Madrazo salvó el trámite por el voto del Niño Verde
En 23 años, sólo perdieron inmunidad dos legisladores
Los diputados mantienen otros casos en la congeladora
Casi cuatro meses después de que el pleno de la Cámara de Diputados, instalado en jurado de procedencia, votó por mayoría el desafuero del coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René Bejarano Martínez, la sección instructora tiene en sus manos la decisión sobre el futuro político de otro perredista, el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
Este episodio de la historia reciente del Poder Legislativo ocurre a 22 años y cuatro meses de aquel 31 de julio de 1983, cuando la Cámara de Diputados se erigió en jurado de procedencia para desaforar al senador Jorge Díaz Serrano. Eran los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid, y en ese momento todo el peso del sistema se abatió sobre quien fue considerado el segundo hombre más poderoso en el gobierno de José López Portillo.
Bastaron 32 días para que en el recinto de San Lázaro, con mayoría priísta, se votara el desafuero de uno de sus compañeros de partido, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con la historia que recogió la prensa escrita, la agilidad con que se procedió contra Díaz Serrano obedeció a una orden presidencial y al acatamiento de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), a los que se sumaron los de los partidos Socialista Unificado de México (PSUM) y Acción Nacional (PAN).
Se trata de los dos únicos juicios de desafuero que procedieron en este periodo, pero una larga lista de políticos enfrentaron la posibilidad de ser despojados de su inmunidad, incluido el actual presidente del PRI, Roberto Madrazo Pintado, contra quien se interpuso un recurso por incurrir en gastos excesivos durante su campaña electoral.
Casos sin procedencia
De acuerdo con los documentos analizados entonces por la subcomisión de Examen Previo, instancia que antecede a la sección instructora, Madrazo Pintado gastó más dinero para ganar la gubernatura de Tabasco que William Clinton para convertirse en presidente de Estados Unidos.
En ese proceso se enfrentaron el entonces diputado e integrante de dicha subcomisión Santiago Creel Miranda con el mandatario tabasqueño, quien salvó el trámite del desafuero gracias al voto en contra que emitió el coordinador del Partido Verde y actual aliado electoral del tricolor, Jorge Emilio González Martínez.
A esta lista se suma el también perredista y en su momento senador Auldárico Hernández Gerónimo, quien fue acusado de provocar la ocupación de las instalaciones de Pemex en Tabasco, para quien tampoco procedió el juicio de desafuero.
Desde el propio Congreso, las distintas fuerzas políticas han cuestionado la pertinencia de los ordenamientos que rigen a los cuerpos colegiados que tienen a su cargo el análisis de las demandas de juicio de desafuero, porque dejan ver lagunas en el procedimiento que son solventadas con una interpretación de la ley que responde, más que al espíritu de la propia normatividad, al interés político de la bancada mayoritaria en el Congreso.
Los ejemplos más recientes se integran por procesos similares al seguido contra Bejarano -acusado de incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos electorales y promoción de conductas ilícitas-, como los que involucran a los senadores priístas y líderes del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto -quienes desviaron al menos mil millones de pesos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa-, así como al dirigente sindical de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Fernando Espino Arévalo.
A pesar de que inclusive el PRI fue multado por el Instituto Federal Electoral por el gasto excesivo en la campaña presidencial de 2000, debido a la aportación irregular a cargo de Romero y Aldana, los diputados no consideraron procedente su desafuero, como tampoco lo aprobaron en el caso del gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, a quien se acusó de posibles vínculos con el narcotráfico y participación en un homicidio.