desafuero en contra López Obrador, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad por no dar cumplimiento a una suspensión definitiva en la que se le ordenó detener los trabajos de apertura de las vialidades Carlos Graef Fernández y Vasco de Quiroga, en el predio El Encino, propiedad de Promotora Internacional Santa Fe.

Desde que inició el proceso de desafuero en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, la PGR no ha podido sustentar la legalidad de la acción penal, sólo ha mantenido la teoría de la negligencia penal que haría a López Obrador responsable del desacato que probablemente habrían cometido sus subordinados. Es más, a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó sin materia el juicio de inejecución de sentencia en contra del funcionario.

Un proceso amañado y lleno de irregularidades

Varios constitucionalistas han coincidido en que el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador no tiene sustento jurídico, sino político, y señalan que la PGR actuó para impedir el ascenso de la popularidad del político que continúa encabezando las listas para llegar a la Presidencia de la República, pero sobre todo confirma que el discurso tradicional del autoritarismo es en el gobierno del presidente Vicente Fox disfrazado con el de la legalidad.

Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Jaime Cárdenas, ex consejero del Instituto Federal Electoral, han coincidido en señalar que la solicitud de la PGR para actuar penalmente en contra de López Obrador "no tiene explicación jurídica, sino política". Cárdenas asegura que en todos los asuntos legales en que están involucrados funcionarios del GDF se actúa de una forma; en tanto que cuando se investigó el caso de Amigos de Fox, hubo trato de privilegio para los involucrados.

El abogado del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alvaro Arceo Corcuera, es aún más preciso en la motivación política que tiene el gobierno federal para perseguir a López Obrador, y asegura que existen varios elementos jurídicos erróneos en la acusación, los cuales son suficientes para que el procedimiento sea desechado.

Hay un error en especial que el abogado Arceo Corcuera ha venido difundiendo desde hace más de seis meses en los medios de comunicación. El jurista destaca que cuando el séptimo tribunal colegiado confirmó la acusación contra López Obrador, el juez Alvaro Tovilla ordenó pasar el asunto al Ministerio Público (MP) Federal.

El juez giró la orden el 31 de enero de 2002, pero el MP ya tenía abierta una averiguación previa contra López Obrador como supuesto responsable del mismo delito desde el 14 de noviembre de 2001 (1339/fesple/2001), o sea, dos meses y medio antes de que el jefe de Gobierno fuera acusado por el juez.

"Esto demuestra el tendencioso manejo de los tiempos: el MP abre una averiguación previa en noviembre de 2001, pero no recibe la denuncia sino hasta enero de 2002, normalmente el procedimiento es al revés. A pesar de todas estas irregularidades, la PGR activó el caso el 22 de septiembre de 2003.

Una historia anunciada

La historia de este caso se inició el 10 de noviembre de 2000, cuando Rosario Robles Berlanga fungía como jefa de Gobierno. Ella emitió el decreto de expropiación mediante el cual se afectó al predio El Encino, ya que esos terrenos servirían para construir las avenidas que hoy se conocen como Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

El 14 de diciembre de ese año la empresa propietaria del predio interpuso un amparo contra el decreto y obtuvo, en marzo de 2001, una suspensión provisional que ordenaba a López Obrador el cese de las obras y declaraba nulo el decreto expropiatorio.

Las autoridades capitalinas, según el expediente que integra la subprocuraduría encargada de investigar delitos federales, a cargo de Carlos Vega Memije, hicieron caso omiso tanto de la suspensión provisional como de la definitiva, y entonces intervino el séptimo tribunal unitario. La decisión del órgano jurisdiccional fue que López Obrador incurrió en desacato.

En 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó un precedente jurídico que señala que cuando un afectado por una expropiación haya optado por el cumplimiento sustituto de la sentencia, el juez de la causa deberá tramitar y resolver el asunto conforme a derecho.

Eso habría ocurrido si el dueño del predio El Encino, Federico Escobedo Garduño, habría llegado a un arreglo o acuerdo sustituto con las autoridades del Distrito Federal. Esto fue imposible porque el propietario de El Encino intentaba negociar el desistimiento del juicio de amparo a cambio de que se le cediera la propiedad de otro terreno que se denomina La Mexicana, ubicado en el corazón de Santa Fe, cuyo valor era superior al del litigio.

Las acciones de la PGR han intentado siempre bloquear la defensa de López Obrador y favorecer a la parte acusadora. Cuando Promotora Internacional ha solicitado copia del expediente, la PGR se lo entrega; en cambio le han negado los mismos derechos a la defensa del jefe de Gobierno del Distrito Federal. En la sección instructora de la Cámara de Diputados la historia se repite. La defensa envía pruebas de lo dicho por el presidente de la República, Vicente Fox, de que "la decisión más difícil del año pasado fue la del desafuero", y, al igual que la PGR, los legisladores lo rechazan de inmediato.

El predio El Encino, que abarca alrededor de 15 mil metros cuadrados, y que generó el presunto desacato, se sabe que se encuentra dentro de un terreno más grande llamado La Ponderosa, pero nadie sabe a ciencia cierta en dónde está. Es más, el juez Alvaro Tovilla nunca ha pisado El Encino, pues simplemente dio como un hecho su existencia a partir de los datos del actuario. Lo cierto es que nadie sabe con certeza en dónde se ubica geográficamente.

El abogado Alvaro Arceo Corcuera confirmó que la autoridad no precisó topográficamente cuál era la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso a El Encino ni se puntualizó cuántos accesos había ni dónde estaban. Asegura que en las dos inspecciones oculares realizadas por los peritos de la PGR no supieron decir dónde está El Encino.

La acusación en contra de Andrés Manuel López Obrador se basa principalmente en que el jefe de Gobierno ignoró la orden del juez de no continuar con la construcción del camino a un hospital privado, alegando desacato a la SCJN. Sin embargo, los terrenos no han podido ser ubicados con certeza.

Lo mismo ha pasado con la participación directa del jefe de Gobierno del Distrito Federal. La PGR, a cargo de Rafael Macedo de la Concha, no ha proporcionado evidencias claras de que López Obrador haya estado personalmente involucrado en el presunto desacato.

El jefe de Gobierno nunca firmó documento alguno en el que ordenara continuar con la obra en El Encino. Para involucrarlo, el juez Tovilla tomó 12 renglones de un informe de 10 páginas que envió el entonces secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, y que firmó en ausencia de López Obrador. Con ese documento exoneró a Ortiz Pinchetti y acusó al mandatario capitalino.

Llama la atención que la PGR se ha rehusado a proceder penalmente contra funcionarios del gobierno capitalino que habrían tenido alguna relación más directa con el caso. Toda su investigación se centró en Andrés Manuel López Obrador, el único de todos ellos con grandes posibilidades de ganar la Presidencia de la República en julio del 2006.